Durante la defensa de la proposición de ley, el diputado Llamazares ha señalado que esta medida “evitará que haya diputados o senadores que legislen o altos cargos del Gobierno que decidan sobre determinadas materias, cobrando al mismo tiempo dinero, directa o indirectamente, en la empresa privada por labores de asesoría en esas mismas materias, ocasionándose evidentes colisiones entre lo público y lo privado”.
Argumento rechazado por los principales partidos políticos. Para el PSOE, el texto no mejora la actual Ley de Incompatibilidades. Además, el diputado Fernández González ha asegurado que esta propuesta “no es el camino para separar lo público de lo privado” y cree que lo único que haría es “separar a políticos y ciudadanos”. El PP, a través del diputado Ferrer Roselló, ha afirmado que “no cree necesario modificar la actual ley”, por lo que “no es oportuno” el planteamiento de la medida.
Rosa Díez, portavoz de UPyD, ha apostado por esta iniciativa al “ser necesaria la regeneración democrática” y ha lamentado que “razones exógenas” impidan que los dos grandes partidos se manifiesten en contra de la proposición. Francisco Jorquera, del Bloque Nacionalista Gallego, ha defendido la necesidad de “una regulación más estricta” y de la mejora del actual sistema de incompatibilidades. Jordi Xuclá, de CiU, ha criticado la propuesta porque “muchas de las ideas no están recogidas en la proposición de ley, sino que son parte del discurso político de Llamazares”. Si bien, se ha mostrado a favor de “mejorar el mecanismo de transparencia y control” en este ámbito.