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El Ministerio de Sanidad ha hecho públicos este jueves los resultados preliminares de la primera fase del Estudio de Seguimiento Epidemiológico de la Salud Mental en la Zona DANA en la provincia de Valencia en el año 2024. Los datos revelan que casi la mitad de la población adulta, un 49 por ciento, de los municipios afectados por las inundaciones presentaba un malestar psicológico moderado o alto entre 15 y 18 meses después de la catástrofe. Los menores también sufrieron tras la catástrofe. Casi uno de cada cuatro muestra síntomas de estrés postraumático un año y medio después.

Esta macroinvestigación, considerada como una de las mayores de su clase en el ámbito europeo en lo que respecta al impacto de los desastres naturales en la salud mental, ha sido financiada por el Ministerio, en colaboración con la Conselleria de Sanitat de la Comunidad Valenciana. Por su parte, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), el equipo de epidemiología autonómico y el Instituto de Salud Carlos III han participado en las labores de coordinación científico-técnica y análisis estadístico.

El trabajo de campo de esta primera fase se desarrolló entre los meses de febrero y abril de 2026. Durante este periodo, los equipos investigadores completaron un total de 7.496 entrevistas a representantes de diferentes grupos de edad y sexo en 46 de los municipios de la provincia de Valencia. Los cuestionarios se realizaron para evaluar de forma exhaustiva el malestar psicológico, los indicios de estrés postraumático y la calidad de vida vinculada a la salud.

Los menores sufren las consecuencias

Los menores y adolescentes también han sufrido consecuencias a nivel psicológico después de la catástrofe. El estudio señala que uno de cada cuatro niños de entre 6 y 14 años presentaba dificultades emocionales o de conducta, detectándose síntomas de estrés postraumático en el 22,2 por ciento de este grupo. En el caso de los adolescentes de 15 a 17 años, el malestar psicológico afectó al 39,1 por ciento y el estrés postraumático al 20,5 por ciento. Como alteración cotidiana más reseñable, dos de cada tres menores sufrieron graves trabas para acudir a sus centros educativos de manera regular tras las inundaciones.

El análisis pormenorizado demuestra que la incidencia del estrés postraumático guardó una relación directa con la intensidad de la vivencia traumática. Mientras que afectó al nueve por ciento de las personas adultas con un nivel de afectación moderado, la cifra ascendió drásticamente hasta el 26 por ciento entre quienes sufrieron el mayor impacto directo de la tragedia. Esta correlación se mantuvo constante incluso al ajustar variables como la edad, el sexo, los antecedentes de salud mental o la situación económica. Del mismo modo, se observó una brecha de género significativa, ya que el malestar psicológico alcanzó al 54,8 por ciento de las mujeres adultas, frente al 41,9 por ciento registrado en los hombres.

Las encuestas revelan también la crudeza de las consecuencias directas sufridas por la ciudadanía. Casi uno de cada cuatro adultos encuestados reconoció haber perdido a alguien cercano, el 12,7 por ciento experimentó situaciones extremas al ser arrastrado o quedar atrapado por la fuerza del agua, y el 32,7 por ciento sufrió daños cuantiosos en su vivienda habitual. Además, el 36 por ciento de la población de la zona refirió haber padecido un impacto económico de carácter moderado o grave.

Ante este escenario, las instituciones sanitarias remarcan que los resultados reafirman la necesidad imperiosa de sostener los recursos asistenciales de salud mental en el territorio afectado. Se aconseja poner el foco de manera prioritaria en aquellos colectivos con mayor vulnerabilidad, tales como las personas que arrastren dificultades económicas previas o sobrevenidas, antecedentes psicológicos, un menor apoyo social percibido o aquellos que padecieron los episodios más severos de la DANA.

Dado que estos datos se basan en cuestionarios de detección y actúan como una radiografía inicial, el plan de vigilancia epidemiológica contempla dos nuevas fases de seguimiento, una dentro de un año y otra después de dos. Su objetivo principal será determinar qué problemas logran resolverse, cuáles persisten en el tiempo y qué factores potencian o dificultan la recuperación integral de la población valenciana.