Los pacientes con alzhéimer tendrán que esperar para conocer si dos medicamentos orientados a esta patología serán financiados o no por el Gobierno. Y es que el Ministerio de Sanidad, entre otros actores, mantiene abierto el proceso para tomar una decisión.
Los fármacos son lecanemab y donanemab, dos anticuerpos monoclonales aprobados en la Unión Europea cuyo objetivo es ralentizar el deterioro cognitivo en las fases iniciales del alzhéimer. Según ha detallado el Gobierno de España en una respuesta parlamentaria en contestación a varios diputados del grupo Vox, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) evaluó el lecanemab el 25 de febrero de 2026 y el donanemab en el mes de marzo.
En la primera fase, el organismo acordó no financiar ninguno de los dos medicamentos, lo que obligó a abrir un periodo de alegaciones para que los laboratorios titulares pudieran presentar nuevas propuestas o información adicional. Tras recibir esta documentación, la CIPM incluyó ambos expedientes en el orden del día de su sesión del 20 de mayo de 2026.
No obstante, el Ejecutivo central explica que se decidió retirar ambas evaluaciones de esa reunión con el objetivo de estudiar "nuevos elementos que inciden directamente en la valoración de la propuesta". Es por ese motivo por el que todavía no existe una resolución firme -a fecha de junio de 2026-, ya que la evaluación continuará en próximas reuniones.
Dos fármacos que no ven la luz
Las reticencias de las autoridades sanitarias españolas coinciden con los resultados de los Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPT) publicados en mayo para ambos medicamentos, indicados para pacientes con deterioro cognitivo leve o demencia leve con patología amiloide confirmada.
El Ejecutivo central subraya que dichos informes concluyen que estos fármacos únicamente muestran "una modesta reducción en la progresión del deterioro clínico a corto plazo". Asimismo, advierten de que los tratamientos no alcanzan "los umbrales de relevancia clínica descritos en la literatura".
Además, subrayan que, en sintonía con las apreciaciones de la Agencia Europea del Medicamento, no se ha demostrado que tengan "un efecto modificador de la enfermedad". En este sentido, el Gobierno estatal defiende su postura recordando que la toma de decisiones sobre precios y financiación exige una "evaluación terapéutica y económica rigurosa", orientada a asegurar que cada nuevo producto aporte un "valor añadido real" al sistema.
Y es que, para el ministerio, la CIPM debe incorporar otros criterios complementarios a la validez científica acreditada por la Comisión Europea y la Agencia Española del Medicamento. Entre ellos, la relación coste-efectividad, el impacto presupuestario y el beneficio clínico respecto a las alternativas ya existentes, todo ello con el fin de garantizar "la sostenibilidad y la equidad del sistema sanitario".