El Tribunal de Cuentas ha cerrado definitivamente la inspección sobre la gestión farmacéutica del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) en el Área de Salud de Ceuta referida a los ejercicios 2022 y 2023. Según ha informado la entidad sanitaria en un comunicado, la resolución descarta cualquier irregularidad administrativa tras confirmar "la ausencia de responsabilidad contable" en la adquisición de medicamentos para los hospitales de la ciudad autónoma.
El órgano fiscalizador pone fin así a un proceso de revisión originado en el informe publicado en noviembre de 2025. Tras evaluar toda la documentación aportada durante meses por la gerencia hospitalaria y mantener múltiples reuniones, la fiscalía del Tribunal decreta el archivo al constatar "de modo manifiesto e inequívoco la inexistencia de caso alguno de responsabilidad contable". Ante esta decisión firme, la institución sanitaria aclara que los precios abonados por los tratamientos financiados siempre se ajustaron a las tarifas de mercado, dependiendo de las existencias o de los descuentos aplicables. De este modo, el organismo responde a las críticas vertidas durante el periodo de inspección, que tilda directamente de bulos malintencionados con tintes difamatorios.
Trabas burocráticas
La controversia partía de la propia complejidad mecánica que afecta a la farmacia hospitalaria en todo el país. Ingesa argumenta que "los centros públicos se enfrentan a diario a una severa dificultad para lograr encajar la necesidad urgente de aprovisionamiento de fármacos con los dilatados plazos legales que imponen los procedimientos de contratación pública". Pese a estos desajustes puramente formales, la dirección detalla que "el Hospital Universitario de Ceuta avanzará en la extensión y mejora de los cauces reglados de compra para asegurar que la población cuente siempre con los tratamientos más modernos".
Doble escrutinio
La gestión económica de este área cuenta con un marco de vigilancia particular dentro del engranaje institucional español. Los centros dependientes de Ingesa, subraya la entidad, son los únicos de todo el Sistema Nacional de Salud sometidos a una doble lupa financiera: la revisión externa del propio Tribunal de Cuentas y la supervisión cotidiana llevada a cabo por la Intervención General de la Seguridad Social. Con el sobreseimiento decretado, el caso queda archivado sin consecuencias patrimoniales para la administración pública.