La Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) es clara. Su disposición adicional sexta señala que los servicios dependientes de Instituciones Penitenciarias serán transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud.
La norma lo dice claro: el traspaso se deberá efectuar "en el plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de esta ley". Han pasado 23 años y tal hecho no ha ocurrido, solo en Cataluña, Euskadi y Navarra. Aun así, este periódico ha podido conocer que el Gobierno central ya se ha puesto en contacto con los nuevos Ejecutivos autonómicos (Aragón, Extremadura y Castilla y León) para abordar esta problemática.
Hace un mes, diferentes autonomías consultadas por Redacción Médica aseguraban que la propuesta del Gobierno central no va acompañada de los suficientes recursos económicos, lo que hace que 14 de los 17 territorios no hayan llegado a un acuerdo en la transferencia competencial.
Por otro lado, desde el Ministerio de Hacienda apuntan que las comunidades han recibido "los mayores recursos de su historia con unas entregas a cuenta récord". Pero todo sigue igual y ninguna institución da un paso al frente en la negociación, aunque las próximas elecciones autonómicas pueden ser una oportunidad.
Nuevos contactos con las autonomías
Tal y como han confirmado a este medio desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, sí existe voluntad por parte del departamento de Fernando Grande-Marlaska. "Cada vez que hay un nuevo Gobierno autonómico mandamos una carta poniéndonos a su disposición para los ajustes necesarios", explican desde la Secretaría.
Por lo pronto, Interior se ha puesto en contacto con los Gobiernos liderados por María Guardiola, Alfonso Fernández Mañueco y Jorge Azcón, los tres gobernados por coaliciones del Partido Popular y Vox. "Les hemos recordado que tenemos transferencias pendientes y que hay que ajustar los convenios que hay en vigor entretanto se completan esas transferencias", han subrayado a Redacción Médica.
El 16 de julio fue el turno de Extremadura y Castilla y León. El 8 de agosto fue enviada la carta a Aragón, y la siguiente en recibirla será Andalucía. "Todavía estamos preparando esta última", han indicado.
Reajuste de temas sanitarios entre Interior y las comunidades
De esta forma, fuentes ministeriales han reiterado que la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias está a "disposición absoluta para ajustar todos los temas sanitarios". Solo se ha recibido respuesta, hasta el momento, de Extremadura, y solo para "notificar que les había llegado".
Solo queda un año para conocer quién será el presidente del Gobierno y el máximo dirigente de la mayoría de comunidades autónomas de nuestro país, ya que muchos ciclos electorales no van en consonancia con el resto. De tales elecciones, los ciudadanos decidirán qué Ejecutivos liderarán las políticas sanitarias regionales.
La reanudación de las negociaciones dependerá, sobre todo, de cuatro agentes: las autonomías, el Ministerio de Hacienda, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el Ministerio de Política Territorial, quien todavía no se ha pronunciado al respecto a pesar de ser el encargado de encabezar el diálogo con las autonomías en cuanto al intercambio de competencias.