La legislatura llega a su fin. Tan solo queda un año para que los españoles decidan quién será el próximo presidente del Gobierno y, consigo, el siguiente ministro de Sanidad. No obstante, antes de que ese momento llegue, tal y como han anunciado los últimos meses desde el Ministerio de Hacienda, el Ejecutivo central presentará el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2027.
Una norma que, por lo pronto, parece que no contará con el respaldo de la Cámara Baja. Son muchas las exigencias que anteponen los partidos de la oposición e incluso los socios de gobierno a su voto a favor. Sin embargo, todavía nadie ha visto el documento que el departamento de Arcadi España pondrá encima de la mesa, ni las formaciones políticas ni los sindicatos, agentes clave en el diseño de las principales leyes. Entre ellas, las sanitarias, como el nuevo Estatuto Marco.
Las peticiones a los PGE de 2027 de la mayoría de organizaciones sindicales de la Mesa de Negociación de Sanidad son claras: es necesaria la recuperación íntegra de las pagas extraordinarias, mejorar la financiación autonómica y reforzar la Atención Primaria. Además, subrayan la importancia de respaldar presupuestariamente normas como el nuevo Estatuto Marco.
Reforma de la financiación autonómica para reforzar la sanidad
La realidad del sistema sanitario, para el sindicato Satse, es "clara, grave y preocupante". Desde su punto de vista, el SNS sufre desde hace años "una infrafinanciación pública que provoca un progresivo empeoramiento de la atención y de las condiciones de trabajo de todo el personal". Según explican a Redacción Médica, "resulta imprescindible, en primer lugar, que Gobierno y comunidades autónomas acuerden un nuevo sistema de financiación autonómica que garantice fondos finalistas destinados a mejorar el funcionamiento de los servicios de salud".
De esta forma, "se podrían asegurar recursos estables para la sanidad pública sin que otros intereses del Gobierno que haya en cada momento lleven a destinarlos a otras políticas, programas o áreas de actuación que no sean tan importantes y prioritarias como atender las necesidades de salud del conjunto de la población". Además, de manera paralela, entienden que "los recursos económicos incluidos todos los años en los Presupuestos Generales del Estado para destinarlos específicamente al Ministerio de Sanidad deben incrementarse de manera significativa". "Llevamos desde 2023 con las cuentas generales prorrogadas y la situación ya es insostenible. Si el último incremento fue de menos del 8 por ciento, desde Satse reclamamos, que se supere, al menos, el 10 por ciento el próximo año y que este porcentaje siga aumentando de manera progresiva en años posteriores", señalan.
Para Comisiones Obreras (CCOO), "lo que debe garantizarse, en última instancia, son los recursos necesarios para que el SNS pueda responder adecuadamente a las necesidades de la población". De hecho, también hacen hincapié en la financiación regional: "Más del 93 por ciento del gasto sanitario público es gestionado por las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias sanitarias y son, por tanto, las responsables de presupuestar y gestionar los servicios de salud de sus respectivos territorios. Eso no elimina la responsabilidad, evidentemente, del Estado a la hora de garantizar una financiación suficiente, la cohesión y la equidad del conjunto del sistema nacional de salud".
El sindicato asegura a este medio que "no tiene sentido prever una cifra concreta o aislada en el presupuesto del Ministerio de Sanidad". "Por ejemplo, el gasto sanitario público de 2024 fue de 101.000 millones, algo más de 101.000 millones de euros, es decir, unos 1.084 euros por habitante y el 6,4 por ciento del PIB. Aunque el gasto aumentó, esto es un dato importante, porque el gasto aumentó alrededor de un 4 por ciento, un 4,2 por ciento respecto al año anterior, su peso sobre el PIB realmente, sobre el Producto Interior Bruto, bajó del 6,5 al 6,4. Es decir, el gasto sanitario aumentó, pero lo hizo por debajo del crecimiento de la economía y, por tanto, se reduce el esfuerzo que dedicamos a la sanidad pública", han detallado desde la central.
Por ello, desde Comisiones Obreras defienden establecer "un suelo de financiación sanitaria pública del 7,5 por ciento del PIB y avanzar progresivamente al 8 por ciento". Pero eso "no es suficiente", porque las comunidades autónomas deben "garantizar un presupuesto sanitario mínimo de 2.600 euros por habitante al año, actualizado periódicamente y teniendo en cuenta las distintas necesidades demográficas y territoriales, porque, claro, no es lo mismo Castilla y León que la Comunidad de Madrid o que Asturias o Galicia, Andalucía, porque esas son las diferencias".
Para conseguir esto, han subrayado, "el Estado debe garantizar una financiación autonómica suficiente, reforzando esos mecanismos de cohesión y los fondos finalistas, porque esto es importantísimo". Aseguran que "los fondos finalistas deben ir destinados a las políticas prioritarias en el conjunto del sistema nacional de salud y, por supuesto, las comunidades autónomas tienen que asumir también su responsabilidad y destinar esos recursos a la sanidad pública, que eso es lo importante".
Coincide con ambos la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Begoña Ballell. "Desde UGT Servicios Públicos consideramos que los Presupuestos Generales del Estado deben hacer una apuesta clara por reforzar la sanidad pública y garantizar una financiación suficiente y estable. Es necesario recuperar la capacidad del sistema para dar una respuesta adecuada a las necesidades de la ciudadanía", ha afirmado a este medio.
En CIG Saúde también son críticos con el reparto de fondos establecido por Hacienda. El sindicato afirma que los PGE deben recoger un sistema de financiación de las comunidades que permita financiar el coste real de los servicios públicos, especialmente de la sanidad pública; el reconocimiento de las pagas extraordinarias completas, recortadas "con la disculpa de la crisis económica"; y el reconocimiento del nuevo sistema retributivo que reconozca las peculiaridades del personal estatutario y que corrija "la deuda histórica en las retribuciones en relación a los requisitos de formación".
La Atención Primaria, como eje de los PGE
Por otro lado, la mayoría de organizaciones sindicales consideran que se debe reforzar la Atención Primaria, así como la prevención y promoción de la salud, la mejora de la Formación Sanitaria Especializada (FSE), la formación continuada del personal y la capacitación en salud digital. "Es imprescindible invertir en recursos humanos, aumentar y estabilizar las plantillas y mejorar las condiciones laborales de los profesionales. También deben incorporarse nuevos perfiles que permitan una atención más integral. Los Presupuestos deben contribuir igualmente a reducir las listas de espera", explica Ballell.
Además, la líder sindical de UGT hace hincapié en que el sindicato considera necesario reforzar la atención a la salud mental y seguir avanzando en una atención sanitaria más cercana. "Asimismo, defendemos una mayor cohesión territorial, para que la calidad y el acceso a las prestaciones sanitarias no dependan del lugar de residencia. En definitiva, para UGT Servicios Públicos la inversión sanitaria de los Presupuestos Generales del Estado, debe servir para fortalecer la sanidad pública, evitando que las carencias del sistema sean una puerta de entrada a la privatización", concluye.
CCOO incluso destaca que invertir en Primaria "es imprescindible para avanzar hacia el objetivo de destinar al menos el 25 por ciento del gasto sanitario público a ese nivel asistencial". "Se necesita tener una planificación a medio y largo plazo que no se limite únicamente a decidir cuántos profesionales hay que formar, sino que tenga en cuenta qué profesionales necesitamos, en qué ámbitos, es decir, dónde nos necesitamos, y qué condiciones laborales ofrecemos para que quieran permanecer en el sistema público, es decir, para retener y atraer ese talento", detallan.
Para Satse, sumado a ello, los PGE deben recoger un incremento del Capítulo 1, referido a ‘Gastos de personal’, con el fin de que, una vez aprobada la reforma del Estatuto Marco, se pueda realizar la adecuación retributiva correspondiente a la nueva clasificación profesional del personal estatutario. Aunque no es lo único, ya que el sindicato reclama el cobro íntegro de las pagas extraordinarias de enfermeras, fisioterapeutas y el resto del personal de la sanidad pública.
Recuperación de las pagas extraordinarias a sanitarios
"Desde SATSE insistimos en la necesidad de que enfermeras y fisioterapeutas dejen de sufrir una pérdida adquisitiva de en torno a 700 euros al año al cobrar un 27 por ciento menos de lo que deberían en cada una de sus pagas extraordinarias. Con la de este último mes de junio, son ya 32 las pagas que no han podido cobrar en su totalidad", anotan.
En el mismo sentido que UGT, CCOO menciona como otras cuestiones importantes el refuerzo de la salud mental y la recuperación del peso de la salud pública. "Como aprendimos desde la pandemia, es importantísimo que los dispositivos de salud pública deberían tener suficientes profesionales, que estén plantillas dimensionadas, con recursos propios", añaden.
Concretamente, la central señala que en salud pública se debe avanzar progresivamente hacia el 5 por ciento del gasto sanitario público. "Aumentar la financiación debe servir para reforzar y blindar la sanidad pública, no para seguir trasladando actividad y recursos al sector privado, que este es uno de los grandes males de nuestro sistema a día de hoy", matizan.
"Los conciertos, las denominadas externalizaciones, el mismo abuso de las externalizaciones y otras formas de privatización no pueden convertirse en una solución habitual cuando nos faltan recursos o profesionales. Si tenemos un problema de capacidad asistencial en el sistema público, la respuesta debería ser recuperar esa capacidad, reforzando las plantillas, mejorar infraestructuras y servicios, en lugar de utilizar cada vez más, desgraciadamente, recursos públicos para financiar la actividad privada", subrayan.
Respaldar económicamente el nuevo Estatuto Marco
Por su parte, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) exige que los próximos PGE incluyan una inyección económica sustancial para revertir los recortes acumulados durante los últimos catorce años, priorizando la recuperación íntegra de la paga extra, igual que el resto de sindicatos. El colectivo, encuadrado en el grupo A1 de la función pública, denuncia ser el más agraviado por una reducción salarial que les penaliza un tercio de esta retribución dos veces al año, lo que ha supuesto una pérdida estimada de 22.000 euros por profesional. Según ha explicado a este medio el secretario general de CESM, Víctor Pedrera, "el Ministerio de Hacienda debe subsanar de inmediato esta merma injustificada, poniendo fin a tres ejercicios de cuentas prorrogadas que asfixian la economía de los trabajadores".
El sindicato de facultativos advierte de que los avances en conciliación, la exención progresiva de guardias por edad o la ansiada instauración de la jornada de 35 horas semanales en todo el Sistema Nacional de Salud serán "papel mojado" si no van acompañados de fondos para ampliar las plantillas. Sumado a ello, apunta que reducir el tiempo de trabajo presencial en centros de salud y hospitales ya saturados exige un volumen de contrataciones que compense esas horas, "una falta de previsión presupuestaria que también han criticado las comunidades autónomas frente al texto del ministerio".
Además, reclaman que los PGE financien la equiparación salarial de las horas de guardia con la hora ordinaria de trabajo y consoliden un modelo laboral más social y sostenible. Aunque el portavoz sindical no fija un porcentaje exacto de incremento presupuestario global, insiste en que cualquier medida orientada a proteger los derechos laborales y evitar que los profesionales superen su jornada estipulada requiere "una inversión estructural urgente".
Las pérdidas salariales de los médicos
Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) exigen al Gobierno que incluya en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2027 las partidas económicas necesarias para devolver íntegramente las pagas extraordinarias a los empleados públicos. El objetivo central de esta reivindicación es restablecer la estructura salarial previa a 2010 y poner fin a un recorte excepcional derivado de la crisis económica que, 16 años después, sigue mermando las nóminas de más de 3,1 millones de trabajadores de todas las administraciones.
El mantenimiento prolongado de esta medida supone una pérdida retributiva media anual de 1.600 euros para el grupo A1, 1.020 euros para el A2 y 500 euros para el C1. Aprovechando el inminente debate en el Congreso sobre la senda de estabilidad y el techo de gasto, CSIF considera que la elaboración de las nuevas cuentas públicas representa una oportunidad histórica para reparar esta "injusticia salarial", dado que las circunstancias de excepcionalidad económica que la motivaron ya han desaparecido.
Esta exigencia presupuestaria se suma a la estrategia de presión sostenida que el sindicato lidera en solitario desde hace más de una década mediante negociaciones, enmiendas y movilizaciones. En el plano jurídico y político, la organización impulsó en 2023 una Iniciativa Legislativa Popular y, tras su inadmisión en el Congreso, elevó un recurso de amparo al Tribunal Constitucional, el cual fue admitido a trámite a finales de 2024 y se encuentra a la espera de resolución en los próximos meses.