El acceso a los servicios sociales dejará de depender tanto de la comunidad autónoma de residencia. El Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, aprobado el pasado 15 de junio, fija por primera vez un mapa común de servicios y prestaciones y establece un mínimo que todas las comunidades autónomas deberán garantizar, con el objetivo de reducir las diferencias territoriales.
Ahora, más de dos meses después, el Boletín Oficial del Estado (BOE) da un nuevo paso en la aplicación de este acuerdo al publicar una resolución que corrige los errores previos. En ella se incorporan los anexos I y II, que habían sido omitidos y que contienen la parte esencial del acuerdo: el inventario de servicios y prestaciones y el listado de aquellos que deberán estar garantizados en todo el territorio nacional.
Qué cambios conlleva el nuevo mapa de servicios sociales
Con esta actualización se establece un conjunto mínimo común de servicios y prestaciones sociales. Se fijan también las condiciones básicas para su aplicación. Asimismo, el acuerdo contempla un mecanismo de seguimiento y revisión que permitirá actualizar progresivamente este catálogo.
La norma no establece cuantías económicas concretas ni nuevas tasas, sino que tiene un impacto principalmente estructural y operativo para las administraciones públicas. Las comunidades autónomas deberán revisar sus carteras de servicios para comprobar que cumplen los mínimos fijados y, en caso contrario, adaptar o ampliar su oferta. Las entidades locales que participen en la prestación de servicios sociales también tendrán que ajustarse a este nuevo marco. Del mismo modo, los proveedores privados que trabajan mediante conciertos con las administraciones deberán tener en cuenta estos estándares en los futuros contratos y pliegos.
¿Qué incluye este mínimo común garantizado?
El catálogo unificado contempla 41 servicios y prestaciones, divididos entre 35 servicios de atención profesional y seis prestaciones económicas, y cubre los principales ámbitos de protección social.
El sistema garantiza en todo el territorio el acceso a la información, la orientación, el diagnóstico y la valoración social, como puerta de entrada a los servicios sociales. También establece unos mínimos comunes en materia de autonomía personal y dependencia, con servicios como la teleasistencia, la ayuda a domicilio, la atención diurna y residencial y la valoración de la discapacidad y la dependencia.
La protección de la infancia y las familias es otro de los ámbitos incluidos. El catálogo contempla el acogimiento familiar y residencial, el apoyo a la adopción y la atención ante situaciones de desprotección o violencia infantil.
También se garantiza la atención a las mujeres víctimas de violencia de género, así como a las víctimas de violencia sexual y de trata con fines de explotación sexual. El mapa común incluye tanto recursos de atención integral como plazas de carácter residencial. En materia de inclusión social, se contemplan programas de alojamiento temporal, atención a personas sin hogar y medidas de inserción sociolaboral dirigidas a colectivos en situación de vulnerabilidad.
El catálogo incorpora además seis prestaciones económicas, entre ellas las rentas mínimas de inserción, las ayudas de urgencia social y las prestaciones destinadas a víctimas de violencia de género, además de las pensiones no contributivas.