La consulta pública abierta por el Ministerio de Sanidad para desarrollar el futuro sistema estatal de vigilancia sanitaria de las aguas residuales, en aplicación de la directiva europea, ha evidenciado las distintas visiones de los grupos políticos españoles en el Parlamento Europeo sobre el papel que debe desempeñar la Unión Europea en este ámbito. Mientras el PSOE apuesta por una red europea coordinada con financiación estable e indicadores comunes, Vox defiende que la competencia siga siendo esencialmente nacional, aunque respaldando la cooperación entre Estados cuando aporte un valor añadido.
En declaraciones a Redacción Médica, el eurodiputado del PSOE Nicolás González Casares considera que la experiencia de la pandemia ha demostrado que "los virus no entienden de fronteras" y que ningún Estado miembro puede afrontar por sí solo amenazas sanitarias de carácter transfronterizo. Por ello, sostiene que la vigilancia de las aguas residuales ha dejado de ser una herramienta ligada exclusivamente a la Covid para convertirse en un instrumento estratégico de salud pública.
En este contexto, el socialista defiende avanzar hacia "un sistema europeo coordinado, con indicadores comunes, metodologías armonizadas y financiación estable", aunque matiza que dicho modelo debe respetar las competencias nacionales en la organización de los sistemas sanitarios. A su juicio, no se trata de sustituir a los Estados miembros, sino de reforzar su capacidad mediante una red europea que permita compartir información comparable y coordinar respuestas ante futuras amenazas.
Casares recuerda que el análisis de las aguas residuales permite detectar precozmente la circulación de virus respiratorios, poliovirus o la resistencia a los antimicrobianos, complementando la vigilancia epidemiológica tradicional. En su opinión, "la construcción de una verdadera Unión Europea de la Salud pasa precisamente por reforzar estos mecanismos de vigilancia multinivel", implicando a municipios, autoridades nacionales, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) y la Comisión Europea.
Privacidad y confianza ciudadana
Respecto a los límites del sistema, el eurodiputado socialista insiste en que la vigilancia debe servir "exclusivamente al interés público y a la protección de la salud y el medio ambiente". Subraya también que la información obtenida es de carácter agregado y que "nunca" debe utilizarse para identificar o controlar a personas concretas.
Asimismo, considera que una de las principales fortalezas del modelo reside precisamente en que permite detectar tendencias poblacionales "sin recurrir a datos personales", siempre que exista una gobernanza transparente, supervisión pública y un estricto cumplimiento de la normativa europea de protección de datos.
En un escenario marcado por el cambio climático, la aparición de nuevos patógenos y el aumento de la resistencia antimicrobiana, Casares defiende que invertir en vigilancia preventiva "no es un lujo, sino una necesidad", ya que detectar antes permite actuar antes y reducir el impacto de futuras crisis sanitarias.
Vox reivindica la competencia nacional
Desde Vox, la eurodiputada Isabel de la Pisa comparte que la vigilancia sanitaria de las aguas residuales constituye "una herramienta de seguimiento epidemiológico muy útil" tanto a nivel local como nacional e incluso transfronterizo. Sin embargo, marca distancias respecto al planteamiento socialista sobre el papel de Bruselas.
De la Pisa considera que la cooperación y el intercambio de información entre los Estados miembros son "deseables" cuando las amenazas sanitarias tienen una dimensión europea o cuando dicha colaboración aporte un valor añadido. No obstante, defiende que "la competencia siga siendo, de forma que cada país pueda diseñar su propia estrategia de vigilancia atendiendo a sus necesidades específicas.
En cuanto al tratamiento de la información, la representante de Vox coincide en que los datos deben utilizarse únicamente con fines sanitarios, gestionados por profesionales y garantizando en todo momento el anonimato, la protección de unos datos especialmente sensibles y el respeto a los derechos fundamentales.
Además, advierte de que una aplicación distinta del sistema, por ejemplo a escala residencial o municipal y vinculada al principio de "quien contamina paga", podría derivar en una vulneración de la privacidad si se llegaran a atribuir datos a grupos concretos de población. Por ello, concluye que el sistema "debe orientarse exclusivamente a la prevención, la vigilancia epidemiológica y la protección de la salud pública, nunca al señalamiento de alguien concreto".