La futura reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales llegará a generar uno de los principales cambios en materia de salud laboral en los últimos años en España. El anteproyecto, que acaba de recibir el dictamen del Consejo Económico y Social (CES), añade por primera vez la obligación de que las empresas garanticen no solo la vigilancia de la salud física de sus trabajadores, sino también de su salud mental. Al mismo tiempo, la institución apuesta por aumentar los requisitos de los servicios de prevención y establecer los cimientos para aprobar un reglamento específico sobre riesgos psicosociales que incluirá medidas para prevenir la conducta suicida en el entorno laboral.
La reforma, que ha sido impulsada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, modifica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Estatuto de los Trabajadores y el Reglamento de los Servicios de Prevención con la meta de adaptar la normativa a los nuevos desafíos del mercado laboral, como por ejemplo el envejecimiento de la población trabajadora, el cambio climático, la digitalización o el aumento de los riesgos psicosociales.
Una de las novedades principales del texto consiste en la modificación del artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. A partir de la entrada en vigor de la norma, las empresas deberán garantizar la vigilancia de la salud física y mental de todas las personas trabajadoras.
Esta vigilancia consistirá en la realización de exámenes de salud al inicio de la relación laboral entre trabajador y empresa, controles periódicos y revisiones en caso de que haya ausencias prolongadas por motivos de salud. Además, el anteproyecto también añade un elemento más con respecto a la vigilancia sanitaria, a través de la recopilación de datos sobre la exposición a riesgos laborales y los daños derivados del trabajo para elaborar análisis epidemiológicos que permitan identificar problemas de salud en las plantillas. Además, también se priorizarán las medidas preventivas.
Reconocimiento médico y regulación de salud mental
Otro apartado de esta reforma impulsada en el anteproyecto es que se mantendrán los reconocimientos médicos de forma voluntaria. Pese a ello, sí que habrá una excepción, que será cuando sea necesario comprobar si el estado de salud de un trabajador puede suponer un riesgo para sí mismo, para sus compañeros o para terceras personas. La ley también valorará realizar a futuro una nueva regulación específica sobre salud mental en el ámbito laboral. En una de sus disposiciones se defiende que el anteproyecto marca que el Gobierno de España deberá dar luz verde, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la normativa, un reglamento para reforzar la protección frente a los riesgos psicosociales.
Una modificación relevante también será reconocer el derecho de los trabajadores a la integridad moral, permitiendo ampliar la protección frente a cualquier forma de violencia y de acoso en el entorno laboral. Estos elementos, hasta el momento, no formaban parte de forma explícita en el texto legal.