La convocatoria anticipada de las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre ha provocado cierta preocupación e indignación en el mapa sindical sanitario. La disolución de las Cortes Generales invalida de forma automática la tramitación de leyes estratégicas para la sanidad de nuestro país, abocando al limbo a proyectos clave como la reforma del Estatuto Marco, la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, la Ley del Medicamento, la Ley de ratios enfermeras y normativas de salud pública como la prevención del tabaquismo y el consumo de alcohol en menores.
En este sentido, las organizaciones sindicales advierten a Redacción Médica de que, aunque el trabajo acumulado en las mesas de negociación servirá de base, el SNS pierde tiempo. Aun así, a ninguna le ha cogido por sorpresa esta acción del actual Gobierno, por lo que ya estaban preparados para tal noticia.
De hecho, Satse, Comisiones Obreras (CCOO), la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) han hecho público un comunicado conjunto en el que exigen que el texto del proyecto de ley del Estatuto Marco, pactado el pasado mes de enero con el Ministerio de Sanidad, constituya el punto de partida ineludible para el Ejecutivo que resulte de las urnas.
Las centrales recuerdan que este acuerdo alcanzado tras más de tres años de labor técnica no puede "caer en saco roto", ya que incluye avances decisivos en materia de jornada, descansos, conciliación, estabilidad, movilidad, salud laboral, desarrollo profesional y acceso a la jubilación anticipada y parcial para casi un millón de empleados públicos. Asimismo, lamentan que el "ruido generado por informaciones equivocadas" y las presiones de determinados colectivos hayan servido para retrasar la norma en las Cortes, llevando a la sanidad a mantener en vigor el texto del año 2003.
Desde Satse critican con dureza que "los conflictos políticos y partidistas" hayan impedido agilizar proyectos de máxima relevancia social, como la Ley de ratios enfermeras, que acumula más de seis años de parálisis parlamentaria. La organización explica a Redacción Médica que el adelanto electoral supone un cierre abrupto de la legislatura como un "claro fracaso de administraciones y partidos", subrayando que las enfermeras y fisioterapeutas continúan soportando una sobrecarga laboral insostenible y plantillas insuficientes que ponen en riesgo su salud física y emocional marcados por la falta de inversión pública y la ausencia de planificación.
"En los tres últimos años, desde el sindicato hemos trabajado, desde la lealtad y la colaboración, para legislar en favor de las personas y los profesionales y existía una clara oportunidad para cambiar la situación de nuestra sanidad. Lamentablemente, se ha vuelto a desaprovechar", explican.
Hacia la reforma definitiva del Estatuto Marco
En una línea similar, fuentes de Comisiones Obreras aseguran a este medio que el parón parlamentario atenta contra la capacidad asistencial de la red pública e insisten en que el modelo de gestión debe ser uno de los ejes centrales de la campaña electoral. Respecto al Estatuto Marco, apuntan que "el trabajo realizado durante estos años no desaparece y sienta una base sólida, pero sí habrá que recuperar una tramitación que estaba muy avanzada".
"Desde CCOO vamos a seguir defendiendo que se apruebe porque contiene avances importantes para el conjunto de profesionales, aunque sabemos que después habrá que seguir mejorándolo en las mesas sectoriales de las comunidades autónomas", anotan.
Por otro lado, la organización destaca la importancia de "no aceptar que cuando la sanidad pública tiene problemas, la respuesta sea derivar más actividad y más recursos al sector privado". "Lo que necesitamos es recuperar capacidad propia del sistema público. La privatización no puede convertirse en la respuesta permanente a las carencias de la sanidad pública y hay que acabar con esta lacra que está provocando el deterioro del sistema sanitario público", señalan.
Por su parte, CSIF insta al todavía presidente del Gobierno a cumplir "los acuerdos en materia de retribuciones y condiciones laborales alcanzado en noviembre de 2025". Para ello, reclaman "cumplir el calendario retributivo, con un incremento salarial para 2027 del 4,5 por ciento", garantizar "el incremento adicional del 0,5 por ciento correspondiente a 2026 asociado a si el IPC es igual o superior al 1,5 por ciento" y recuperar las cuantías de las pagas extraordinarias que fueron recortadas antes de la crisis económica de la década pasada.
Además, fuentes de CIG-Saúde reitera a este periódico que la convocatoria de comicios no resulta una sorpresa ante el "bloqueo permanente" del Congreso, pero expresan su inquietud por el retroceso que supone tener que reiniciar conversaciones con una nueva Administración.
El futuro de la sanidad, a ojos de los sindicatos
Para el próximo curso político, la organización fija como innegociables la reclasificación profesional con subida retributiva, la jubilación anticipada y parcial sin pérdida económica, la eliminación total de la tasa de reposición para convocar en la Oferta de Empleo Público la totalidad de las plazas vacantes, el abono completo de las pagas extraordinarias recortadas desde 2010 y una subida salarial que compense la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante la última década.
Para CCOO, el próximo Gobierno "debería afrontar desde el principio el refuerzo del SNS, empezando por la Atención Primaria y por recuperar capacidad asistencial en la red pública, "y eso pasa necesariamente por abordar el problema de las plantillas y las condiciones de trabajo". "No podemos seguir hablando de dificultades en la contratación de profesionales sin hacer nada para que sea atractivo trabajar y permanecer en el sistema público", alertan.
También habrá que "retomar cuestiones que llevan demasiado tiempo pendientes, como la jubilación parcial y los coeficientes reductores para determinadas profesiones, además de seguir avanzando en jornada, conciliación y salud laboral": "Son cuestiones que afectan directamente a la capacidad del sistema para mantener a sus profesionales".
El mapa sindical coincide en que el inminente debate electoral no puede obviar la reconstrucción urgente de la sanidad pública ni usarse como pretexto para perpetuar el modelo de 2003. Las centrales hacen un llamamiento unánime tanto a los profesionales como a la ciudadanía para mantener la movilización y exigir a las futuras fuerzas parlamentarias que blinden el estado del bienestar, evitando que esta parálisis legislativa sirva como excusa para deteriorar aún más las condiciones laborales o justificar la privatización de la red asistencial.
Por su parte, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el resto de organizaciones sindicales autonómicas de facultativos que forman parte del Comité de Huelga, por lo pronto, mantienen la huelga indefinida prevista para el 28 de diciembre. Aun así, decidirán esta semana cómo se desarrollarán las movilizaciones.