El Consejo de Política Fiscal y Financiera ha dado luz verde al nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno estatal. No ha sido fácil. Todos los territorios liderados por el Partido Popular han votado en contra -la Comunidad de Madrid no se ha presentado-. Aun así, los votos a favor de la Administración General del Estado (AGE), Canarias y Cataluña han valido para que el texto dé el salto a las Cortes Generales, que serán quienes tengan que terminar de definir el proyecto de ley.
La sanidad será una de las grandes beneficiadas. Así lo ha confirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo el ministro de Hacienda, Arcadi España: "Hoy se ha dicho que sí a que las comunidades reciban casi 21.000 millones de euros adicionales para la sanidad, los servicios sociales, la vivienda, etc.". De hecho, ha destacado que el texto llega "en un momento de tensión para los servicios públicos de las autonomías", por lo que hará que muchas de ellas tengan "más recursos".
Una de las novedades que se añaden se ve reflejada en el artículo 10. "Se incluyen dos instrumentos que tiene el Gobierno para lograr convergencias entre las comunidades", ha matizado. Y es que el Ejecutivo ha acordado que quede reflejado en la ley que se empleará el fondo de compensación interterritorial y los incentivos regionales para garantizar la equidad de recursos entre territorios. Eso sí, todavía no se conocen los importes que se reservarán a cada uno, tal y como ha indicado el titular del departamento estatal.
"Se deja constancia de que vamos a crear un fondo que nos permitirá reconfigurar los recursos e incorporar a los instrumentos de solidaridad elementos como la población flotante que tienen algunos territorios o reforzar la lucha contra la despoblación", ha anotado. De esta forma, la sanidad autonómica será financiada desde el Estado de manera "justa".
Nuevo sistema de financiación autonómica
El modelo se basa en un nuevo cálculo de la población ajustada. Concretamente, se le aplican un nuevo fondo climático y la posibilidad de ingresar el 5 por ciento del IVA generado por las pymes en su territorio.
Otro de los puntos fuertes del nuevo modelo es relativo a la capacidad tributaria. Concretamente, se ha incrementado el porcentaje de cesión del IRPF e IVA, que pasaría del 50 por ciento al 55 por ciento y al 56,5 por ciento. Asimismo, se realiza una nivelación horizontal y una vertical.
"El Gobierno de España renuncia a una capacidad de gasto por el beneficio del estado del bienestar", ha matizado. Así, con la suma de estos elementos se contempla el 99 por ciento de los recursos que se distribuyen.
"Hacía 17 años que un Consejo de Política Fiscal y Financiera no debatía un sistema de financiación", ha señalado España al comienzo de su intervención. Según ha indicado, "el Ejecutivo central ha tenido voluntad de diálogo desde el primer momento".
Además, incorpora la voluntariedad. Es decir, las comunidades que quieran continuar con el sistema de financiación actual podrán hacerlo. "La transparencia del modelo es máxima", ha destacado el ministro.
Un trámite parlamentario complejo
Por lo pronto, queda que el texto pase al Consejo de Ministros y llegue en forma de proyecto de ley al Congreso de los Diputados, que tendrá la última palabra. Se avecina una negociación compleja en las Cortes Generales.
Tanto el Principado de Asturias como Castilla-La Mancha, comunidades de régimen común gobernadas por el PSOE, han votado en contra del modelo estatal. Solo Cataluña ha dicho 'sí'. Además, Canarias (Coalición Canaria y PP) ha respaldado el planteamiento de España.
Todas las autonomías que no han apoyado el texto han afeado las negociaciones "unilaterales" entre Cataluña y el Estado. Los populares incluso han definido como "traición" el nuevo modelo, aunque Andalucía (PP y Vox), por ejemplo, sería la comunidad "más beneficiada". El futuro, ahora, en manos de la sede de la palabra.