El Ministerio de Sanidad ha desplegado una dura batería normativa para 2026 que busca fiscalizar al milímetro las adjudicaciones sin concurso y blindar a la Administración ante posibles situaciones de explotación en los servicios externalizados. Según la última memoria del Plan de Contratación del Ministerio de Sanidad de 2025, el organismo que dirige Mónica García impondrá a sus gestores medidas concretas para depurar el uso de fondos públicos y atajar irregularidades en la incorporación de personal.
El Ministerio tramitó 76 contratos menores durante el último año, una cifra que refleja una dependencia excesiva de este formato excepcional. Frente a esta realidad, el informe sentencia que esta figura legal debe quedar circunscrita "exclusivamente a la atención de necesidades puntuales, esporádicas, concretas, perfectamente definidas y de carácter urgente", vetando su uso para dar cobertura a carencias "previsibles o recurrentes". El organismo defiende que imponer un uso riguroso y restrictivo del contrato menor resultará vital este año para lograr una "prevención de prácticas irregulares y reducción de riesgos jurídicos y reputacionales".
Líneas rojas laborales
El escrutinio se eleva al máximo nivel en el área de las externalizaciones, sector que aglutinó 146 adjudicaciones por valor de 63,4 millones de euros en 2025. Ante este volumen económico, Sanidad matiza que el objetivo primordial es "reforzar la seguridad jurídica de la contratación administrativa y prevenir de forma efectiva situaciones de cesión ilegal de trabajadores". Las instrucciones internas advierten severamente a todas las direcciones generales que "en ningún caso se podrá instrumentar la contratación de personal a través de contratos de servicios". Los empleados públicos deberán mantener una "separación funcional" absoluta y respetar siempre "el poder de dirección que corresponde a la entidad prestadora de servicios sobre el equipo de trabajo".
Régimen sancionador
Para garantizar un cumplimiento sin fisuras, el texto prohíbe taxativamente que al finalizar las prestaciones externas se produzca "la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto de la misma como personal de la entidad contratante". El documento recuerda que saltarse estas directrices acarreará consecuencias directas, ya que la inobservancia de las reglas dará lugar a "la exigencia de las oportunas responsabilidades disciplinarias de los empleados públicos infractores".
Las nuevas directrices ministeriales marcan un punto de inflexión normativo destinado a asegurar un control férreo sobre los proveedores externos y erradicar la arbitrariedad en la contratación pública.
Tipología de los contratos
El Ministerio de Sanidad adjudicó "un total de 243 contratos y encargos a medios propios" durante el ejercicio 2025, consolidando un desembolso exacto de 115.585.063,58 euros. La institución detalla que el grueso de este capital se canalizó a través de los contratos de "servicios", una tipología que absorbió 63.433.356,09 euros mediante 146 expedientes distintos. El organismo aclara que la segunda mayor partida económica correspondió a los expedientes de "suministros", con un gasto de 30.208.126,68 euros fragmentado en 57 licitaciones.
La Administración detalla que destinó 21.198.197,98 euros al formato legal del "encargo a medios propios", cerrado mediante 13 operaciones. Finalmente, el balance económico concreta que el presupuesto restante se dividió entre los 585.217,50 euros gastados en 23 adjudicaciones de tipo "patrimonial" y los 160.165,33 euros limitados a solo cuatro contratos de "obras".