Nueva polémica en Estados Unidos en torno al ámbito vacunal. Meses después de que Donald Trump anunciara un cambio en el calendario correspondiente a la población infantil, calificado de "anticientífico y peligroso" por la Academia Americana de Pediatría (AAP), el secretario de Salud de los Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr, anunciaba una nueva iniciativa destinada a "identificar, documentar, investigar y responder" manera exhaustiva cualquier problema de salud que haya sido notificado por los ciudadanos tras la administración de diversas vacunas.
Según explica el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) en un comunicado, el objetivo es mejorar la atención al paciente y los datos obtenidos "sobre posibles lesiones relacionadas con las vacunas". De hecho, el Gobierno estadounidense exigirá a sus profesionales que registren los eventos adversos relacionados con este tipo de fármacos en la historia clínica electrónica. Este requisito, explican, "proporcionará a los profesionales sanitarios una visión más completa del historial médico del paciente y reducirá la necesidad de que los pacientes tengan que repetir una y otra vez la misma información cuando reciban atención de diferentes profesionales sanitarios".
Reembolso del tiempo invertido
El departamento se abre, además, a reembolsar a los médicos el tiempo que dedican a presentar informes por posibles lesiones relacionadas con estos tratamientos en el Sistema de Notificación de Reacciones Adversas (Vaers). Con ello, se pretende "armonizar" este tipo de registros en Medicare "con las políticas habituales de reembolso de este programa". La intención es modernizar también este sistema de datos utilizado en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y basado en los informes de los profesionales sanitarios, para "simplificar la notificación y mejorar las herramientas disponibles para los investigadores y los profesionales médicos que investigan posibles señales de seguridad".
El proyecto también incluye la creación de una nueva clínica, inaugurada el pasado 5 de octubre, dedicada al estudio y la atención de los pacientes con efectos secundarios. La idea, es que los médicos e investigadores de los centros de salud les evalúen, estudien sus experiencias e investiguen las posibles causas de cara, dicen, a avanzar "en la comprensión científica de los problemas de salud notificados tras la vacunación".
Movimiento antivacunas
Sin embargo, detrás de este afán de protección y anticipación a posibles efectos adversos, subyace un poso de escepticismo vacunal que tanto el secretario como el propio presidente no han tenido reparo en mostrar en los últimos meses. En más de una ocasión Kennedy ha tildado de excesiva la inmunización de los niños, argumentando que llegan a recibir hasta 90 dosis antes de cumplir la mayoría de edad.
De hecho, la modificación del calendario vacunal pediátrico -con menos cantidad de vacunas recomendadas universalmente y separación de la triple vírica- le ha costado acciones legales al ejecutivo estadounidense, al considerar que Kennedy había infringido la legislación federal al reorganizar el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) de los CDC. Dicha orden judicial ha impedido al comité celebrar reuniones y formular recomendaciones sobre las vacunas que suelen ser necesarias para la cobertura del seguro.
Dichos cambios en las estrategias vacunales también han suscitado las críticas de la AAP, al considerar que "no hay pruebas que justifiquen cambios significativos en las directrices sobre vacunación infantil". Desde la entidad insisten en que administrar vacunas separadas de sarampión, las paperas y la rubéola, además de carecer de una base científica, no solo es "inviable" sino también "inseguro". Ya en la firma de la orden, tanto Trump como Kennedy ponían duda la seguridad de esta vacuna triple vírica y de los adyuvantes de aluminio, insinuando una relación con el autismo, a pesar de la inexistencia de estudios que validen dicha conexión.
Como telón de fondo a esta medida se sitúa el repunte de casos de sarampión, debido a una caída de las tasas de inmunización en torno a esta enfermedad contagiosa que ya se habría cobrado seis víctimas en Pensilvania entre los más de mil contagios y que habría llevado al gobierno de Nueva York a declarar el estado de emergencia y al país en su conjunto a tan solo un paso de perder su condición de país libre de sarampión.
Ya desde el principio de su mandato, Kennedy dejaba clara su postura respecto a las vacunas. Sin ir más lejos, en su primer año al frente del departamento decidió despedir a los 17 miembros expertos independientes del comité asesor sobre vacunas de los CDC para crear un nuevo equipo en el que figurarán miembros con perspectiva antivacunas.