Los 2.650 investigadores que engloba la citada Plataforma consideran que el artículo 22 de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación debería incluir dos importantes modificaciones que aseguren que “el contrato de acceso al sistema español de ciencia sea creíble y competitivo”. Amaya Moro explica que, a diferencia de cómo aparece explicitado en el Programa Ramón y Cajal, aquellos investigadores contemplados en esta nueva figura contractual (‘contrato de acceso’) y que hayan superado las evaluaciones que exigen la Ley, “no tienen la garantía de que puedan optar a puestos laborales fijos”. Para ello, proponen añadir un párrafo a la norma quedando constancia de la necesidad de dicha adecuación. Al respecto, fuentes del Ministerio de Ciencia e Innovación recuerdan que el acceso al puesto fijo depende de una oposición, mientras que Moro alerta de que si no se recoge esta demanda, “el contrato de acceso quedará reducido a un simple contrato de cinco años”, situación preocupante para este colectivo de investigadores “en etapas avanzadas”.
Más cerca del modelo anglosajón
La segunda de sus reivindicaciones tiene que ver con el papel de los "méritos investigadores preferentes". Así, proponen sustituir el redactado del primer párrafo del apartado 3 (artículo 22) asegurando que la evaluación a la que se somete al profesional en el ‘contrato de acceso’ “se tenga en cuenta como méritos investigadores preferentes” de cara a su selección para una plaza fija. Evaluaciones previstas para el segundo y cuarto año de los cinco que dura dicho contrato. “Esto aproximaría el contrato de acceso al ‘tenure-track anglosajón”, concluye la portavoz de la Plataforma.