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El Ministerio de Sanidad continúa trabajando para garantizar el aborto en la red pública, un derecho ya fijado en la Ley 1/2023 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, pero que sigue sin ser efectivo a día de hoy. Los últimos datos disponibles, de 2024, hablan de que casi un 80 por ciento de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizan en centros privados. Además, el registro de objetores continúa siendo un campo de batalla en muchas comunidades autónomas. Tal y como ha confirmado Redacción Médica, el Ministerio de Sanidad ha enviado un requerimiento a las comunidades de Andalucía y las Islas Baleares para exigirles la creación de este registro.

La misiva, a la que ha tenido acceso este periódico, insiste en que el registro de objetores es una obligación de las comunidades autónomas. “El 16 de diciembre de 2024 el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud adoptó, de manera unánime, el acuerdo por el que se aprueba el Protocolo para la creación del Registro de Personas Objetoras de Conciencia”, recuerdan.

Seguimiento de implantación del registro de objetores al aborto

Además, para garantizar el cumplimiento de la ley, la Dirección General de Ordenación Profesional, a través de la Subdirección General de Cohesión y Alta Inspección, ha sido la encargada del seguimiento de la implantación de dichos registros. En los últimos informes, correspondientes a septiembre de 2026, se ha constatado que en Andalucía se sometió a audiencia pública el proyecto de decreto para la creación del registro en marzo de 2025, “sin que haya culminado su tramitación”. Mientras, en el caso de las Islas Baleares, se señala que el proyecto se sometió a audiencia pública en febrero de 2026, “estando desde entonces en proceso de tramitación sin que se haya observado ningún otro avance”. El departamento de García demanda a ambas consejerías que procedan a la creación del registro para finalizar “la tramitación actualmente en curso”.

La Comunidad de Madrid, a la espera de los tribunales

Por otro lado, cabe recordar que la Comunidad de Madrid se negó a crear el registro de médicos objetores al aborto. En palabras de su consejera de Sanidad, Matute, se iba a defender “con la Constitución en la mano” la libertad de objeción de los profesionales frente a los requerimientos del Ejecutivo. Añadió también que preferían que fuese “un tribunal el que diga lo que hay que hacer”. Ante esta decisión, el departamento de García inició los trámites para interponer un recurso contencioso-administrativo contra la Comunidad de Madrid. A día de hoy, el caso sigue judicializado.