El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) descarta que exista "cualquier falta de personal" en el Área de Salud de Ceuta frente a la huelga convocada por el sindicato médico Cemsatse para el próximo jueves 24 de septiembre. La Administración estatal responde en un comunicado a la movilización con "cifras históricas de contratación" y acusa a los convocantes de "defender intereses privados por encima de la sanidad pública" mediante una huelga "infundada", todo ello en un contexto marcado por un notable descenso de la carga asistencial en la ciudad autónoma pese a la crisis migratoria que vive la ciudad desde finales del mes de julio.
El organismo público argumenta que Ceuta cuenta en la actualidad con la "mayor dotación de profesionales de la historia", sustentada en una plantilla orgánica de 1.051 plazas. Lejos de la escasez de recursos humanos que denuncia la organización sindical, Ingesa detalla que durante el pasado mes de agosto "se superó la cifra de 1.400 profesionales contratados". La institución contrapone este incremento sostenido de la fuerza laboral, que sitúa en un 11,85% más de médicos especialistas desde 2018, con una caída global de la actividad del 34% motivada por el cierre fronterizo de 2020.
Más médicos, menos pacientes
Los responsables sanitarios evidencian esta brecha entre los recursos disponibles y la demanda real mediante el análisis de los servicios más sensibles. La dotación de facultativos en las urgencias del Hospital Universitario creció un 22% en los últimos seis años, un periodo en el que el volumen de trabajo "se ha reducido en un -17,33%, 12.256 urgencias menos al año". El área de Ginecología y Obstetricia dibuja un escenario idéntico, ya que la gerencia recuerda que ha mantenido intacto su número de especialistas a pesar de que los partos cayeron un 55,98% en el mismo ciclo temporal. Ante estas estadísticas, la Administración sentencia que "no cabe reconocer como verdad lo que, sencillamente, no lo es".
Intereses bajo sospecha
La convocatoria liderada por Cemsatse, sindicato que agrupa al 30% de la representación en la Junta de Personal y que no cuenta con el respaldo de CSIF, CCOO ni USAE, exige garantizar contratos mínimos de seis meses y un día para evitar la fuga de profesionales. INGESA tacha esta demanda de "exótica pretensión" y aclara que la contratación temporal obedece estrictamente a las necesidades del servicio marcadas por la ley. La dirección va un paso más allá al vincular el paro con motivos económicos particulares, pues advierte que bajo ninguna circunstancia modificará el régimen de incompatibilidades para permitir que ciertos profesionales "puedan atender sus consultas privadas mientras, simultáneamente, siguen percibiendo muy gruesas nóminas de la sanidad pública".
Defectos de forma
El ente dependiente del Ministerio de Sanidad lamenta las llamativas irregularidades en la tramitación del preaviso de huelga, un documento que no respetó los diez días de margen legal y que fue dirigido por error al "Servicio Aragonés de Salud". A pesar de estas deficiencias formales, el derecho a secundar el paro queda garantizado para la jornada del jueves, durante la cual los servicios mínimos se equipararán a los recursos propios de un día festivo. El instituto considera este dispositivo plenamente suficiente al tener "este servicio público esencial perfectamente asegurado con los efectivos habituales".
La Administración sanitaria cierra la puerta a cualquier acuerdo que implique saltarse la normativa laboral vigente o frene la inversión tecnológica en los hospitales públicos por proteger el negocio de las clínicas privadas. El conflicto queda ahora a expensas del seguimiento real que alcance la convocatoria entre los trabajadores durante la jornada de paro.