Son 74 las iniciativas aprobadas en lo que va de legislatura por el Gobierno de Pedro Sánchez. Esta misma semana se cumplen tres años desde que el socialista volvió a ganarse buena parte de la confianza de los españoles, aunque insuficiente como para liderar la Nación en solitario. Sumar, su socio de gobierno, ha sido determinante en muchas de las políticas que se han sacado adelante, y más en las sanitarias, ya que han sido los 'directores de orquesta' del departamento reservado para esta materia. Mónica García sí que va camino de los tres cursos en el Ejecutivo central. Es la sexta ministra de Sanidad desde que el Congreso votó a favor de la moción de censura del expresidente Mariano Rajoy.
Los días han pasado desde aquel 23 de julio de 2023, un momento histórico para la sociedad de nuestro país. Desde aquel entonces, la sanidad ha sido una de las protagonistas del debate político. Tanto el poder legislativo como el ejecutivo la han tenido en cuenta en su día a día. Muestra de ello son todas las normas que han salido adelante o, por lo menos, han sido reformadas. También destacan las sacadas de un 'cajón' , aunque muchas siguen sin avanzar en su tramitación.
Del consenso unánime de la Ley ELA al impulso del Estatuto Marco
Un ejemplo de consenso en las Cortes Generales fue la Ley ELA, aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados en octubre de 2024. Se trata de una iniciativa legislativa que aborda el reconocimiento de la situación de la discapacidad de los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible. Entre los principales objetivos de la misma se encuentran establecer un procedimiento de urgencia para la revisión del grado de discapacidad con un plazo máximo de tres meses o definir un procedimiento específico para la calificación del grado de dependencia, el derecho a prestaciones y la revisión del programa individual de atención, también con un plazo de tres meses, aparte de dar más recursos para sanitarios y cuidados.
En este sentido, si de algo ha sacado pecho el Ejecutivo central recientemente es de conseguir la aprobación de la reforma de la ley de discapacidad y la refundación del sistema de la dependencia, concretando una financiación estatal del 50 por ciento -el restante correrá a cargo de las autonomías-. Un 'logro' atribuido, en este caso, al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, encabezado por Pablo Bustinduy.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) recogió el 25 de julio del año pasado la ley por la que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública. Sin duda, uno de los mayores hitos sanitarios de esta legislatura. Por lo pronto, no se conoce cuál será su sede, pero lo que sí se sabe es que el organismo ya ha empezado a funcionar.
Casi un año después, hace poco menos de dos meses, vio la luz el Real Decreto por el que se regula la evaluación de tecnologías sanitarias, dirigida a desarrollar un marco de la ETS coherente y complementario y a desarrollar los mecanismos de coordinación necesarios que permitan trasladar de manera eficiente el conjunto de evaluaciones a las decisiones de las Administraciones competentes.
Por otro lado, el Ministerio de Sanidad se ha caracterizado en los últimos años por impulsar la actualización de leyes que no se renovaban desde hace más de una década. El Estatuto Marco del personal sanitario del Sistema Nacional de Salud (SNS), por ejemplo. De hecho, la modernización de este texto ha sido el origen del actual conflicto entre el departamento de García y los sindicatos médicos, que, por lo pronto, continuarán con movilizaciones a partir de septiembre.
No hay que olvidarse de la Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios y la ley antitabaco. Ambas han sido aprobadas esta misma semana en la segunda vuelta del Consejo de Ministros tras superar el periodo de consulta pública previa. Serán las Cortes Generales las que determinen los articulados finales. El que todavía se encuentra en ese proceso consultivo es el Estatuto Marco, que ha recibido hasta el momento más de 10.000 alegaciones.
Entre las normativas sacadas del 'cajón' encontramos también la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y el Real Decreto por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud. Hace dos días que terminó la consulta pública previa de esta última.
Los pacientes como protagonistas y la gestión pública de la sanidad
Los pacientes son otros de los protagonistas de la legislatura. A principios de junio, la ministra de Sanidad aprobó el proyecto de ley que, por primera vez en la historia, integra a las organizaciones de pacientes en la gobernanza del SNS. La iniciativa consolida su papel como interlocutoras ante la Administración General del Estado (AGE) y las reconoce como agentes fundamentales de la gobernanza del SNS.
El lunes, el secretario de Estado del Ministerio de Sanidad, Javier Padilla, explicó en sede parlamentaria que la ley de ratios de Enfermería se encuentra muy avanzada, igual que el borrador del decreto que regula la formación de las Técnicas en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE). Su articulado incluye un incremento de horas formativas hasta las 2.000 y elimina el término "auxiliar", una reivindicación histórica del colectivo. En este sentido, se aprobó en 2025 el Marco Estratégico para los Cuidados de Enfermería (MECE) cuyos ejes principales son la adecuación de recursos humanos, el modelo de práctica profesional y el liderazgo enfermero.
Una de las sorpresas de la legislatura fue la aprobación en Consejo de Ministros del Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del SNS, nacida tras conocerse el caso del Hospital de Torrejón. Con él, se pretende garantizar la prioridad de la gestión pública y asegurar el carácter universal, equitativo y de calidad del sistema sanitario. Aunque para universal el Real Decreto por el que se regula el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que encontrándose en España no tengan su residencia legal en el territorio español.
En el ámbito de la formación especializada, destaca también la creación de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias y la ampliación de las plazas MIR. En 2023 fueron 8.550 las plazas ofertadas por Sanidad en la convocatoria MIR. En 2027 serán 9.676. España forma un 13 por ciento más de facultativos. Ahora, Sanidad pretende ampliar el periodo de residencia de la especialidad de Anestesiología y Reanimación, una reivindicación histórica de sociedades y profesionales.
Plan VEO, salud mental y Atención Primaria
Otra acción que el propio Pedro Sánchez anunció acompañado de Mónica García es el Plan Veo. Nos remontamos a 26 de mayo de 2025. Aquel día ambos dirigentes avanzaron que se podrían cubrir hasta 100 euros de la factura generada por la compra de gafas o lentillas. Una de las medidas "más transformadoras" y "relevantes" de la legislatura a ojos del líder del Ejecutivo. Hoy en día ya es una realidad.
Destaca también el Plan de acción para la prevención del suicidio 2025-2027, así como el Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027. Esta última, de hecho, es la hoja de ruta más amplia vista hasta la fecha a nivel estatal en este ámbito, con ocho líneas estratégicas de acción, una de las cuales se centra en la salud mental y el trabajo.
En 2024 también se aprobó el Plan de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027, una inyección económica complementaria para las comunidades autónomas de régimen común y un proyecto estratégico basado en el impulso de la salud comunitaria, la accesibilidad del sistema, la especialización enfermera y la continuidad asistencial.
Queda un año de legislatura, ya que se prevé que Pedro Sánchez no convoque elecciones antes de tiempo, y son muchos los cambios legislativos que se esperan para 2027. La mayoría absoluta del PSOE está en duda y la reedición de un nuevo gobierno en coalición, también. Lo que es innegable es que el rumbo de la sanidad pública dependerá del entendimiento entre los principales actores políticos que la vertebran -las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad-, aunque el verdadero motor que mantiene con vida al sistema seguirán siendo, sin ninguna duda, sus profesionales.