La inversión representa el 20 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) en España. Entre los principales financistas del país se encuentra el Gobierno, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Sin embargo, la distribución de los fondos públicos no es aleatoria y queda supeditada a una serie de criterios que deben cumplir los proyectos para ser elegidos. Uno de los principales es que el objeto de la aportación monetaria resulte transformador e inclusivo para el conjunto de la sociedad. En este sentido, el sector salud toma la delantera para convertirse en receptor de financiación.
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha publicado el Real Decreto 731/2026, por el que se regula el Comité de Inversiones Estratégicas y se desarrollan los criterios y el procedimiento de declaración de Proyectos Estratégicos de Inversión. Desde el principio, la normativa destaca la industria de la salud como una de las áreas predilectas para financiar. Puesto que comparte con la biotecnología, la industria espacial, la agroalimentación, la descarbonización o el desarrollo y producción de combustibles renovables.
Los requisitos necesarios para la declaración de un Proyecto Estratégico de Inversión vuelven a mencionar el ámbito sanitario. En este sentido, uno de los aspectos a valorar para la participación económica en un proyecto es su posibilidad de reforzar las capacidades estratégicas del sector salud. De esta forma, las iniciativas con efectos en el proceso asistencial se consideran prioritarias por el Gobierno, junto a aquellas que favorecen la construcción industrializada de vivienda, la producción de bienes críticos y estratégicos o el cumplimiento de la Estrategia Industrial de Defensa.
Criterios para la inversión
La valoración temática forma parte de los aspectos para la declaración previa de un Proyecto Estratégico de Inversión. En esta fase de análisis, se revisa el volumen de financiación destinada al territorio en el que se lleva a cabo la acción, la creación de empleo altamente cualificado a su alrededor, su contribución a los procesos de digitalización o su alineamiento con los objetivos industriales y de transición ecológica y energética de la Unión Europea.
Para su declaración definitiva, el proyecto debe contar con un plan de negocio sólido, además de generar un impacto socioeconómico en la zona en la que se realiza, fomentar la cohesión territorial, contribuir a la implantación tecnológica o favorecer el desarrollo de un ecosistema económico o científico-tecnológico a su alrededor. Una vez validados estos puntos, comenzará el apoyo institucional.
El encargado de definir las propuestas de financiación pública es el Comité de Inversiones Estratégicas. Asimismo, este organismo ejerce la vigilancia del cumplimiento de los mencionados criterios y contribuye al desarrollo de la Estrategia Nacional de Inversión. Su presidencia corresponde a los titulares de la Oficina de Asuntos Económicos y G-20 de la Presidencia del Gobierno y de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. A su vez, cuenta con miembros procedentes de los Ministerios de Industria y Turismo, Hacienda, para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y para la Transformación Digital y de la Función Pública.