El Comité de Huelga ha fijado el próximo 28 de octubre el día para iniciar la huelga médica indefinida que amenaza con paralizar los hospitales de todo el país. La drástica medida de presión se consuma a pesar de las profundas divisiones internas entre las organizaciones sindicales y del firme ofrecimiento del Ministerio de Sanidad para negociar una normativa médica propia una vez se apruebe el nuevo Estatuto Marco, abocando así al mermado sistema asistencial a un escenario de máxima tensión.
Según ha podido saber Redacción Médica, la convocatoria no nace del consenso. Fuentes conocedoras de la negociación detallan a este diario que durante las últimas jornadas han aflorado importantes fracturas en el seno del comité sobre la conveniencia real de ir a la huelga. Un sector de los representantes sindicales argumenta que "la tensión actual en los centros no soporta un pulso de esta magnitud" y alertaban del enorme impacto que esta paralización provocará sobre unos profesionales exhaustos. Sin embargo, la presión ejercida por hasta siete sindicatos autonómicos que ya habían adelantado su intención de ir a la huelga ha terminado sepultando las posturas prudentes y decantando la balanza hacia el conflicto abierto.
Puentes rotos
Esta ofensiva laboral golpea de lleno a un departamento ministerial que había puesto propuestas concretas sobre la mesa. La titular de Sanidad se había abierto a negociar la redacción de un estatuto médico específico y adaptado a las realidades de la profesión, pidiendo únicamente como requisito temporal que el Congreso de los Diputados aprobara primero el proyecto del marco general de la sanidad pública. Las organizaciones médicas han optado por obviar esa vía de diálogo escalonado y exigen resultados inmediatos mediante el bloqueo de la actividad asistencial que empezará el 28 de octubre.
Impacto en quirófanos
Los precedentes dibujan un horizonte sombrío para las ya abultadas listas de espera del Sistema Nacional de Salud porque una huelga prolongada implica cancelar intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas con un efecto multiplicador pernicioso. La estadística reciente recuerda el daño colateral de estas medidas: a comienzos de este mismo año, Andalucía tuvo que suspender cerca de 300.000 actos asistenciales en apenas siete días de paros médicos. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid lamenta también la pérdida de 205.578 consultas y más de 10.000 cirugías en el primer semestre por causas similares, mientras que Aragón se vio obligada a reprogramar 2.600 operaciones durante los primeros meses del ejercicio.