El tiempo sigue siendo uno de los principales obstáculos en la aplicación de la Ley de Eutanasia en España. Durante el año 2025, un total de 382 personas fallecieron antes de poder recibir la prestación de ayuda para morir, lo que representa el 31,3 por ciento de los procedimientos finalizados. Según los datos del último informe anual del Ministerio de Sanidad, que analiza el quinto año de vigencia de la norma, el 60 por ciento de esos pacientes padecía patologías oncológicas.
De hecho, más de la mitad de las personas con cáncer que iniciaron los trámites el año pasado perdieron la vida antes de que pudiera ejecutarse la eutanasia. En la mayoría de los casos de fallecimiento previo (el 74 por ciento), el deceso se produjo incluso antes de que la Comisión de Garantía y Evaluación llegara a emitir una resolución. De media, quienes fallecieron sin llegar a recibir la prestación habían esperado una media de 55 días.
A pesar de estas cifras, el número total de eutanasias practicadas ha seguido creciendo. En 2025, 574 personas recibieron la prestación de ayuda para morir en España, un aumento del 35,7 por ciento respecto al año anterior. En total, Sanidad registró 1.284 nuevas solicitudes (un 30 por ciento más), de las cuales casi la mitad culminaron con la realización del proceso. El resto de los expedientes finalizaron por el fallecimiento del paciente, denegaciones (13,5 por ciento) o revocaciones por parte de la propia persona solicitante (8 por ciento).
El perfil de quienes logran acceder al derecho a una muerte digna se mantiene estable y prácticamente paritario. El grupo más numeroso sigue siendo el de pacientes de 80 o más años, situándose la edad media por encima de los 70. En cuanto al historial clínico, las enfermedades neurológicas y oncológicas acaparan tres de cada cuatro procedimientos ejecutados.
El papel del testamento vital y el ámbito de actuación
Además, cerca del 6 por ciento de los procedimientos finalizados en 2025 (71 en total) lograron iniciarse gracias a un documento de instrucciones previas o testamento vital, la vía legal prevista para aquellos pacientes que ya no disponen de capacidad para expresar su voluntad.
En cuanto al entorno en el que se ejecuta la prestación, la mitad de las eutanasias se llevaron a cabo en centros hospitalarios, mientras que un 35 por ciento de los pacientes prefirieron hacerlo en su propio domicilio y un 14 por ciento en residencias o centros sociosanitarios. En el 98 por ciento de las ocasiones, la sustancia fue administrada directamente por profesionales sanitarios, dejando las modalidades de autoadministración en un margen mínimo.
Por último, el informe de Sanidad destaca también la vertiente solidaria de la ley: a lo largo de 2025, el 12,7 por ciento de las personas que se sometieron a la eutanasia decidieron donar sus órganos, lo que permitió realizar trasplantes a 205 pacientes en lista de espera. Desde que la norma entró en vigor a mediados de 2021, España suma 1.698 prestaciones realizadas.
