El Consejo de Ministros ha acordado este martes interponer un recurso de inconstitucionalidad contra varios preceptos de la Ley valenciana de ‘prioridad nacional’. Entre ellos, las restricciones a acudir a un centro sanitario con el rostro cubierto, las trabas al aborto o la flexibilización de la oferta de comida saludable en colegios e institutos.
En las referencias del Consejo de Ministros se desarrolla este recurso de inconstitucionalidad contra preceptos de la citada Ley 5/2026 de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana. El gabinete de Pedro Sánchez invocará para ello la aplicación del artículo 161.2 de la Constitución Española, que otorga al Gobierno central la potestad de impugnar ante el Alto Tribunal decisiones adoptadas por las comunidades autónomas.
En primer lugar, el artículo 131 de la normativa valenciana establece la obligación de mantener el rostro descubierto en los centros de salud y hospitales. La ley autonómica avala la denegación de acceso, la expulsión del recinto y la imposición de sanciones económicas a quienes incumplan esta regla.
Para el Ejecutivo esta restricción, que afecta a usuarias de prendas como el burka o el niqab, genera un peligroso "efecto disuasorio” dado que les instaura un miedo a ser multadas o expulsadas cuando van a recibir atención médica. A juicio del Gobierno, esta situación supondría una vulneración de la Ley General de Sanidad, la misma que garantiza el derecho a la protección de la salud en condiciones de igualdad.
Titularidad del derecho a la vida de los no nacidos
El segundo punto de fricción entre los gobiernos central y valenciano radica en el artículo 143, que modifica la legislación autonómica para otorgar la titularidad del ‘derecho a la vida’ a los ‘no nacidos’. Moncloa considera que alterar el estatus jurídico del feto choca contra la doctrina del Tribunal Constitucional y crea un marco normativo para obstaculizar la interrupción voluntaria del embarazo. En este sentido, argumenta que esta maniobra podría utilizarse para bloquear el acceso al aborto en la sanidad pública contraviniendo la ley estatal y poniendo en riesgo la integridad y dignidad de las mujeres.
Finalmente, el recurso aprobado en Consejo de Ministros está orientado a blindar la obligación de los comedores escolares de ofrecer menús alternativos por motivos culturales o religiosos.
“La limitación de la obligación de ofrecer menús alternativos a las razones médicas (como celiaquía o alergias), con supresión de las religiosas o culturales, produce una discriminación indirecta por razón de religión”, recogen las referencias del Consejo de Ministros, lo que, a juicio de Moncloa.
El Ejecutivo argumenta que este precepto vulnera el Real Decreto 315/2025 de sanidad y nutrición, incurriendo en una discriminación indirecta que atenta contra las normativas estatales de salud pública y no discriminación.