“Con la Ley de Listas de Espera será mucho más difícil tener una ‘caja B’ donde guardar pacientes”

Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, lo tiene claro: con la nueva ley de Listas de Espera va a ser más difícil establecer una 'Caja B' con la que esconder pacientes que incrementen los tiempos de demora en las estadísticas oficiales. Días después de que se conociera la presunta manipulación de cifras en el hospital madrileño Ramón y Cajal, el número dos de Mónica García en el Ministerio ha anunciado que en unos días se convocará al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cinsns) para abordar el texto que servirá de base para el Real Decreto que prepara el organismo, que promete dotar de mayor trazabilidad y transparencia al sistema hasta la resolución del proceso diagnóstico.

El también médico de Familia ha acudido, un año más, al Encuentro Global de Altos Cargos de Redacción Médica, que cuenta con el auspicio de Fenin y con el patrocinio de Abbott, Intuitive, Air Liquide Healthcare, General Electric Healthcare, Incyte, Insulet Pharma y Pfizer. Tras protagonizar la inauguración del evento, Padilla ha concedido una entrevista a este periódico en el que ha abordado distintas cuestiones de total actualidad como son el Estatuto Marco, la situación sanitaria de Ceuta o las negociaciones en marcha para la aprobación de dos normativas que ya han desembarcado en el Congreso de los Diputados como son la Ley de Organizaciones de Pacientes y la Ley del Medicamento.

El Foro de la Profesión Médica va a exigir al Congreso y al Senado la creación de un Intergrupo Parlamentario sobre el marco normativo y las condiciones de trabajo de la profesión médica, en el que participen los grupos parlamentarios, los consejeros autonómicos, organizaciones profesionales, sindicales y científicas. ¿Lo toman como una derrota después de tanto tiempo negociando con ellos en el seno del Ministerio de Sanidad o como una nueva oportunidad?

Nosotros dijimos que nuestro trabajo era, después de 23 años sin que nadie tocara de manera sustantiva el Estatuto Marco, ponerlo en el Congreso de los Diputados. Se trata de un texto que ha llegado, además, tras un acuerdo con la grandísima mayoría de las fuerzas sindicales presentes en el Ámbito de Negociación. La posibilidad de que exista un intergrupo que analice de manera específica las necesidades de un colectivo profesional concreto, no solamente es que nos parezca bien, sino que el primer grupo parlamentario que manifestó su apoyo a recibir en el seno del Congreso esa iniciativa fue el Grupo de Sumar, por parte de nuestra portavoz de Alda Recas. Nosotros siempre hemos dicho que la singularidad de cualquier colectivo profesional podía reflejarse en el Estatuto Marco, pero en el caso de que se creyera que hacía falta algún tipo de normativa ulterior, lo que no podía hacerse era crearse primero, frenando el desarrollo de ningún otro colectivo profesional y, segundo, hacerse sobre los despojos de un Estatuto Marco del año 2003. Nosotros hemos puesto el Estatuto encima de la Mesa del Congreso y tendrá que tener su tramitación en ese lugar con los parlamentarios. Además, en paralelo, la creación de un intergrupo nos parece bien.

¿Qué puede suponer para la sanidad española, si llega a producirse, la huelga indefinida que han convocado los médicos? ¿Se podría comprometer la continuidad asistencial? ¿Cree que puede haber una reivindicación tan poderosa como para plantear esta medida?

El impacto que pueda tener depende del seguimiento de la misma. Todos podemos estar de acuerdo en que lo deseable sería que no ocurriera. Ahora bien, no me compete a mí valorar si la consecuencia que tendría la huelga es conforme al estímulo que la desencadenaría.

En Redacción Médica se han publicado varios textos que analizan, entre otras cosas, eso. Yo creo que el mensaje está claro: Hace 23 años que no hay una reforma en profundidad del Estatuto Marco. Cualquiera de las reformas individuales existentes en el Estatuto Marco que hemos redactado, si se hubieran hecho de manera específica, como en una ley aparte, habrían recibido la celebración y una acogida muy favorable por la grandísima mayoría de los profesionales sanitarios. Estoy hablando de, por ejemplo, medidas relacionadas con la temporalidad, con la consideración de la figura pública de autoridad, el pago de las guardias prorrateadas a las personas que estuvieran en situación de incapacidad temporal, todo lo que tiene que ver con los elementos ligados a la jornada, etcétera. Lo que ocurre es que estamos en un momento en el cual abrir una norma que llevaba 23 años cerrada corre el riesgo de

Pero también tenemos que ser conscientes de que, después de una historia del sistema sanitario, trabajando, por ejemplo, con guardias de 24 horas, poder pasar a las guardias de 17 horas ya es, de por sí, un avance para poner los primeros ladrillos y poder pasar a turnos de 12 horas o a los turnos en los cuales se quiera trabajar en cada Servicio de Salud. Es cierto que podemos llegar a una situación un poco paradójica en la cual los residentes, vean cómo se les eliminan las guardias de 24 horas. Incluso podría darse la situación en la cual la primera guardia de 24 horas de un médico la hiciera ya como especialista, no como residente.

Y es que la norma que regula las condiciones de los residentes es un Real Decreto, por lo que no necesita convalidación parlamentaria, depende solamente de su elaboración en el seno del Gobierno. Estamos ya próximos a su envío al Consejo de Estado, por lo cual su tramitación va a depender solo de nosotros. Esperamos tener, a final de año, aprobado un Real Decreto que, entre otras cosas, elimina las guardias de 24 horas en los residentes, incrementa el sueldo con un aumento muy notable del complemento de formación, haciendo también que el sueldo de los residentes sea menos dependiente de las guardias y más de la la jornada ordinaria. También aborda de manera muy decidida todo lo que tiene que ver con los riesgos psicosociales.

Si la jornada se cambia antes para los residentes que para los especialistas, cada uno de los actores implicados en todo esto también tendrá que responder a cuál ha sido su labor para garantizar que primero sean los residentes los que tengan unas condiciones laborales por las cuales se ha estado durante décadas reivindicando antes que el resto de profesionales.

La pido sinceridad. Dadas las últimas novedades, ¿usted cree que va a salir adelante el Estatuto Marco o se va a quedar esa espinita?

Yo espero que sí, sobre todo porque somos los profesionales sanitarios los que lo vamos a sufrir. Yo, en términos generales, soy bastante poco amigo de la política ficción, y la política especulatoria es una forma de política ficción.

Creo que lo que hay que hacer es preguntarle a los grupos parlamentarios, porque es muy fácil posicionarte cuando no eres el que tiene que votar, pero cuando tienes que votar un acuerdo al cual, por ejemplo, Satse, CSIF, CCOO y UGT están apoyando, con mejoras muy sustanciales para el conjunto de los profesionales sanitarios, y tienes que posicionarte, tienes que ser muy claro. Sabiendo, además, cuáles van a ser las repercusiones para el conjunto del sistema y para el conjunto de esos profesionales. Es muy fácil posicionarte, tanto a favor como en contra, cuando no tienes que apretar ningún botón, cuando no tienes que trabajar de manera directa para que eso sea tumbado o para que eso salga adelante. En el encuentro de Parlamentarios les preguntáis directamente a ver qué van a hacer con esto.

En los últimos días se ha avivado el debate sobre la gestión de las listas de espera, concretamente por el el caso del Hospital Ramón y Cajal. El Consejo Interterritorial abordó el pasado mes de julio el establecimiento de un sistema que aportara mayor trazabilidad y mayor transparencia en las listas de espera. Sin embargo, el debate se aplazó y se enmarcó en la vuelta del curso. ¿Cuándo está previsto, cómo creen que va a evolucionar esta normativa y qué cambios se espera implementar?

Cuando se crearon los grupos de trabajo y se comenzó a trabajar, una de las cosas que vimos era que tanto los técnicos de las comunidades autónomas, conjuntamente con los del ministerio y los expertos que se habían identificado y que se habían propuesto también por diferentes comunidades para participar, estaban trabajando de manera bastante entusiasta, colaborativa y con un nivel técnico y un rigor muy notable.

Uno de los objetivos de estos grupos es la reforma del real decreto, que recoge la homogenización de los sistemas de información, de la recogida de datos, para posteriormente formar los sistemas de información de lista de espera. Para llevar a cabo el cambio del real decreto hace falta un acuerdo del Consejo Interterritorial, bien sobre el texto concreto del real decreto o bien, basta con que sea, sobre los indicadores, los objetivos o las motivaciones. Lo digo porque hay veces, cuando surgen cosas como la de Ramón y Cajal o algún informe de Tribunal de Cuentas que ha salido sobre alguna otra comunidad autónoma, que siempre hay quien dice "pero el ministerio, ¿por qué no lo cambia?".

El ministerio no lo cambia porque la legislación indica que hace falta un acuerdo del Consejo Interterritorial para llevarlo a cabo. Antes de verano, teníamos ya una versión del informe tremendísimamente riguroso, solvente y sólido, que verdaderamente va a modernizar y a transformar de manera muy importante la capacidad de los sistemas de información de lista de espera para ser un elemento fundamental de gestión. Esto se producirá en el ámbito de los sistemas de atención especializada, principalmente, pruebas diagnósticas y quirúrgicas, intervenciones quirúrgicas y consultas. Pero también de un ámbito en el cual ahora mismo no tenemos sistemas de información, que es el sistema de información de lista de espera de Atención Primaria.

Ese informe lo llevamos al pleno del Consejo Interterritorial y se pidió que volviera a la comisión delegada y ahí se debatiera. Tuvimos la reunión de la comisión delegada la semana pasada. Se les dio, además, varias oportunidades de mandar por escrito e incluso allí hacer más alegaciones. No hubo más que un par de alegaciones muy concretas que se hicieron, pero sí que es verdad, y esto tengo que reconocerlo, que hubo alguna manifestación que dijo que no era el momento.

Unos días después ocurrió lo de Ramón y Cajal y a lo mejor ahora sí que es el momento. En unos días se va a convocar el pleno del Consejo Interterritorial y se va a llevar la propuesta de texto para que posteriormente forme parte del Real Decreto. Ha habido comunidades autónomas de todo signo político, que tanto en la comisión delegada como en privado, no solo reconocen que el trabajo que se ha hecho es de un nivel de rigor y de colaboración entre los diferentes agentes verdaderamente ímprobo y que eso va a servir para mejorar mucho los sistemas de información, sino que algunas también dicen que, si no sale adelante, van a empezar a implementar estos informes y este acuerdo al que se ha llegado por parte de los grupos técnicos en sus propias comunidades autónomas. Porque es, desde luego, una forma de mejorar el sistema.

Esto va a permitir, por un lado, que sea mucho más difícil tener, por decirlo de alguna forma, una caja B donde guardar una serie de pacientes que luego puedan aflorar. Va a ser mucho más fácil la trazabilidad del conjunto del proceso, desde el momento de la derivación hasta la resolución del proceso diagnóstico. Va a simplificar porque va a dejar de depender de diagnósticos concretos cuya representatividad del funcionamiento del conjunto del sistema a lo mejor no es tal.

No tiene sentido que estemos recogiendo con tremendo nivel de por menor la lista de espera sobre el sinus pilonidal, pero, sin embargo, haya otro tipo de patologías con un impacto sobre la salud de la población mucho más importante, para las que no tengamos toda la información. Y luego, sobre todo, va a incorporar en el ámbito de la Atención Primaria elementos fundamentales de medición que tienen que ver con la espera, pero otros también fundamentales que tienen que ver con una de las dimensiones fundamentales de la Primaria, como es la longitudinalidad. Creemos que no hay ningún tipo de motivo técnico para no ir adelante, para no dar el 'ok' a continuar el real decreto y esperemos, sin ningún tipo de lugar a dudas, que más allá de la coyuntura mediática, con casos como pueda ser lo de Ramón y Cajal, esto salga adelante por el interés de todos.

Hay otras dos normativas de especial calado que se han promovido desde el Ministerio de Sanidad. Una es la Ley del Medicamento y otra es la Ley de Organizaciones de Pacientes. Respecto a esta última, Junts ha registrado una enmienda a la totalidad. ¿Creen que va a ser más difícil la negociación de lo que esperaban en un primer momento? ¿Cuáles creen que van a ser los escollos a negociar con los partidos para que vea la luz?

Estas dos normas, una de las cosas que comparten es que son normas que responden ante terceros actores diferentes al Ministerio de Sanidad. No es el Ministerio de Sanidad elaborando una norma ante la cual la respuesta se hace a ellos. La ley del medicamento tiene todo un sector farmacéutico, industrial, profesional y de pacientes detrás. Y la ley de organizaciones de pacientes ha sido escrita en colaboración con las organizaciones de pacientes. Creo que fue el 5 de septiembre del año 2025 que nos juntamos por primera vez con el grupo motor de organizaciones de pacientes hasta que vio la luz en el Consejo de Ministros, ha sido todo de la mano de ellas.

No creo que las negociaciones vayan a ser ni más fáciles ni más difíciles, porque las negociaciones son negociaciones y ahí cada cual, además, intenta convertirlas en muchas ocasiones en una especie de bazar persa. Pero se ha presentado solamente una enmienda a la totalidad. Nosotros estamos en conversaciones con Junts. Lo que les preocupa es un tema competencial. Hemos repetido hasta la saciedad, bien en el preámbulo, bien en el texto, que el ámbito de aplicación es específico y únicamente de las organizaciones de ámbito estatal.

Les hemos propuesto una disposición adicional que lo vuelve a repetir, también dentro de las disposiciones adicionales. En el caso de que no quieran y mantengan la enmienda a la totalidad, iremos a un debate y el resto de grupos que no han presentado enmienda a la totalidad se posicionarán. Esperemos que lo hagan en contra de la enmienda a la totalidad y sigamos a la fase de las enmiendas parciales sin ningún tipo de lugar a dudas. Sabemos que es una amplia mayoría de los grupos parlamentarios los que quieren que esta ley salga adelante.

Nosotros también queremos que esta ley salga adelante, así que tendremos la cintura que haya que tener para poder llegar a un elemento de acuerdo sin ningún tipo de lugar a dudas y, además, creo que con bastante rapidez.

En cuanto a la otra ley, la del medicamento, ya nos anunció usted en exclusiva sería el paraguas de la posible prescripción enfermera. En este asunto hay partidos que se han posicionado más a favor que otros, hay gente que lo ve como una posible amenaza y otros, en cambio, creen que va a dar más seguridad al proceso asistencial. ¿Cómo plantean este tema?, ¿Cómo se va a abordar con los distintos partidos políticos para que pueda salir adelante?

Yo creo que en realidad lo que hay es colectivos que se han mostrado más a favor que otros y partidos que se han puesto más de perfil que otros. Creo que es una realidad lo que viene a recoger el redactado de la prescripción enfermera existente. La redacción de la prescripción enfermera, de la indicación por parte de los profesionales de Enfermería, que es como está ahora mismo recogido en el texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamento, es un texto poco funcional, en términos prácticos farragoso y podríamos decir que casi inútil. Además, desde mi punto de vista, hace una consideración singular de las enfermeras. Poco menos que parece que estuviera pidiendo perdón por dejar que las enfermeras ejercieran su competencia en el ámbito de su conocimiento. La redacción que nosotros hemos puesto equipara a las enfermeras al resto de grados con capacidad de prescripción y siempre decimos lo mismo: dentro del ámbito de sus competencias.

De la misma manera que un podólogo, que tiene capacidad de prescripción, no se pone a prescribir medicamentos para el Parkinson o medicamentos para la epilepsia, una enfermera puede prescribir en el ámbito de sus competencias y, además, esto refleja lo que está ocurriendo en términos reales en el sistema sanitario. Yo soy médico de Familia. Antes de ser diputado de la Asamblea de Madrid, trabajaba en un centro de salud en Vallecas y, en múltiples ocasiones, me he visto en la situación en la que una enfermera me ha propuesto una indicación de un medicamento para un paciente, incluso lo ha incluido dentro del módulo único de prescripción informático. No ha habido ninguna vez en la que yo no estuviera de acuerdo. ¿Por qué? Porque lo ha hecho en el ámbito en el cual tiene tanto la experiencia como el conocimiento como las habilidades. Es decir, las competencias.

Creo que eso hay que darle el sustento jurídico que avale y que le dé la seguridad para poder seguir trabajando en el ámbito de sus competencias. Y esto, desde luego, no va en contra de la competencia de ningún otro profesional. Creo que la concepción de las competencias profesionales como una especie de coto excluyente de caza es una forma de ejercer el liderazgo sanitario poco ambicioso, una forma muy poco moderna de liderar la sanidad y, desde luego, muy despegada de la realidad asistencial.

Hace unos días se reunió con el comisario europeo de Sanidad, Olivér Várhelyi ¿Cómo puede Europa blindar el acceso a los fármacos ante las reformas en materia farmacéutica que ha anunciado la Administración de Donald Trump?

La política farmacéutica ya no es solo una política sanitaria, es principalmente un ejercicio de intervención geopolítica. Esa es una de las cosas que estuvimos hablando con el comisario.

El anuncio de la cláusula de la nación más favorecida por parte de Donald Trump, una de las cosas que hizo fue generar una especie de reacción en cadena por parte de todos los operadores del ámbito del medicamento. A ese respecto, España lo que defiende son dos elementos. Por un lado, a nivel nacional los estados tienen que defender sus posiciones negociadoras con la industria farmacéutica. Por eso, nosotros incluimos en la ley de cribados una enmienda para proteger la confidencialidad del precio neto, mientras avanzamos en otros ámbitos en transparencia y negociaciones en materia de precio. La confidencialidad lo que nos garantiza es que la industria farmacéutica no va a retrasar su lanzamiento de medicamentos en nuestro país por miedo a que esos precios acaben vinculándose a los que tienen que pagar en Estados Unidos.

Pero, por otro lado, a nivel europeo creemos que es necesario regionalizar la respuesta. No tiene sentido que cada país dé una respuesta independiente y por eso en el seno del NKPR, el grupo de autoridades nacionales competentes de precio y reembolso, sí que hemos estado trabajando en la elaboración de un posicionamiento coordinado. Dicho esto, ese posicionamiento coordinado tiene que traducirse en acciones concretas.

No basta simplemente con que digamos que la Unión Europea tiene un mercado, en términos de número de personas superior al de Estados Unidos y además una cobertura sanitaria superior a la de Estados Unidos, lo cual hace que luego el mercado efectivo sea mayor. Si luego cuando vamos al ámbito del acceso a medicamentos, una vez autorizado por la Comisión Europea, a lo que nos enfrentamos es a un mercado fragmentado en 27 partes, perdemos esa capacidad de generación de escalas.

Por eso, una de las cosas que debatimos con el señor Várhelyi y con el comisario el otro día fue una enmienda que España va a llevar al Consejo de la Unión Europea, al Biotec Act, sobre la creación de una especie de caja de herramientas, de medidas basadas en la gestión de la demanda para acelerar el acceso temprano a medicamentos en nuestra región. Si creemos que el principal problema de nuestra región se encuentra en la fase inicial de acceso al mercado entre la aprobación por parte de la Comisión y la decisión de precio y financiación por parte de los Estados miembros, hay medidas como la que nosotros hemos propuesto para actuar ahí de manera muy concreta. Ahora mismo, una vez presentada a la Comisión, tanto al comisario como a la Dirección Genera de Sanidad, estamos presentándolo a algunos operadores del sector salud en Europa y sobre todo a los Estados miembros.

El pasado verano se anunció la elección de Zaragoza como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, tan esperada después de la pandemia. ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos y cuándo se prevé que esté ya funcionando al 100%?

Creo que fue una buena noticia que pudiéramos tener sede. Está claro que Aragón tiene algunas singularidades que hace que sea una buena elección, tanto por ecosistema científico-técnico como también por instalaciones. Ya ha habido, en estos días, reuniones entre los equipos técnicos del Ministerio de Sanidad y los del Gobierno de Aragón para ver cuáles van a ser los siguientes pasos y, por nuestra parte, estamos ya pendientes de mandar además por tramitación de urgencia al Consejo de Estado el estatuto para que eche a andar. Una vez fuera aprobado, se pondrá a funcionar la Agencia Estatal de Salud Pública con una sede provisional mientras se van haciendo las obras de acondicionamiento de la sede definitiva y con los equipos que tienen que ir integrándose dentro de los que ya existen.

Una vez se apruebe el estatuto, esos equipos de la Dirección General de Salud Pública y del Centro Nacional de Epidemiología pasarían a formar parte de la agencia y a funcionar integrados dentro del comité de dirección del Ministerio de Sanidad y del organigrama, pero con un consejo rector provisional que tendría que encargarse además de la elección de la primera persona que estaría a cargo de la dirección de la Agencia Estatal de Salud Pública.

Comentábamos antes de empezar esta entrevista la situación de Ceuta. Usted fue ayer a la ciudad autónoma y pudo comprobar de primera mano cómo ha ido avanzando. Quería preguntarle cuál es ahora mismo la realidad sanitaria tanto de las personas migrantes como de los ceutíes ¿Qué acceso tienen a la sanidad? ¿Considera que se podía haber gestionado de otra forma, por ejemplo, habilitando algunos espacios antes para evitar ciertas situaciones poco higiénico-sanitarias?

La situación de Ceuta en su conjunto va cambiando semana a semana. Nosotros estuvimos allí el 24-25 de agosto, el 2-3 de septiembre y también el día de ayer. La ministra estuvo también hace unas semanas y está en el día de hoy allí. Y, sobre todo, está allí todo nuestro equipo de Ingesa. Yo siempre digo que nosotros no hemos llegado ni antes ni después, nosotros ya estábamos allí. El día 30 a las 2 yo estaba teniendo conocimiento ya de cuáles eran los refuerzos del 061 que se estaban poniendo en marcha para poder dar atención a las personas que llegaban a pie de playa en el Tarajal pero también atendiendo los dispositivos sanitarios.

La respuesta ha ido cambiando. Podemos decir que ha habido un primer mes de respuesta a la crisis hiperaguda con una incorporación de los profesionales que iban estando disponibles para poder ser contratados en un mes que todos aquí sabemos que es de especial complicación por ser agosto porque estábamos preparados para la gestión del verano cotidiano. Entonces, se incorporaron hasta 70 profesionales. En ese momento la gran prioridad era triple: poder dar la asistencia necesaria a la población migrante en situación irregular, no suspender en absoluto ninguna de las acciones sanitarias que estaban previstas para la población ceutí, además manteniendo circuitos separados de atención, y hacerlo sin suspender las vacaciones del personal sanitario. Y se ha hecho. Los únicos que han tenido que suspender las vacaciones han sido parte del equipo directivo pero no se ha hecho a profesionales clínicos.

Ahora estamos en una fase subaguda o postaguda, que son estos tres meses que vienen auspiciados por el Real Decreto Ley del Mando Único. Básicamente lo que nos viene a decir es que tenemos que seguir estabilizando la atención pero ya en lugares mucho más adecuados, en coordinación en materia de salud pública, vigilancia y vacunación con la ciudad. Llevamos en torno a 3.500 personas vacunadas.

Además, todo esto tenemos que hacerlo con el mantenimiento habitual de la asistencia. En el día de hoy se ha habilitado el servicio de urgencias de atención primaria con un circuito diferenciado para que el dispositivo de migrantes que teníamos en el Centro de Salud de Otero vaya a estar en este otro lugar de manera específica, que es mucho mejor para profesionales y pacientes. La campaña de vacunación sigue desarrollándose con total normalidad. Y la coordinación cada vez es mayor.

Las primeras manifestaciones del Ministerio de Sanidad de esta crisis fueron que lo fundamental era desarrollar lugares de alojamiento para que esas personas estuvieran en zonas salubres, que son mejores en términos de salud pública, de dignidad humana y de gestión migratoria porque para poder hacer un expediente necesitas que esa persona esté en un lugar donde puedas identificarla. Ha sido y sigue siendo nuestra prioridad porque todavía hay gente en la playa del Trampolín.

¿Se hubiera podido hacer antes? En el año 2021 se hizo antes, pero entonces la colaboración por parte de todas las instituciones fue distinta a la que tenemos ahora.

Hemos visto de camino a Toledo la noticia de que la Audiencia Nacional ha levantado el veto a la apertura del dispositivo del puerto. Ahí van a poder ir hasta 1.800 personas cuando esté plenamente desarrollado. Esa es la prioridad: que los expedientes de retorno se vayan gestionando y también los expedientes de asilo de los que tengan derecho a él para que cuanto antes se pueda volver a la normalidad en la Ciudad de Ceuta.

Comentaba antes precisamente que para final de año prevén que esté ya listo el Real Decreto que regula las condiciones de los MIR y los demás profesionales de la Formación Sanitaria Especializada. El sistema por el que se origina ahora ha cumplido 20 años. ¿Qué grandes cambios se esperan?

Creo que jornada, descansos y sueldo son los grandes titulares del Real Decreto, pero probablemente la mayor innovación tiene que ver con todo lo vinculado con los riesgos psicosociales. Además, recientemente en el comité consultivo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud fue justamente lo destacado. No basta simplemente con ejercer las labores de docencia de manera óptima y con ser un buen contratador, por decirlo de alguna manera, sino que es fundamental poder garantizar que hay un cuidado dentro de la residencia, que las unidades docentes tienen capacidad solvente para cuidar a sus residentes y para responder si hay alguna bandera roja que se levanta en algún momento cuando no cumplan con sus obligaciones a este respecto.

Creo que es importante el incremento salarial. Quiero mencionar que no es solo incremento salarial es también un elemento de redistribución. Es que el sueldo de los residentes no dependa tanto de las guardias que realizan, sino de su actividad ordinaria. Hay que tener en cuenta que no tenemos capacidad para regular el precio de la guardia, es algo que depende de las comunidades autónomas. Al disminuir ese número de guardias, hay un mayor tiempo para el descanso o incluso, para el desarrollo profesional fuera de ese horario. El decreto implicará una mayor protección de la salud laboral de los residentes a este respecto y una mejor ordenación de su horario de trabajo y la eliminación sin peros de las guardias de 24 horas.

El impulso a la reforma del real decreto va de la mano de la recuperación de las auditorías, porque hay que pasar por múltiples trámites, pero en términos generales tenemos que seguir avanzando hacia, primero, hacer un acompañamiento a las comunidades autónomas y a las unidades docentes para que puedan acreditar todos aquellos centros que tengan capacidad para dar atención docente, pero que todos aquellos centros que estén acreditados tengan también que garantizar que sean óptimos para ello. Y para eso no hace falta simplemente un real decreto que lo diga, hace falta unas auditorías que lo garanticen.

Esta entrevista la hemos repetido en el marco del Encuentro de Altos Cargos durante varios años. Ahora, la legislatura está encarando ya su última fase ¿ Ha sido más duro el trabajo como secretario de Estado de Sanidad de lo que hubiera previsto en un primer momento?

Es el tercer año que estamos aquí, así que todos los años ha habido alguna de estas entrevistas. Yo sí que creo que soy poco naif a la hora de afrontar la realidad de los cargos. Entonces, no lo considero ni más duro ni menos duro. Sí que creo que son cargos y momentos que han sido siempre tremendamente complejos. Si tuviera que señalar justamente los elementos positivos, el primer sería los insiders, que son los equipos funcionales del ministerio. Habitualmente son grandísimos olvidados cuando se habla de la política sanitaria, pero sin ellos es absolutamente imposible que se hable de los ministerios en general, pero muy especialmente del Ministerio de Sanidad. Sufrieron unos tensionamientos tremendamente grandes y yo creo que las primeras palabras de elemento positivo van hacia ahí.

Creo que el segundo elemento fundamental ha sido el de tener la capacidad de poder lograr una gran cercanía con el sector sanitario en toda su multiplicidad, independientemente, además, del sector farmacéutico. Un periodista me decía "he hablado con mucha gente del sector farmacéutico y una de las cosas que me dice de ti es que eres muy amable, que hablas mucho con ellos, que tienes mucho diálogo, pero que luego no les haces caso". Y yo siempre decía que tengo el mandato del diálogo, no el de la obediencia.

La obediencia se la debo a la gente. Creo que poder institucionalizar ese tipo de cosas es un elemento fundamental. Si tengo que decir con qué me quedo de una política concreta es con la aprobación del Real Decreto 10//2026, que es el reglamento de la Ley de Universalidad. Es una de las cosas que pienso: “He venido para esto”.

Con los equilibrios parlamentarios de la legislatura anterior, seguramente tendríamos ya reformadas absolutamente todas las leyes del cuerpo normativo del sistema nacional de salud. Pero algunas de las cosas que no salgan ahora, saldrán en algún momento. La ley de alcohol y menores si no saliera en los meses que queda, saldrá en algún momento porque nosotros ya la recogimos de otros con anterioridad. También tengo la conciencia de que esto es infinito. Afortunadamente hemos venido aquí a trabajar. No hemos parado. Eso hace que surjan proyectos nuevos en todo momento.

Probablemente una de las grandes damnificadas de esto es nuestra subdirectora de normativa, a la cual se le acumulan los expedientes normativos encima de la mesa para trabajar en ellos y repasarlos. Ahora sí que es verdad que estamos ya en la fase de ir recopilando, ordenando y terminando. Es verdad que ha sido una legislatura en la que parecía que todo el mundo iba vaticinando el apocalipsis para el día siguiente, desde el día 24 de julio de 2023, pero estamos a día 17 de septiembre de 2026 y aquí seguimos. Seguimos además con la certeza de que al menos hay un par de proyectos legislativos que esperemos que salgan adelante.

¿Cómo ve su futuro personal y el del Ministerio a corto o medio plazo? ¿Qué perspectivas se plantean para una posible futura próxima legislatura?

Yo ya dije hace unos meses que no iba a volver a la política parlamentaria. Mi periodo parlamentario pasó, y sobre todo creo que tengo la suerte de poder tomar esa decisión por la mejor de las razones, y es porque no hago falta. Yo dejé todo muy ordenado con el mejor recambio posible en la Comunidad de Madrid cuando me fui al Ministerio, con la mejor portavoz de Sanidad posible en la Asamblea: Marta Carmona. A ese respecto creo que no hago falta ya más ahí, por lo cual puedo dejar la vida parlamentaria para un lado.

Para gestionar siempre estaré disponible, y luego yo tengo la suerte de tener la mejor profesión del mundo, que es la de médico de Familia. Tengo la suerte de haber pasado estos últimos años mi lugar profesional, probablemente en el que sea el lugar que atesora un mayor nivel de 'expertise' y complejidad técnico-política de la política sanitaria, que es el de la Secretaría de Estado. Se encuentra en la encrucijada justamente de esos dos ámbitos. Entonces, sé que no estaré en la política general, estaré en el ámbito de la sanidad, ya sea en el ámbito clínico o ya sea en otro lugar. Como me veo es seguramente más tranquilo.