En el Área de Salud de Ceuta “llueve sobre mojado”. Lo confiesan desde el equipo médico del servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Universitario de Ceuta (HUCE), donde a partir de septiembre serán tres, tras la jubilación de un facultativo. Una de las doctoras que se quedan está ya en prórroga de su vida laboral, a la que le quedan pocos años. La esperanza del departamento residía en el radiólogo que, meses atrás, se comprometió a incorporarse el mismo mes que dejaban de ser cuatro. Ahora prefiere esperar “y ver cómo va la cosa”. La entrada masiva de más de 70.000 personas en apenas 48 horas desde Marruecos ha terminado de convencer a varios facultativos de abandonar o posponer la decisión de trabajar en la ciudad. El próximo mes se marchará un traumatólogo que ya había solicitado el traslado antes de la crisis, pero que ahora lo tiene aún más claro. Lo hará de manera inminente, dejando al servicio con el mismo número que el de Rayos. Pese a que en ambos calculan que deberían ser entre 7 y 9. Su situación ya era “difícil” antes de la avalancha; ahora, confiesan desde Radiodiagnóstico, Cirugía, Otorrinolaringología y Urgencias, están “colapsados”.
La ministra de Sanidad, Mónica García, defendió durante su comparecencia en Ceuta el 16 de agosto que las cifras no permiten hablar técnicamente de colapso sanitario. La información que utilizó para justificarlo fue acerca de la ocupación de camas, que, según los últimos datos actualizados a 30 de agosto, se encuentra a la mitad, con 104 camas en uso y 104 libres. “Esto no es una situación de colapso en sí misma”, dijo García. Sin embargo, desde el servicio de Cirugía General la desmienten: “No hay camas. No sé de dónde se sacan las cifras, pero no es cierto. Tenemos que dar altas para que los nuevos pacientes puedan ingresar al día siguiente”.
“Estamos colapsados en el sentido de que, si el paciente esperaba antes dos o tres horas para ingresar, ahora espera seis. Los pacientes pasan horas en Urgencias esperando que se habiliten camas”, insiste la fuente consultada, que prefiere mantener su identidad en el anonimato. El departamento de García ha informado de que el HUCE cuenta con 175 camas en condiciones normales, que han ampliado a 212 a raíz de la crisis. Días antes de la llegada de la ministra a Ceuta, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) ordenó habilitar una parte de la tercera planta (donde Obstetricia) para ampliar la capacidad, además de otro espacio con 32 camas en el Centro de Salud del Tarajal.
Ni la una ni la otra se están usando ni están dotadas de médicos y enfermeras, según aseguran varias fuentes sanitarias consultadas. Una de ellas conoce los cálculos del Ministerio: “Cuentan también las camas de Pediatría, que suelen estar vacías; la parte de Obstetricia igual. Además, si tienes un infeccioso en una cama, la otra la tienes que bloquear, pero también la cuentan. Esa es la trampa. Por eso, aunque dicen que sí, no hay camas libres”, añaden en declaraciones a Redacción Médica.
Desmienten también que la asistencia sanitaria de los ceutíes no se haya visto afectada, como afirmó la ministra. Fuentes médicas del HUCE que también optan por el anonimato garantizan que “se han retrasado cirugías programadas en lista de espera para poder solucionar el gran número de lesiones de los migrantes”. Además, en Cirugía General han notado un descenso de la asistencia a autóctonos en Urgencias en el último mes. Aseguran que se debe a que “muchos deciden no venir por miedo a contagiarse” de las enfermedades infecciosas que se han detectado en algunos de los llegados en la entrada masiva. Entre ellas, tuberculosis, sarna, impétigo y otras infecciones gastrointestinales.
Una zona de difícil cobertura
Las fuentes del departamento quirúrgico critican que la ministra no se reunió con los jefes de servicio del hospital durante su visita a Ceuta. Si lo hubiera hecho, sabría que están “forzando una máquina que ya va forzada”. “Y que sale adelante porque la gente trabaja”, añaden. En Cirugía General son ocho profesionales, y los dos últimos fueron contratados con muchas “dificultades”. Mónica García fue preguntada sobre si, a raíz de la crisis, se plantean retomar la configuración de los puestos de trabajo sanitarios del INGESA en Ceuta y Melilla como de Difícil Cobertura. Así se estableció en el Boletín Oficial del Estado del 21 de febrero de 2023, con el objetivo de adoptar medidas de atracción de profesionales. Un año más tarde, se modificaron los requisitos y el Ministerio dijo que ninguna de las ciudades los cumplía. La responsable gubernamental respondió insistiendo en que no se cumplen los ítems. Y aseguró que “es muy poquita la gente que realmente quiere dejar de trabajar en Ceuta”.
Sin embargo, todas las fuentes médicas consultadas coinciden en que conocen a compañeros que se plantean irse de la ciudad por miedo o inseguridad ante la situación que atraviesa Ceuta. “La gente no va a querer venir. Si los radiólogos no querían venir antes, ahora menos. Hay compañeros que pidieron traslados hace tiempo, y con esto lo tienen aún más claro”, señala una de ellas.
La ministra de Sanidad presumió durante su comparecencia de que su equipo había conseguido “contratar a 60 personas más para todo el circuito asistencial, tanto de atención primaria como de urgencias como de hospitalaria”. Días después, el secretario de Estado, Javier Padilla, elevó la cifra a 90 profesionales. Sin embargo, en paralelo, la Gerencia de Atención Sanitaria del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) en Ceuta envió cartas a casi todos los servicios de Atención Especializada solicitando un listado de los facultativos dispuestos a realizar guardias voluntarias en Urgencias debido a “la situación migratoria”.
Padilla reconoció la petición de refuerzos y la justificó arguyendo que no quieren “poner cortapisas” a la posibilidad de que sus facultativos colaboren. Hasta el momento, el Ministerio de Sanidad aún no ha desglosado el dato de los 90 supuestos nuevos contratos. El secretario de Estado, ante preguntas de la prensa, esbozó el 25 de agosto que en torno a cuatro son médicos para Urgencias, al menos 39 son técnicos y 29, enfermeras. La ministra aseguró que el volumen de personal es suficiente para atender la demanda y como prueba relató que no tuvieron que pedir a ningún sanitario que renunciara a sus vacaciones. Sin embargo, fuentes médicas del HUCE han asegurado que a los facultativos se les han suspendidos los permisos especiales de libre disposición que llaman “P6”.
Sobre los nuevos contratos, un médico de Urgencias contactado asegura que no han notado el refuerzo, y que, al contrario, son “menos, porque hay personal de vacaciones”. En el servicio reconocen sentirse “colapsados” desde el 30 de julio. Solo el primer día, según fuentes de la unidad, superaron “las mil” asistencias. El doctor consultado define la asistencia en el servicio desde la entrada masiva como “prácticamente una medicina de guerra”. Y un enfermero reconoce que echó en falta “un mando único que dirigiera toda la situación y pusiera en orden en esta orquesta sin dirección”.
Los sanitarios de Atención Primaria y del 061 que prestan la asistencia sanitaria a los migrantes a pie de calle, en la playa del Trampolín y otros asentamientos de la ciudad, se quejan de la falta de “instrucciones claras” por parte de las autoridades sanitarias. Las mismas que activaron el 30 de julio, según transmitieron a la prensa, el Plan de Actuación ante Catástrofes Externas, pero no abrieron el área destinada a este tipo de situaciones hasta el 11 de agosto, como ha informado el médico de Urgencias contactado.
Además, varios profesionales del servicio protagonizaron el 14 de agosto un encontronazo en redes sociales con INGESA. La institución publicó una foto del interior del servicio y la acompañó de un texto donde comunicaban que allí habían ofrecido 108 asistencias el día anterior. Médicos y enfermeras respondieron a la publicación reprochándoles que mentían y que estaban “manipulando para dar una imagen que no es”. “No nos vendáis la moto… ¡Que no! No damos abasto, salimos agotadas física y mentalmente”, rezaba uno de los comentarios. Según los profesionales, atienden “entre 300 y 400” pacientes al día.
Los servicios saturados
El teléfono “no deja de sonar durante toda la guardia”. Es una confesión que comparten las fuentes de los servicios de Cirugía General, Radiodiagnóstico y Otorrinolaringología del HUCE consultados por Redacción Médica. Otros médicos anónimos extienden el problema también al servicio de Traumatología. Todos ellos aseguran que, según sus cálculos, han pasado todo el mes de agosto atendiendo en torno al “doble” de pacientes que antes del 30 de julio. Sobre todo, han operado heridas de arma blanca, alguna de fuego y traumatismos.
Los primeros días, las lesiones que llegaban a Urgencias eran consecuencia de la avalancha humana; en adelante, han sido (y son) heridas fruto de “peleas entre ellos”. Las primeras son “muy frecuentes” en la agenda actual de los cirujanos, que, si antes de la entrada masiva operaban “tres casos al día”, ahora intervienen seis, de los cuales “la mitad son heridas por arma blanca”: “Casi no teníamos y ahora es el pan de cada día”. A esto se suman las “patologías crónicas previas” o infecciones propagadas como la pólvora por las condiciones de insalubridad en las que viven en los asentamientos.
Uno de los principales problemas que todos observan que buena parte de las dolencias se acaban complicando “por la falta de seguimiento y la falta de adherencia del paciente a su tratamiento”. Desde Cirugía lo ejemplifican con el caso de los chicos que llegan con apendicitis. Han sido varios. Relatan que, normalmente, a este tipo de pacientes les da el alta “al día siguiente”. Pero a los migrantes los mantienen ingresados por más tiempo, conscientes de que al salir del hospital irán a la calle, donde no pueden garantizar que vayan a seguir las indicaciones farmacológicas. Prefieren dejarlos hospitalizados para “alargar la toma de antibióticos”. Aún así, son muchos los que llegan a Urgencias con heridas “reinfectadas” que han sido previamente tratadas.
En Otorrinolaringología calculan que se ha incrementado “casi por diez el número de pacientes” que atienden. Hasta ahora, “lo normal” del verano para ellos era intervenir por “una fractura nasal o dos” durante la Feria, que este año ha tenido que cancelarse con motivo de la crisis. Este mes, en solo una semana han operado “seis fracturas, tres nasales y tres de mandíbula”. Todas fueron consecuencia de peleas entre migrantes. A uno de ellos le “destrozaron” la nariz entre siete personas y le causaron una lesión en el nervio óptico, según informan. Se han evacuado a Cádiz a varios migrantes que requerían de la atención de un cirujano maxilofacial, perfil con el que no cuenta el HUCE.
Menores de edad atendidos en Ceuta
Algunos de los pacientes que atienden son menores de edad. Desde Cirugía señalan que no les pueden dar el alta a los niños y adolescentes “sin garantizar que se van a un lugar seguro”. El problema es que saben los mandan “a la calle”. “Cuando la Policía trae a algunos del CETI (el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes), después ellos vienen a recogerlo y se los llevan de vuelta al centro. Ahora no viene nadie”, lamentan.
A la complejidad de la atención a personas vulnerables y en situación de calle se le suma la actitud de algunos voluntarios de organizaciones. Según narran las fuentes consultadas, estas personas acceden a las plantas del hospital y reclaman a los facultativos “cosas que no les corresponden”. “Te hostigan, te preguntan por qué no se les operó antes, por qué no se hizo esto… Y no sabemos quiénes son. Ni siquiera deberían entrar en el hospital porque no son familiares”, cuentan.
Desde el servicio de Cirugía aseguran que “el trabajo sale, pero a costa de trabajar el triple”. Y pese a todas las complicaciones, advierten de que el déficit de radiólogos se ha convertido en el principal cuello de botella del HUCE. “El verdadero problema del hospital es que no hay radiólogos. Hay tres, y deberían ser al menos 10”, afirman. A partir de septiembre, serán solo tres para una atender un área de salud con más de 73.000 tarjetas sanitarias, según los últimos datos proporcionados por INGESA a cierre de 2025.
Bajo mínimos
En Radiodiagnóstico, la situación obliga a cada facultativo a asumir guardias durante semanas completas y a mantener la cobertura de un servicio que debe funcionar las 24 horas del día. Las mismas fuentes alertan de que la falta de personal médico en Rayos está obligando a limitar determinadas pruebas diagnósticas. “Si antes había que hacer diez ecografías y ahora veinte, llega un momento en que físicamente no se puede asumir”, señalan. A ello se suma la dificultad para captar nuevos especialistas. Según explican, muchos radiólogos optan por plazas en la Península que permiten teletrabajo parcial o por la sanidad privada, donde las condiciones económicas son más competitivas.
La preocupación aumenta ante la edad de buena parte de la plantilla. Dos de los tres radiólogos superan los 60 años y una de las profesionales continúa trabajando tras haber prorrogado su jubilación. “Si uno de ellos enferma, tendremos un problema muy serio para diagnosticar no solo a los migrantes, sino al conjunto de la población de Ceuta”, alertan desde Cirugía.
Fuentes del servicio coinciden en el diagnóstico. Recuerdan que la plantilla orgánica ya contemplaba en 2021 la necesidad de siete radiólogos, antes incluso de la incorporación de la resonancia magnética. El INGESA ha tenido que externalizar los informes de la resonancia, además de los TAC, debido a la falta de facultativos. Para cumplir con los límites legales de jornada y garantizar la asistencia serían necesarios al menos nueve especialistas, según las fuentes consultadas.
Aunque parte de los informes se han externalizado mediante conciertos con empresas privadas, las guardias continúan recayendo sobre los profesionales del hospital. De hecho, prevén realizar hasta diez guardias mensuales por médico. A la presión estructural se ha sumado el aumento de actividad derivado de la crisis migratoria. Los técnicos de Radiodiagnóstico realizan diariamente decenas de pruebas ordenadas por la Fiscalía para la determinación de edad de menores extranjeros, además de radiografías vinculadas a los controles sanitarios y a la asistencia ordinaria. “Antes se hacían unas veintitantas al día y hemos llegado a registrar alrededor de 40 en una sola jornada”, explican.
Las urgencias asociadas a la llegada masiva de migrantes también han incrementado la carga asistencial durante las guardias. Los radiólogos aseguran que reciben avisos prácticamente a diario por traumatismos graves, especialmente fracturas faciales y lesiones maxilofaciales. “En todas las guardias estoy viendo al menos una o dos fracturas faciales. Es algo que no había visto nunca con esta frecuencia”, concluyen.
Es uno de los servicios “más castigados” por la falta de personal, como reconocen fuentes médicas. Lo mismo que Traumatología, que son tres y también deben garantizar la cobertura asistencial durante 24 horas, por lo que hacen muchas más de las cuatro guardias al mes estipuladas. Les está permitido ya que son localizadas. Pero, y más después de la crisis, aseguran recibir llamadas constantemente.
La lista de espera para consultas con el traumatólogo ya rozaba el año antes de la crisis. Ello, acorde a decenas de testimonios de pacientes a quienes no dan cita hasta meses después de que el médico de Primaria ordene la interconsulta. En la administración les piden sus datos, los apuntan en una lista y les dicen a todos “ya le llamaremos”. Y pueden pasar meses esperando. Algunos relatan haber recibido el contacto pasados los 12. Al telefonearlos, los citan para unos días o unas semanas después. Y ese es el tiempo que el INGESA contabiliza de espera. Por eso, según los datos oficiales del Ministerio de Sanidad, hay menos de 10 días de espera para la consulta de trauma”.