La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha solicitado a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que inicie una investigación sobre la legalidad de los protocolos y actuaciones de la administración en la crisis que se vive en Ceuta. Concretamente, la organización entiende que se podrían haber vulnerado varios preceptos jurídicos como la Directiva Marco sobre Seguridad y Salud, sobre Riesgos Biológicos y sobre Ordenación del tiempo de trabajo, entre otros.
La petición presentada al Parlamento analiza los hechos ocurridos en la ciudad autónoma durante los últimos meses. En el ámbito sanitario, CSIF denuncia en su informe una sobrecarga extrema en la red hospitalaria y servicios forenses, así como la carencia de protocolos de seguridad biológica ante el volumen de fallecidos y personas sin triaje médico inicial. Asimismo, apuntan que la Relación de Puestos de Trabajo y los catálogos de personal vigentes en Ceuta, tanto en la Administración General del Estado como en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) se encuentran "desactualizados y deliberadamente infradimensionados".
"Éstas ignoran la realidad geoestratégica y de frontera de la plaza, manteniendo decenas de plazas dotadas presupuestariamente pero sistemáticamente vacantes sin convocar mediante procesos selectivos ordinarios. Recurriendo a una utilización abusiva de la temporalidad para cubrir déficits estructurales", señalan en el escrito.
Por otro lado, señalan la existencia de "agotamiento psíquico" entre el personal de Salvamento Marítimo y Bomberos tras rescates masivos en el Tarajal y el hacinamiento "crítico" en centros de menores que "compromete la integridad física de las plantillas".
Vulneración de fronteras y protección de servicios públicos
El texto también hace hincapié en una posible vulneración de los reglamentos sobre el Código de Fronteras Schengen. Entre las cuestiones que deben analizarse desde CSIF destacan si España dispuso de personal y medios suficientes para garantizar un control eficaz de la frontera, si se han aplicado correctamente las obligaciones europeas de identificación y los procedimientos europeos de frontera, asilo y retorno o si existe una insuficiencia estructural de recursos, así como los recursos destinados a Ceuta.
Sumado a ello, plantean estudiar la actuación previa y posterior del Ministerio del Interior, la protección de servicios públicos y de sus trabajadores, la coordinación entre administraciones y la utilización o no de mecanismos europeos.
En cuanto a la situación de los trabajadores públicos, subrayan un incremento inasumible de la carga de trabajo en el ámbito judicial. "Se denuncia la falta de seguridad en los actos de comunicación fuera de la sede judicial, dejando a los funcionarios en situación de indefensión física, tal como CSIF reclamó formalmente el 22 de agosto", añaden.
Asimismo, en Prisiones critican "el incremento progresivo de la población reclusa que amenaza con desbordar la capacidad operativa del Centro Penitenciario" y solicitan que se limite a un número de internos que garantiza la seguridad de trabajadores e internos, al tiempo que permita una correcta separación interior y el cumplimiento del mandato constitucional encomendado a la institución penitenciaria.