Una de las últimas apuestas sanitarias del Gobierno socialista fue el Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, que contemplaba ‘medidas para la mejora de la calidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS), de contribución a la consolidación fiscal, y de elevación del importe máximo de los avales del Estado para 2011’. Un texto que concedió el mayor protagonismo a la prescripción por principio activo pero que también contemplaba la aplicación de un índice corrector de los márgenes correspondientes a la distribución y dispensación de fármacos para oficinas de farmacia de “núcleos de población aislados o socialmente deprimidos” o que no superasen los 200.000 euros en su ejercicio económico anual.
La Proposición No de Ley (PNL) que ha presentado ahora el PSOE de la mano de su portavoz en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, José Martínez Olmos, retoma los términos descritos en el RD que él mismo impulsó como exsecretario del Ministerio de Sanidad. Así, el texto enviado al Congreso fija términos económicos idénticos, como la escala de ayudas a percibir, que oscilarán entre los 199 y los 833 euros mensuales, atendiendo a una escala de deducción formada por cinco niveles. Además de los rasgos definitorios de las oficinas que potencialmente recibirán estas ayudas, el anterior Gobierno, y por ende el PSOE, defiende otros requisitos, como que dichas farmacias lleven al menos 11 meses abiertas al público; que no hayan sido “objeto de sanción administrativa o inhabilitación profesional, ni ser excluidas de concertación”; al tiempo que deben participar en programas de atención farmacéutica y de utilización racional de los medicamentos, de acuerdo a la Administración sanitaria correspondiente.