El sistema sanitario y el Estado del bienestar británico necesitan una profunda transformación para evitar que los problemas de salud, especialmente los relacionados con la salud mental, conduzcan a miles de jóvenes a una situación de inactividad laboral y dependencia de las prestaciones sociales. Esta es una de las principales conclusiones del informe 'From a Welfare State to a Working State', elaborado por el exministro de Sanidad Alan Milburn, asesor del primer ministro británico Andy Burnham, que propone pasar de un modelo centrado en tratar enfermedades y conceder ayudas económicas a otro basado en la prevención, la atención temprana y la incorporación al mercado laboral.
El documento advierte de que la salud se ha convertido en uno de los principales factores de exclusión educativa y laboral de los jóvenes británicos. De hecho, el 28,4 por ciento de quienes no estudian ni trabajan identifica la discapacidad o los problemas de salud como su principal motivo de inactividad. Además, entre 2011 y 2025, la proporción de jóvenes con discapacidad fuera del mercado laboral que señalan la salud mental como su principal problema sanitario ha pasado del 24,3 al 42,6 por ciento.
Ante esta situación, el informe plantea que el Servicio Nacional de Salud británico (NHS) abandone un modelo excesivamente centrado en el diagnóstico, las listas de espera y el tratamiento para apostar por la prevención y la intervención temprana. Entre sus recomendaciones figura facilitar apoyo psicológico sin necesidad de esperar a un diagnóstico formal, establecer una puerta de entrada digital universal a los servicios de salud mental y ampliar los dispositivos comunitarios, con al menos un centro de apoyo temprano en cada autoridad local de nivel superior de Inglaterra.
También propone introducir tiempos máximos nacionales de espera en salud mental infantojuvenil para 2028, tanto para las evaluaciones como para el inicio del tratamiento o de otras intervenciones. El nuevo modelo podría proporcionar atención preventiva y temprana a hasta 930.000 jóvenes durante cinco años y necesitaría unos 4.500 profesionales, aunque la mayoría procederían de la redistribución y capacitación de las plantillas existentes.
Mejorar la eficiencia del sistema sanitario
Otra de las prioridades es mejorar la eficiencia del sistema sanitario. El documento propone reorganizar los recursos para reservar la atención especializada a los pacientes que más la necesitan y reducir las intervenciones innecesarias. En particular, plantea revisar la financiación pública de los proveedores privados de diagnósticos de autismo y TDAH, restringiéndola cuando incumplan los estándares exigidos y vinculando los pagos a la calidad asistencial. Asimismo, estima que equiparar los precios de las evaluaciones de los proveedores independientes a los del NHS podría reducir los costes unitarios de los diagnósticos de TDAH en un 75 por ciento y los de autismo en un tercio, con ahorros potenciales de cientos de millones de libras anuales.
El informe también reclama trasladar fuera de las consultas de Medicina de Familia la responsabilidad de gestionar las ausencias laborales prolongadas por enfermedad, manteniendo la atención clínica en manos de los médicos de familia. Además, propone que los organismos territoriales del NHS asuman objetivos de reducción de la inactividad juvenil y rindan cuentas sobre sus resultados. El sistema sanitario debería evaluarse no solo por la actividad asistencial que desarrolla, sino también por su capacidad para mantener a los jóvenes vinculados a la educación y al empleo. Como principal empleador del país, el NHS también debería facilitar su contratación, con el objetivo de que el 10 por ciento de las vacantes de acceso inicial de sus grandes empleadores se destinen a jóvenes que no estudian ni trabajan.
En cuanto al Estado del bienestar, el documento sostiene que el actual sistema de prestaciones por enfermedad y discapacidad favorece, en demasiados casos, una dependencia prolongada de las ayudas económicas. Advierte de que el gasto en estas prestaciones para jóvenes ha pasado de 1.700 millones de libras en 2019-2020 a 4.700 millones en 2025-2026 y podría alcanzar los 8.800 millones en 2036-2037.
Para revertir esta situación, Milburn propone crear un sistema específico de protección social para menores de 25 años, con una prestación básica juvenil que sustituya parte de las ayudas actuales, fondos flexibles para cubrir necesidades sanitarias y gastos derivados de la discapacidad, y una protección económica reforzada para quienes presenten discapacidades graves y permanentes que les impidan trabajar. El modelo también eliminaría la actual evaluación de capacidad laboral para estos jóvenes y sustituiría la prestación por independencia personal (PIP) por una ayuda centrada en los costes adicionales significativos y persistentes asociados a la discapacidad.
La reforma se apoyaría en dos nuevas garantías legales: el derecho a recibir oportunidades reales de formación o empleo y el derecho a disponer de los apoyos sanitarios, económicos y sociales necesarios para aprovecharlas. Para hacerlas efectivas, propone crear un Servicio de Oportunidades Juveniles que proporcione un asesor en un plazo de 14 días, establezca un plan individualizado en cuatro semanas y garantice el inicio del apoyo sanitario práctico necesario en un máximo de tres meses.
El nuevo sistema combinaría estos derechos con obligaciones de participación educativa o laboral cuando las circunstancias personales lo permitan. Incluso contempla retirar la prestación básica a quienes rechacen reiteradamente oportunidades razonables sin una causa justificada, aunque defiende que las sanciones sean excepcionales. Al mismo tiempo, propone reforzar el empleo con apoyo para personas con discapacidad y estudiar cuotas obligatorias de contratación en grandes empresas si las medidas voluntarias no ofrecen resultados suficientes. También plantea descentralizar competencias y financiación para integrar los servicios sanitarios, sociales y laborales en el ámbito territorial.
En conjunto, el informe aboga por sustituir un Estado del bienestar centrado principalmente en compensar económicamente la inactividad por otro orientado a prevenirla. Sus estimaciones apuntan a que las reformas podrían facilitar la incorporación de unos 440.000 jóvenes al empleo sostenido para 2036 y generar un ahorro anual de 3.600 millones de libras en prestaciones en el ejercicio 2036-2037. No obstante, reconoce que su aplicación requeriría inversiones iniciales importantes y que algunas personas podrían recibir inicialmente menos apoyo económico que con el sistema vigente. Todas estas medidas constituyen recomendaciones de un informe independiente y no reformas ya aprobadas por el Gobierno británico.
