Mientras que en la mayoría de autonomías el Estado y los respectivos gobiernos se reparten equitativamente las cantidades (Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Valencia, Ceuta y Melilla), hay cinco casos en los que el gobierno regional hace un esfuerzo mayor. Entre ellos, Baleares y Madrid son los casos más notorios: en el primero, el Ministerio aporta 41.764,63 de 749.538 euros, y en el segundo, 248.641,24 de 2.151.221,77 euros. La consejería balear que dirige Fina Santiago contempla un único programa gestionado por la Asociación de Padres de Personas con Discapacidad, mientras que la de Engracia Hidalgo ha tramitado dos proyectos, atención a personas con enfermedad mental grave y con discapacidad física grave.
En las CCAA restantes, la diferencia entre las aportaciones no es tan acusada. Es el caso de Murcia (62.733,85 del Ministerio frente a 119.673,81 euros), Castilla-La Mancha (114.003,82 euros - 155.896,18 euros) y Canarias (94.624,69 euros - 389.590,62 euros).
La discapacidad auditiva o sordo-ciega, enfermedad mental y la discapacidad física e intelectual aglutinan la mayoría de los programas solicitados.