La gestión y el pago de las bajas médicas se ha convertido en el nuevo gran frente de batalla entre los sindicatos y la patronal. Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han mostrado un rechazo frontal a la propuesta de otorgar mayores competencias a las mutuas en las bajas por contingencias comunes y han advertido a las empresas de las consecuencias económicas de intentar eludir su pago.
Sordo ha sido contundente respecto al papel de las mutuas, denunciando que, aunque se financian con recursos públicos y cotizaciones sociales, "todos sus órganos directivos son nombrados por las empresas asociadas". Ante el debate de otorgarles la capacidad de dar altas y bajas, ha exigido un cambio en su naturaleza jurídica: "Exigimos la publificación de las mismas y que sus órganos de dirección respondan a un interés general y no solo al interés patronal". Por su parte, Pepe Álvarez (UGT) ha secundado esta postura cuestionando abiertamente "por qué hay que habilitar a las mutuas para que den bajas".
La factura de los primeros 15 días de baja
Según el líder de CCOO, la ofensiva patronal para "demonizar" las bajas persigue dos grandes objetivos ante un posible cambio de ciclo político: que las mutuas controlen las bajas por contingencias comunes y eximir a las empresas de pagar las prestaciones de incapacidad temporal (IT) hasta el día 15.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha argumentado recientemente que la lentitud del sistema público de salud alarga innecesariamente las bajas médicas, sugiriendo que sea el Estado quien asuma este coste. Aunque Sordo ha admitido que el retraso en la atención sanitaria pública es "en parte" cierto y alarga los procesos, ha dejado claro que la solución no pasa por liberar a las empresas de sus obligaciones, sino por "reforzar los sistemas de la sanidad pública".
Ante la pretensión empresarial de dejar de pagar los primeros 15 días de IT, CCOO ha lanzado una seria advertencia económica. Sordo ha recordado que cuando las empresas asumieron históricamente este pago, lo hicieron a cambio de una fuerte reducción de sus cotizaciones sociales (más de cinco puntos entre el inicio de la democracia y 1992).
"Si la CEOE pone eso encima de la mesa, tendremos que decir que hay que recuperar cotizaciones sociales para hacer frente al pago", ha sentenciado. Las cifras expuestas por el sindicato son claras: actualmente las empresas pagan unos 4.200 millones de euros anuales por las IT de contingencia común. Sin embargo, cada punto de cotización social equivale a 4.000 millones de euros que el Estado deja de ingresar. Si se revirtiera la situación y se incrementaran las cotizaciones patronales en cuatro puntos, las arcas de la Seguridad Social sumarían "16.000 millones de euros", una cifra que cuadruplica el gasto actual de las empresas por estas bajas.
Puntos clave de la huelga del 11 de noviembre
Ambos líderes han defendido la próxima jornada de movilización, prevista para el 11 de noviembre, y paro general de 24 horas, que también pondrá el foco en la crisis de vivienda y en la pérdida de poder adquisitivo. En este sentido, tanto UGT como CCOO exigen de manera conjunta una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 7 por ciento, para compensar el desfase del IPC y elevar el suelo salarial por encima de los 1.300 euros mensuales en 14 pagas (más de 1.500 euros en 12 pagas).
Álvarez ha denunciado la imposibilidad de que los trabajadores con sueldos medios puedan acceder a un hogar sin verse obligados a compartir gastos, lo que exige una intervención estructural del mercado. Para solucionarlo, UGT y CCOO demandan políticas públicas "valientes" a los partidos políticos, exigiendo la creación de un gran parque público de vivienda permanente, la dotación de un fondo estatal para construir 100.000 viviendas asequibles y medidas drásticas para "cortar de raíz" la proliferación de los pisos de uso turístico.
En paralelo, esta movilización -concebida desde antes de la disolución de las Cortes para "aglutinar el descontento" social- servirá como advertencia en la defensa del sistema de protección pública y la negociación colectiva. Los líderes sindicales exigen frenar cualquier intento de privatización de la Seguridad Social, recordando que los modelos mixtos "quiebran", y avisan de que no permitirán que se "sepulten" los avances logrados en los coeficientes reductores para anticipar la jubilación. Asimismo, reclaman un impulso real a los convenios colectivos para revertir una anomalía del mercado laboral español: conseguir que la riqueza generada por el actual aumento de la productividad se traslade, de una vez por todas, a las nóminas de los trabajadores.