A pesar de ello, una propuesta de PSC, ERC e ICV-EUiA que solicitó hace seis meses recurrir al TC la medida fue rechazada en la cámara catalana con los votos de CiU y PP (el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña sí apreció elementos de inconstitucionalidad), una decisión que la federación nacionalista justificó entonces porque apreciaron voluntad de diálogo de la ministra Ana Mato y posibilidades de negociar cambios. Los cambios no fueron introducidos, y Cataluña anunció en agosto que no aplicaría el decreto tal y como estaba redactado, al seguir atendiendo en el sistema público a las 600.000 personas del servicio no urgente que debían quedar excluidas con la nueva ley, una condición que vinculaba a tener acreditada una estancia en Cataluña de más de tres meses.
La Generalitat va ahora un paso más allá, precisamente la semana después de que el recurso del Gobierno contra el euro por receta haya supuesto la suspensión de esta tasa, muy defendida por el Govern por proporcionarle cerca de 100 millones de ingresos adicionales el año, además de permitir ahorrar otros 150 millones, según sus cálculos. Cataluña se suma de este modo a los recursos ya presentados ante el TC por País Vasco, Andalucía, Navarra y Asturias contra el mismo decreto ley, que fue aprobado por el Gobierno con la previsión de ahorrar unos 500 millones de euros.