El médico sin MIR ha vuelto a centrar el diálogo entre las autonomías y el Ministerio de Sanidad. El departamento liderado por Mónica García ha planteado a los equipos técnicos presentes en la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS), celebrada este lunes, la creación de un grupo de trabajo para "establecer unos criterios comunes". Fuentes ministeriales han confirmado a Redacción Médica que "la idea es contribuir a que estas contrataciones se limiten a los supuestos excepcionales estrictamente necesarios".
Antes de verano, Sanidad solicitó información y datos sobre la situación de los médicos sin especialidad en cada comunidad, tal y como avanzó en su momento este periódico. La petición fue enviada por el ministerio a las Direcciones Generales de Recursos Humanos de los Ejecutivos regionales, aunque estos últimos la recibieron con cierto "recelo", tal y como aseguraron a este medio fuentes autonómicas.
La realidad es que la incorporación de médicos sin la especialidad homologada es una práctica extendida en el SNS, utilizada como última vía para garantizar la asistencia en zonas de difícil cobertura o durante los picos de demanda estival. Más de siete comunidades autónomas ya han reconocido abiertamente recurrir a estos contratos.
Las cifras varían significativamente según el territorio. En Cataluña, en julio de 2025, constaban 2.059 profesionales ejerciendo sin titulación homologada (1.203 de ellos como médicos de Familia en Atención Primaria). Le seguía Andalucía, con 1.568 profesionales sin especialidad en Primaria; la Comunidad Valenciana, con 592; y Baleares, con 306 expedientes excepcionales (236 en Primaria).
En menor medida, Aragón reportaba 113 contrataciones de este tipo (109 en Primaria) y Navarra mantenía una veintena para incidencias imprevistas. Por su parte, Castilla-La Mancha aseguraba que esta práctica representaba apenas el 0,3 por ciento de sus contratos médicos. En el extremo opuesto, País Vasco y Cantabria afirmaban categóricamente no contratar a médicos sin especialidad.
La advertencia de los profesionales
El debate se ha avivado recientemente en áreas como Vigo, donde la federación CIG-Saúde denunció la contratación por parte del Servizo Galego de Saúde (Sergas) de personal sin especialidad en Medicina Familiar para los Puntos de Atención Continuada (PAC). Desde la Consellería de Sanidade se han amparado en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que avala la incorporación provisional de licenciados en Medicina cuando no existen especialistas disponibles, con el fin supremo de asegurar el funcionamiento del servicio sanitario.
Sin embargo, las organizaciones sindicales y científicas advierten de los riesgos. Señalan que la especialización vía MIR, obligatoria desde 1995 para ejercer en centros de salud, es la única garantía de una atención con aval científico-técnico. Consideran que obviar este requisito supone una desvalorización de la Medicina de Familia, un "agravio comparativo" para quienes sí se han formado y un posible riesgo para la seguridad clínica del paciente.
El ministerio busca acabar con estas contrataciones
Frente a este escenario, el Ministerio de Sanidad rechaza frontalmente cualquier vía de "regularización" para estos facultativos y prepara medidas disuasorias. Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, fue tajante: "No puede ser que un licenciado sin especialidad esté trabajando en Primaria cobrando lo mismo que un especialista, porque así ninguno va a hacer el examen para hacer la especialidad". El objetivo del ministerio, que trabaja a contrarreloj tras el adelanto electoral, es erradicar estas contrataciones y, así, garantizar la "calidad asistencial". De todas formas, debido a que queda poco más de un mes para que se lleven a cabo las elecciones, habrá que esperar para ver cómo termina de diseñarse esta iniciativa ministerial.