El Comité de Huelga de los sindicatos médicos ha convocado un nuevo paro indefinido a partir del próximo 28 de octubre en el Sistema Nacional de Salud, una medida de presión que mantiene su pulso pese a que el Ministerio de Sanidad ha abierto la puerta a negociar un estatuto específico para el colectivo facultativo, una vez se apruebe el Estatuto Marco en el Congreso de los Diputados. Esta nueva convocatoria ahonda en un conflicto laboral que cumple un año y que acumula ya más de tres millones de consultas e intervenciones suspendidas en toda España, dejando a los usuarios como principales perjudicados por la constante parálisis de las agendas públicas.
Bloqueo sindical
La decisión de los sindicatos médicos de enrocarse en la huelga se produce en un momento en que el Gobierno ha comenzado la tramitación del Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco en el Congreso de los Diputados. La propia ministra de Sanidad, Mónica García, ofreció formalmente abrir una mesa de negociación para un marco normativo propio una vez superado el trámite parlamentario, una propuesta que las centrales sindicales han rechazado por considerar insuficiente en los plazos. El comité mantendrá las movilizaciones para exigir de forma inmediata la implantación de la jornada de 35 horas, un ámbito de negociación exclusivo, la reclasificación profesional y la jubilación flexible sin penalización económica, obviando los cauces legislativos propuestos por el Ejecutivo.
Castigo al paciente
Esta falta de entendimiento prolonga una sangría asistencial que arrancó el 13 de junio de 2025 con la primera jornada de paro. Desde entonces, las consecuencias las asume directamente la ciudadanía a través de la cancelación masiva de pruebas diagnósticas, citas con especialistas y operaciones programadas. Los datos recabados por las comunidades autónomas, a los que ha tenido acceso Redacción Médica, revelan que el conflicto no solo ha distorsionado la atención diaria de miles de enfermos, sino que ha generado un menoscabo económico superior a los 200 millones de euros concentrado principalmente en cuatro autonomías, debido a los costes derivados de la reorganización de agendas y la paralización de la actividad ordinaria.
Fractura regional
El impacto de las movilizaciones resulta especialmente gravoso en los territorios con mayor densidad de población, donde la desprogramación de actos sanitarios alcanza volúmenes inéditos. Andalucía encabeza el registro de afecciones con más de 1,3 millones de actuaciones canceladas desde el inicio de las protestas, lo que supone una media de 60.000 citas o cirugías perdidas en cada jornada de paro y una factura financiera que escala hasta los 173 millones de euros. Por su parte, la Comunidad de Madrid contabiliza más de 254.000 procedimientos suspendidos y un impacto de 17 millones de euros.
La brecha asistencial se extiende con fuerza al resto de regiones: Extremadura y Galicia rozan los 300.000 y 270.000 actos médicos cancelados respectivamente, mientras Castilla y León alcanza las 184.882 suspensiones. En Murcia se han suspendido más de 141.000 atenciones.
La paralización se completa con 160.000 intervenciones aplazadas en Cantabria, 87.000 en Baleares —con un coste de 10 millones de euros—, 61.000 en Canarias, 45.000 pacientes afectados en La Rioja, 30.000 actos en Asturias y más de 5.000 cirugías suspendidas en Aragón con un perjuicio de cinco millones. La llegada de la huelga indefinida a finales de octubre amenaza otra vez con bloquear de forma definitiva unos servicios de salud ya tensionados tras meses de paros y una continuada negativa del colectivo médico a realizar actividad extraordinaria.