Tal y como adelantó escuetamente el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, tras la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el pasado 17 de enero, el Gobierno quiere obstaculizar la gestión “irresponsable” en todos los ámbitos de la Administración pública. Para ello, la nueva norma establecerá “obligaciones de buen gobierno de los representantes públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento”, y estará complementada por una modificación del Código Penal para “castigar” aquellas conductas más graves bajo criterios como la intencionalidad, quebranto de la hacienda, grave negligencia en el ejercicio de funciones y claro perjuicio de los servicios financiados. La pena máxima será la inhabilitación para el gestor correspondiente. En el apartado económico, Sáenz de Santamaría ha detallado el castigo para el incumplimiento del déficit, compromiso de gastos sin crédito, facturas no contabilizadas y la no aportación de documentación requerida.
Principios éticos generales y obligaciones concretas
La norma contemplará tanto principios éticos generales como “obligaciones de actuación concreta” para miembros del Gobierno, altos cargos de la Administración y entidades del sector público estatal, llamados a ejercer sus funciones con “responsabilidad, ejemplaridad y máxima exigencia”.
Sáenz de Santamaría ha recalcado la participación de la sociedad en la elaboración de dicha norma a través las webs institucionales y “un buzón para sugerencias y críticas”. Además, el Gobierno habilitará el llamado ‘Portal de la Transparencia’, un punto de encuentro, según la ministra y portavoz, “de la información proactiva y obligatoria, y la respuesta a las solicitudes de los ciudadanos”.
El texto deberá estar finalizado antes de la Conferencia Internacional del Gobierno Abierto que se celebrará en Brasilia a mediados de abril y que supondrá la incoporación de España a su Declaración Internacional.