El Gobierno ha aprobado este martes el Proyecto de Ley de Integridad Pública para endurecer el control sobre la contratación de, por ejemplo, material sanitario. La norma exigirá a las gerencias sanitarias mayor justificación en las compras rápidas e introduce algoritmos que rastrearán conflictos de interés en los recursos humanos.
El Ministerio de Hacienda diseña esta nueva arquitectura legislativa con un mandato claro. El texto argumenta que combatir la corrupción equivale a proteger los servicios públicos y garantizar su calidad asistencial. Para lograr este objetivo, la normativa establece una auditoría estricta sobre las adjudicaciones y obliga a las administraciones a trazar mapas de riesgo sistemáticos frente al fraude.
Las administraciones sanitarias se enfrentan así a un cambio operativo inmediato en la provisión de suministros. El documento exige una mayor justificación técnica para recurrir a la contratación de emergencia. Paralelamente, el marco legal fomenta la adquisición centralizada de material y la estandarización de los procedimientos, restando margen a la discrecionalidad administrativa en la firma de expedientes.
Rastreo algorítmico
La tecnología asume un papel supervisor directo sobre los presupuestos públicos. El proyecto amplía el uso de la herramienta informática MINERVA. Esta plataforma detectará de forma automática cualquier conflicto de intereses latente en contratos, subvenciones y recursos humanos. El algoritmo cruza bases de datos para alertar sobre anomalías, interceptando las irregularidades de forma temprana.
Castigo al proveedor
La presión regulatoria también recae sobre la industria proveedora del ecosistema sanitario. La ley incrementa de 15 a 20 años las penas máximas de inhabilitación y la prohibición de contratar con la Administración para aquellas empresas corruptas. Aclara, además, que el registro oficial de prohibiciones de contratar se transforma en una base de datos pública y accesible.
Una nueva Agencia Independiente de Integridad Pública coordinará esta red de vigilancia. Este ente gestionará un canal de denuncias protegido y amparará al informante frente a posibles represalias laborales. Su labor termina en la recuperación de activos, persiguiendo la restitución de todo euro público perdido para asegurar que los fondos robados regresen íntegros al sistema.