La sanidad vive momentos de transformación. En Europa, la legislación busca adaptar los diferentes sistemas sanitarios a irrupciones como la inteligencia artificial o las nuevas tecnologías, mientras que los Estados miembros hacen frente a la escasez de médicos y a las elevadas listas de espera. Uno de los territorios que está trabajando para acabar con estos problemas es el portugués, aunque ha puesto encima de la mesa un modelo de gestión sanitaria un tanto polémico entre las fuerzas de izquierdas de la Assembleia da República.
Concretamente, el pasado 16 de octubre, la Cámara aprobó "na generalidade" -en primera vuelta- los proyectos de ley del PSD, CDS-PP y Chega para regular el acceso de ciudadanos extranjeros no residentes al Serviço Nacional de Saúde (SNS). Las propuestas buscan dar respuesta al fenómeno del 'turismo de salud' y establecen la exigencia de comprobantes de domicilio o de seguro de salud, así como el refuerzo de los mecanismos de cobro de los cuidados prestados.
Una de esas normativas se registró el pasado mes de mayo bajo la firma del partido portugués Chega. Si ahonda en profundidad, la iniciativa legislativa plantea una modificación sustancial de la Ley de Bases de la Salud y del Estatuto del Serviço Nacional de Saúde (SNS) para obligar a los nacionales de países extracomunitarios que acudan a Portugal a costear los actos médicos de los que se beneficien.
Pérdida de la condición de beneficiario y cobro de urgencias
Según el texto de la propuesta, los ciudadanos de países no pertenecientes a la Unión Europea que no dispongan de residencia dejarán de ser considerados beneficiarios del sistema público. Por tanto, su derecho de acceso al SNS quedará estrictamente condicionado al pago de los servicios asistenciales consumidos. De salir adelante, la condición de beneficiario quedaría reservada en exclusiva a ciudadanos con residencia permanente o temporal, nacionales de la UE, inmigrantes con su situación legalizada y personas a las que se les haya concedido el derecho de asilo.
El proyecto de ley contempla una excepción para las situaciones de emergencia médica, garantizando la asistencia vital para personas no beneficiarias, tales como inmigrantes irregulares, apátridas o solicitantes de protección internacional pendientes de resolución. Sin embargo, la propuesta subraya que la atención de urgencia se realizará mediante el pago de los servicios prestados y no eximirá al paciente de la obligación de presentar a posteriori un comprobante de cobertura de cuidados de salud.
El impacto del "turismo de nacimiento"
El grupo parlamentario justifica esta batería de restricciones alertando de los "efectos devastadores" del turismo de salud, definiéndolo como una práctica en la que extranjeros viajan al país con el único o principal objetivo de recibir atención médica sin coste. Chega denuncia la proliferación de "consultores de inmigración" que llegan a ofrecer paquetes de 5.500 euros para tramitar el número de la Seguridad Social, el número fiscal y el identificador del SNS, fomentando un "turismo de nacimiento" masivo en los hospitales lusos.
Esta llegada de pacientes extranjeros de África, América del Sur y Asia estaría generando un cuadro de sobrecarga asistencial extrema, especialmente en casos de embarazos de alta complejidad, lo que, según los administradores de los centros citados en el texto, supone una "hemorragia" de recursos que pone en peligro la cohesión de las plantillas médicas y la sostenibilidad del sistema. El partido considera que el actual marco legal portugués, caracterizado por su tendencia a la gratuidad y unas leyes de nacionalidad permisivas, actúa como un incentivo perverso para estas prácticas.
Más de 45.000 atenciones sin cobertura
Para argumentar la urgencia de su propuesta legislativa, la formación se apoya en los últimos datos de la Inspección General de las Actividades en Salud (IGAS) publicados en noviembre de 2024. El informe oficial revela que, a lo largo de 2023, las urgencias hospitalarias del SNS atendieron a 43.264 ciudadanos sin estar amparados por seguros, convenios internacionales o la Tarjeta Sanitaria Europea.
La presión se agudizó significativamente durante aquel año, alcanzando las 45.476 atenciones sin cobertura solo en los primeros nueve meses de 2024. La proposición destaca el impacto crítico en zonas de gran densidad demográfica, revelando que en la Unidad Local de Salud de Almada/Seixal el 65,5 por ciento de los asistidos en los últimos años no tenían cobertura, una tasa que se dispara hasta el 97,7 por ciento en el caso de la Unidad Local de Salud de Amadora/Sintra.
Próximos pasos en la tramitación legislativa
Tras superar este primer gran filtro en la Asamblea, al ser respaldada por los partidos del Gobierno, con su aprobación en la generalidad, el proyecto de ley no entra en vigor de inmediato. La iniciativa pasa ahora a la fase de debate en la especialidad en el seno de la comisión parlamentaria correspondiente, donde los grupos políticos podrán proponer y votar enmiendas a los artículos concretos. Una vez concluida esta revisión detallada, el texto final regresará al pleno para someterse a la votación final global. En caso de ser definitivamente aprobado, la norma se remitirá al Presidente de la República para su promulgación y posterior publicación en el Diário da República, momento en el que se fijará su entrada en vigor.