El Gobierno de España ha aprobado el Plan de Acción de Juventud 2025-2028, una hoja de ruta que sitúa la salud integral como uno de sus ejes prioritarios. El nuevo documento aborda de frente las "pandemias silenciosas" que castigan a las nuevas generaciones, desplegando una inversión "histórica" para combatir el deterioro de la salud mental, las nuevas adicciones tecnológicas y los retos en materia afectivo-sexual.
Concretamente, esta segunda hoja de ruta incorpora 310 medidas escogidas, de entre las llevadas a cabo por la Administración General del Estado, por su especial impacto y relevancia en la juventud española.
El diagnóstico del que parte el Ministerio de Juventud e Infancia junto a las autoridades sanitarias es claro: el paradigma del bienestar juvenil ha cambiado radicalmente. Aunque la inmensa mayoría de los jóvenes goza de buena salud física, su estabilidad psicológica se ha desplomado. Un 54,7 por ciento de la juventud refiere haber sufrido algún problema psicológico recientemente, frente al 48,9 por ciento de 2019, y los índices de riesgo de conducta suicida rozan el 18 por ciento en el caso de las mujeres jóvenes, agravados por factores como el desempleo o la soledad no deseada.
Para hacer frente a esta emergencia, el plan inyectará 113,66 millones de euros a través del Plan de Acción de Salud Mental y el Plan para la Prevención del Suicidio 2025-2027. Estos fondos, distribuidos en coordinación con las comunidades autónomas, están destinados a reforzar los dispositivos comunitarios y aumentar la ratio de profesionales especializados en psicología clínica infanto-juvenil, garantizando la continuidad asistencial de los pacientes desde la adolescencia hasta la edad adulta.
Se consolida el teléfono 024 y su servicio de chat, una herramienta estatal de atención a la conducta suicida que ha demostrado ser un salvavidas esencial. Actualmente, este recurso atiende entre 500 y 600 llamadas diarias, de las cuales casi un tercio corresponden a menores de 30 años.
La estrategia del departamento de Sira Rego también se trasladará a las aulas, concebidas ahora como el principal entorno de prevención temprana. El Gobierno destinará 35,48 millones de euros a un Programa de Cooperación Territorial diseñado para impulsar el bienestar emocional en los centros educativos. Esta inversión servirá para consolidar la figura del coordinador de bienestar y para implantar protocolos que detecten el malestar psicológico de los alumnos antes de que requiera una derivación clínica de urgencia.
Tabaquismo y adicciones en los jóvenes
En paralelo a la salud mental, el Plan de Acción alerta sobre un cambio drástico en los patrones de consumo y adicción juvenil. Si bien el tabaquismo tradicional ha descendido hasta el 21,2 por ciento entre los adolescentes, el problema de dependencia se ha trasladado al entorno virtual. Casi el 60 por ciento de los jóvenes pasa hoy más de cuatro horas diarias conectado a internet, y la prevalencia de las apuestas y el juego online ha crecido quince puntos desde 2019, atrapando ya al 27 por ciento de este sector de la población.
La respuesta del Ejecutivo a este fenómeno pasa por una inversión directa de 36,75 millones de euros en subvenciones para programas de prevención, asistencia y reincorporación social frente a adicciones, tanto a sustancias como comportamentales. Conscientes del peligro específico de la ludopatía virtual, el plan blinda además una partida de 6,03 millones de euros dedicada exclusivamente a campañas institucionales masivas para alertar sobre los graves riesgos del juego online.
Esta protección se acompañará de un "escudo legislativo". Sanidad e Igualdad impulsarán la Ley Orgánica para proteger a los menores en los entornos digitales, que prevé elevar a 16 años la edad mínima de acceso a las redes sociales e instaurar sistemas de verificación de edad. El objetivo clínico y social es frenar el ciberacoso y el impacto nocivo de los algoritmos en la autoestima, los trastornos alimenticios y los hábitos de sueño de los menores.
Salud sexual y educación
El tercer gran pilar sanitario del plan aborda la salud afectivo-sexual y reproductiva, en un contexto donde el 32 por ciento de las mujeres jóvenes declara haber mantenido relaciones sexuales no deseadas y el acceso a la pornografía extrema se produce de media a los 12 años. Ante esta realidad, el documento subraya la urgencia médica y educativa de garantizar una educación sexual integral que fomente el consentimiento y la prevención de enfermedades.
En términos operativos, el Instituto de las Mujeres pondrá en marcha el programa '#PorNuestrosDerechos', acompañado de talleres de educación sexual que priorizarán a las mujeres jóvenes para combatir embarazos no deseados y promover el uso de métodos anticonceptivos. Asimismo, el plan asigna una dotación específica de 8 millones de euros a entidades dedicadas a la prevención y el control del VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS), cuya incidencia ascendente preocupa a las autoridades de salud pública.
Más allá de la prevención, el plan recoge la ampliación de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud para que el bienestar no dependa de los ingresos económicos familiares. Destaca en este sentido la implementación del 'Plan VEO', dotado con un presupuesto de 48 millones de euros, que financiará la adquisición de gafas, lentes graduadas y lentillas para menores de 16 años, derribando una importante barrera económica en el acceso a la salud visual.
Por lo pronto, se han incluido exclusivamente aquellas medidas correspondientes a 2025 dotadas presupuestariamente y vinculadas a sus correspondientes capítulos presupuestarios, así como las previsiones presupuestarias de las mismas para 2026, 2027 y 2028, en caso de estar disponibles. Y es que, tal y como anunció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la titular de la cartera de Infancia y Juventud, Sira Rego, "no es un texto cerrado", por lo que se podrán incluir medidas hasta 2028.