Se estima que este procedimiento, al que se ha destinado un presupuesto de 59 millones de euros, puede beneficiar a cerca de 60.000 españoles. El 75% de ellas (45.000) corresponderán a los dos sectores mencionados, además de la hostelería y el turismo y la reparación y mantenimiento de vehículos, mientras el 25% restante será determinado por cada Autonomía, en función de sus necesidades. El procedimiento es el siguiente: las comunidades lanzan una convocatoria para acreditar determinadas competencias profesionales; el interesado se inscribe; un asesor le aconseja para preparar la documentación necesaria y comienza la fase de evaluación.
La comisión de evaluación hace las comprobaciones necesarias para decidir si existe suficiente evidencia de que el candidato tiene adquiridas las competencias profesionales y decide, en su caso, el tipo de prueba que se le debe proponer, en función de sus características y de la competencia a evaluar. Finalmente, la comisión de evaluación propone la expedición de la acreditación de cada una de las unidades de competencia que la persona haya superado.
Lo que verán acreditado los participantes son “unidades de competencia” incluidas en Títulos de Formación Profesional o en Certificados de Profesionalidad. En la rama sanitaria, se podrán ver reconocidos, por el momento, los ciclos formativos de Audiología Protésica, Emergencias Sanitarias y Farmacia y Parafarmacia, ya que los ciclos formativos de planes anteriores (LOGSE), deberán esperar a su actualización para disponer de las convalidaciones correspondientes.