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Redacción. Madrid

El Tribunal Constitucional de Portugal ha declarado ilegales los recortes en las pagas extra de verano a los funcionarios y pensionistas así como la reducción de las cantidades de sueldo percibidas en caso de baja por enfermedad o paro. La sentencia repite los argumentos en que se basó otra similar emitida el mismo año pasado, ya que alude a la violación del principio de igualdad entre los ciudadanos.

En España, en cambio, el órgano judicial equivalente no ha fallado hasta el momento sentencia alguna en este sentido, salvo las dirigidas a contestar de forma expresa a las iniciativas de algunos Ejecutivos autonómicos, como Navarra y País Vasco, de abonar las sueldos extra de sus funcionarios entre finales de 2012 y principios de este año.

En el caso del país vecino, el presidente del tribunal, Joaquim Sousa Rivero, ha justificado la decisión al subrayar que “es la ley la que tiene que adaptarse a la Constitución y no al contrario”. La sentencia, además, posee valor retroactivo e invalida las medidas adoptadas en este asunto por el Gobierno que encabeza el primer ministro Pedro Passos Coelho, quien ha convocado para esta tarde (16.00 horas en España) un Consejo de Ministros extraordinario.

Y no es para menos, ya que el Ejecutivo luso dejará de ingresar, de prosperar la decisión del Constitucional, alrededor de 1.000 millones de euros.

Recurso del presidente

El presidente de Portugal, Anibal Cavaco Silva, así como partidos de la oposición y el Defensor del Pueblo, recurrieron ante el órgano judicial que ahora se ha pronunciado varios artículos de los presupuestos. El año pasado, la corte ya frustró los planes financieros del Gobierno cuando falló contra la reducción de las pagas extras vacacionales a los funcionarios.

Partidos políticos y mercados esperaban expectantes la sentencia de este viernes, toda vez que suponía una prueba de fuego para la estabilidad del Gobierno y, por extensión, de la debilitada economía lusa.

Cavaco Silva, sin embargo, pronosticó este viernes que la sentencia no afectaría a la credibilidad del Ejecutivo, al que considera “legitimado” para seguir gobernando. En este sentido, ha recordado que esta misma semana la Administración superó una moción de censura en la Asamblea de la República.