Los socialistas apoyan las declaraciones de diversos colectivos de profesionales, como la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semyfc), la Organización Médica Colegial (OMC), el Consejo General de Enfermería, el Colegio de Médicos de Madrid, o la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme), que han manifestado que sus principios éticos y profesionales chocan con la medida adoptada por el Gobierno.
Olmos ha insistido en exigir “garantías jurídicas” para los profesionales sanitarios que tienen que prestar atención sanitaria y que “no pueden dejar sin asistencia a unas personas cuya salud, en el caso de que padezcan enfermedades graves, puede llegar a correr serio y grave peligro si se les limita el acceso a determinados tratamientos en el sistema sanitario público”.
Por eso, el portavoz socialista ha vuelto a reclamar al Gobierno “un compromiso expreso” de que se va a modificar el Real Decreto-Ley de medidas sanitarias para garantizar que los inmigrantes en situación irregular van a tener derecho a continuar recibiendo asistencia sanitaria.
Y en el Senado, Entesa quiere que la ministra explique mejor el RD 16/2012
El grupo parlamentaria catalán Entesa pel Progrés de Catalunya ha pedido la comparecencia en el Senado de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, para que informe de las medidas recogidas en el Real Decreto-ley para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), y, concretamente, sobre los recortes y el copago sanitario. La petición ha sido realizada por la portavoz de grupo de Sanidad, Mònica Almiñana, quien cree que" se ha pasado de una cobertura universal a una cobertura sólo para los asegurados". La representante catalana de la cámara alta tiene "serias dudas sobre la constitucionalidad de esta reforma" porque, explica, "invade derechos universales y competencias autonómicas", por ello, espera que Mato explique el alcance de las nuevas medidas. A juicio de Almiñana, algunas medidas como el pago de las prestaciones ortoprotésicas, de los servicios de ambulancia o que los jóvenes que no hayan cotizado no tengan derecho a prestación sanitaria, son "inauditas".