El aumento progresivo de la edad legal de jubilación hasta los 67 años, que culminará en 2027 con la implantación definitiva de la reforma de las pensiones de 2011, puede tener un elevado coste en términos de salud, según un reciente informe del think tank Fedea basado en una muestra de casi 180.000 jubilados nacidos entre 1943 y 1957. Firmado por el doctor en Ciencias Económicas Sergi Jiménez-Martín, en el documento se sostiene que el retraso del retiro profesional incrementa la mortalidad prematura de los trabajadores afectados por el cambio normativo, especialmente quienes ejercen las profesiones más exigentes, entre las que, oficialmente, aún no se encuentran las actividades sanitarias a pesar de las demandas sindicales.
A partir del año que viene, quienes no hayan cotizado al menos 38 años y seis meses a la Seguridad Social deberán esperar a cumplir los 67 años para acceder a la jubilación ordinaria. En cambio, quienes acrediten, como mínimo, ese periodo de cotización podrán retirarse a los 65 años. Jiménez-Martín indica, basándose en datos de la Muestra Continua de Vidas Laborales, que la reforma de 2011 retrasó el acceso a la jubilación ocho meses de media. Los resultados del estudio avalan, por ende, la eficacia del nuevo marco de pensiones en su objetivo principal, es decir, retrasar la jubilación efectiva, pero también revelan dos costes distributivos que, a juicio del autor, son poco visibles en el debate público.
Brecha de género y coste de salud en trabajos exigentes
En primer lugar, la exención por carrera larga, que se presenta como una protección, tiene en la práctica, de acuerdo con el informe, una incidencia de género regresiva, dado que aboca a no poder jubilarse antes de los 67 años a quienes acumulan carreras más cortas y fragmentadas, que son mayoritariamente mujeres como ocurre en el ámbito sociosanitario, lo cual agrava la brecha de género en pensiones. En segundo lugar, obliga a prolongar la vida laboral tiene un coste en salud que, en el caso de los trabajos de mayor exigencia, ya sea mental o física, es “desproporcionado”, según Jiménez-Martín. El experto resalta, en esta línea, que retrasar la edad de jubilación aumenta la mortalidad prematura entre los 60 y 67 años entre las personas analizadas, un efecto que resulta estadísticamente significativo en el caso de los hombres.
Jiménez-Martín matiza que, como la cohorte que cumplirá 65 años en 2027 será la primera que afrontará plenamente el calendario de aplicación de las nuevas medidas, las estimaciones obtenidas hasta ahora podrían representar “un límite inferior” del impacto a largo plazo. En cualquier caso, son datos poco halagüeños en un contexto marcado por el envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades crónicas y de las pluripatologías asociado a la mayor esperanza de vida, factores determinantes para aumentar la presión sobre la Atención Primaria y dificultar la reducción de las listas de espera, uno de los principales retos que afronta el Sistema Nacional de Salud.
Larga demanda por la jubilación anticipada en sanidad
El estudio de Fedea sugiere explorar diseños alternativos que eleven la edad efectiva de jubilación de forma más equitativa, como ajustes por densidad de cotización o vías específicas por ocupación. Al respecto de esto último cabe recordar que, en el caso de la sanidad, los sindicatos médicos, enfermeros y de clase siguen reclamando que la actividad sanitaria sea declarada de riesgo para que, así, sus profesionales puedan acceder a la jubilación anticipada con coeficientes reductores.
Las centrales que integran la mesa del Ámbito de Negociación con el Ministerio de Sanidad quieren que esa medida quede articulada en la reforma del Estatuto Marco, pero Sanidad ha insistido en varias ocasiones recientemente en que es el Ministerio de Seguridad Social el que tiene las competencias directas al respecto.