La fumata blanca llegó a finales de 2025. Fue entonces cuando el Ministerio de Función Pública y los sindicatos acordaron una subida de sueldo para los empleados públicos, entre los que se incluyen los profesionales sanitarios. Para garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores, se firmó un incremento salarial del 2 por ciento para 2026, del 4,5 para 2027 y del 2 para 2028. En total, el crecimiento de los salarios para el periodo 2025-2028 es de un 11 por ciento. Ahora, con el adelanto electoral, los sindicatos trabajan para que se garantice esa subida. CSIF y CCOO explican a Redacción Médica que lo que quieren es que el Gobierno apruebe un Real Decreto Ley antes de agotar la legislatura.
Mientras, UGT asegura que "la arquitectura legal" y la "ingeniería legislativa" es lo suficientemente fuerte como para poder aprobar el alza de salarios, independientemente de lo que ocurra el 29 de noviembre. “No existe ningún tipo de problema ni para el Gobierno actual, aunque esté en funciones, ni para el próximo”, declaraba recientemente la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque.
¿Cuál es la postura de cada sindicato?
El Ministerio de Óscar López, al que ha preguntado este periódico, se limita a recordar los plazos que se acordaron para el aumento de las retribuciones. Por el momento, se han cumplido, pero lo que buscan las centrales es blindar la subida de 2027. CSIF insiste en que lo que ellos piden es que el Gobierno apruebe un Real Decreto Ley y que lo convalide la Diputación Permanente. Para ello quedan poco más de 40 días.
Comisiones Obreras tiene la misma apuesta. Fuentes sindicales explican que las negociaciones ya se han hecho y no hace falta volver a negociar. La pelota ahora está en el tejado del Gobierno, que debería aprobar la subida antes del 29 de noviembre. Desde el sindicato confían en que Función Pública está ya trabajando en ella y esperan que vea la luz antes del final de la legislatura.
Mientras, UGT se desmarca, en parte, de esta postura. Isabel Araque aseguró estar tranquila con respecto al acuerdo. ”Está cerrado, pactado en toda la amplitud de sus puntos desde noviembre de 2025”, aseveró, despejando así posibles dudas con respecto a su continuidad.
Además, desde el sindicato defienden que hay diferentes fórmulas que permiten aprobar la medida, sea cual sea la situación del Gobierno de España. “Tanto la Diputación Permanente del Congreso como el propio Consejo de Ministros, esté o no en funciones, tienen la arquitectura legal correspondiente y la ingeniería legislativa para hacer posible que el 4,5 por ciento no esté pendiente de ninguna cuestión”, concluyen.