La crisis de la vivienda ha estallado y la sociedad ha hablado: habrá una huelga general el próximo 11 de noviembre. Dos de los principales sindicatos del ámbito sanitario, CCOO y UGT, que son también dos de las principales entidades convocantes, han hecho un llamamiento a los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS). "Seguimos teniendo profesionales que cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Haciendo contratos cortos, están viviendo en un parking, en el coche. Es imposible que con el dinero que estamos cobrando se pueda acceder a una vivienda", asegura a Redacción Médica Lucía García, responsable del Área de Acción Sindical Pública y Desarrollo Profesional de FSS-CCOO.
Ni siquiera los profesionales que cobran sueldos más altos pueden permitirse vivir solos en determinadas ciudades. Sin embargo, la peor cara de la crisis es para las categorías más bajas, como los pinches o los celadores. “Se están detectando casos en los que trabajadores y trabajadoras renuncian a sus plazas en las zonas más tensionadas porque el acceso a una vivienda resulta inviable”, insiste a este medio Begoña Ballell, secretaria de Salud de UGT Servicios Públicos.
La crisis de la vivienda también es una emergencia sanitaria
En el comunicado de la convocatoria del paro, ambas organizaciones advirtieron que iban a seguir “en la movilización y en la negociación colectiva hasta que la vivienda deje de ser un privilegio, y los salarios permitan vivir con dignidad”. En esta misma línea, Begoña Ballell subraya que la falta de acceso a una vivienda digna, sumada a los altos precios provocados por una inflación que no deja huella en los salarios, hace evidente la pérdida del poder adquisitivo para el sector de la salud. “Con esta huelga se defiende a las empleadas y los empleados del Sistema Nacional de Salud, pero también a los servicios públicos”, advierte.
Lucía García asegura que el problema de la vivienda es la gota que ha colmado el vaso. Denuncia que a la crisis habitacional se suma la paralización institucional del nuevo Estatuto Marco, el déficit crónico de plantillas y el "alarmante" deterioro de la salud mental de unos profesionales sometidos a altos niveles de estrés. Las centrales advierten que estos factores están amenazando la viabilidad y la calidad de la sanidad pública. “En nuestra sanidad necesitamos personal; cada vez vamos a menos. Necesitamos cambios si queremos que sea una sanidad pública de calidad”, sentencia.
Ambas portavoces señalan a las administraciones públicas. Insisten en que estas son las que deben tomar cartas en el asunto. “De una vez por todas debemos decir basta, es el momento en el que lo digamos”, resume García. “Emplazamos a todas las administraciones públicas a impulsar políticas que acaben con la especulación en torno a la vivienda”, concluye Ballell.
CSIF y CESM, en contra de la huelga
Sin embargo, hay dos sindicatos que han indicado que no secundarán la huelga general. Este es el caso de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) que, a través de un comunicado, aseguró que respetan todas las reivindicaciones en la materia de vivienda, pero que su ámbito es estrictamente laboral y, por tanto, que "seguirían su propia agenda". Aun así, reconocieron que hay empleados públicos que renuncian a sus plazas en Madrid, Barcelona o Islas Baleares por el coste de la vida. Por su parte, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), en palabras de su secretario general Víctor Pedrera a Redacción Médica, es "un sindicato médico" y, consecuentemente, se mueve "solo por asuntos que tienen que ver con la profesión".