La reforma del Estatuto Marco, que supone un cambio relevante en el desempeño de las profesiones sanitarias del Sistema Nacional de Salud (SNS), tendrá un coste para las arcas públicas. El Ministerio de Sanidad cifra el impacto presupuestario directo para el primer año de aplicación de la norma en 249.568.972,08 euros; y el de los cinco primeros años lo sitúa en 1.892.518.714,10 euros. Así se desprende de la memoria de impacto del Proyecto de Ley, a la que ha tenido acceso Redacción Médica.
El documento, titulado Memoria del Análisis de Impacto Normativo (MAIN) que acompaña al nuevo Proyecto de Ley del Estatuto Marco, integra las previsiones y filtros de los Ministerios de Hacienda y Economía y pone de manifiesto que solo en el primer año de aplicación, las administraciones tendrán que inyectar 249,5 millones de euros adicionales para poder hacer frente a lo que marca de nueva norma.
Esta inyección económica será, según el documento, necesaria para que las comunidades autónomas puedan asumir el coste de las sustituciones y reestructuraciones de plantilla derivadas de las novedades para los profesionales sanitarios que incluye el nuevo texto. Entre ellos, destaca la limitación de la jornada máxima, el tope de horas para las guardias y las exenciones de turnos nocturnos para mujeres en periodo de lactancia o profesionales mayores de 55 años, entre otras medidas.
El Gobierno justifica la inversión desde una perspectiva macroeconómica, ya que, según detalla el informe, aunque la ley no busca un rendimiento económico directo en los mercados o las empresas, la mejora de las condiciones del personal estatutario se traducirá en un funcionamiento mucho más eficiente del sistema sanitario. El Ejecutivo defiende que este salto cualitativo tendrá un "impacto económico indirecto vía salud poblacional".
Según reza textualmente la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, "la norma no persigue obtener un efecto económico directo". De hecho, los analistas de Economía descartan que la ley vaya a tener efectos cuantificables sobre los precios, la productividad o la libre competencia, al tratarse mayoritariamente de empleo público.
El Proyecto de Ley viene acompañado por los informes de los ministerios de Economía y Hacienda. Ambos 'ponen deberes' a Sanidad para cuadrar las cuentas y le exigen un estudio económico detallado e individualizado que evalúe el impacto real en los gastos de personal de cada comunidad autónoma.
Hacienda advierte en sus informes de que el texto aborda la financiación en términos demasiado genéricos y abiertos, remitiéndose a futuros mecanismos de cooperación sin concretar cuantías ni herramientas. Por ello, Hacienda reclama que se cuantifiquen de forma precisa los efectos en los presupuestos autonómicos para los próximos años y se identifique claramente qué financiación exacta aportará el Estado para compensar a las regiones por este incremento de gasto, un requisito que considera indispensable para garantizar el verdadero encaje presupuestario de las medidas.
¿Qué pasa con el Estatuto Marco?
Se trata de una norma controvertida que hasta ahora se basaba en un redactado de 2003 y en sus sucesivas actualizaciones, y que, a ojos del Ministerio, viene a mejorar las condiciones laborales del personal sanitario. Máxima, esta última, que no todas las profesiones u organizaciones sindicales comparten. De hecho, este mismo martes, el sindicato médico CESM ha dejado claro que continúan en "estado de conflicto" con el Ministerio por el Estatuto Marco.
"Se van a plantear paros", ha anunciado el secretario general, Víctor Pedrera, pese a la llegada del texto al Congreso de los Diputados. La Confederación se reunirá con los grupos parlamentarios para invitarles a hacer una enmienda a la totalidad del texto con el objetivo de devolverlo a la fase de redacción y buscar de esa manera un acuerdo entre la administración y los profesionales de la salud.