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Los sindicatos con representación en el Ámbito de Negociación (FSS-CCOO, Satse-FSES y UGT) han mostrado su posicionamiento respecto a la propuesta de las autonomías de renegociar el Estatuto Marco del personal sanitario del Sistema Nacional de Salud (SNS). Su rechazo es claro, tal y como han publicado en una nota de prensa conjunta.

Las tres organizaciones sindicales entienden que lo que buscan las Consejerías es "retrasar o impedir la entrada en vigor de medidas que, aunque mejoran y fortalecen derechos laborales, no responden a sus intereses al establecer límites a una discrecionalidad que ha permitido mantener profundas desigualdades entre los distintos Servicios de Salud". Asimismo, los sindicatos subrayan en el escrito que la intención de las consejerías de Sanidad de “reiniciar” todo el proceso negociador "no responde a una voluntad de perfeccionar el texto". Por ello, les instan a explicar a los profesionales por qué se oponen a una norma que "amplía derechos, mejora las condiciones laborales y homogeneiza garantías para el conjunto del personal estatutario del SNS".

"Intento de cuestionar" la negociación del Estatuto Marco

También consideran que la carta remitida por las comunidades autónomas al Ministerio de Sanidad supone "un intento de cuestionar el proceso de negociación colectiva desarrollado durante años en el ámbito legalmente competente para ello y de frenar una reforma largamente demandada por los profesionales del SNS". “Es difícil comprender que quienes durante más de veinte años han ejercido como administraciones empleadoras del SNS pretendan ahora desacreditar un proceso negociador desarrollado entre el Ministerio de Sanidad y las organizaciones sindicales legitimadas para representar al personal estatutario”, aseguran.

Por otro lado, FSS-CCOO, SATSE-FSES y UGT recuerdan a las comunidades autónomas que "el consenso que reclaman ya se ha construido donde debía hacerse, que es la Mesa del Ámbito de Negociación, y que se ha hecho mediante un proceso intenso, transparente y continuado de diálogo social, del que ha surgido un texto que constituye la base más adecuada para modernizar un Estatuto Marco que llevaba más de dos décadas sin una reforma integral".

En este sentido, los sindicatos inciden en que el texto del Anteproyecto de Ley acordado el pasado mes de enero no es una “imposición ni una decisión unilateral”, sino el resultado de una negociación colectiva real que representa "el mayor avance en derechos laborales del personal estatutario desde la aprobación de la Ley 55/2003".

“Resulta igualmente contradictorio que las mismas Administraciones que reclaman volver al punto de partida sean las que disponen de amplias competencias para mejorar las condiciones de trabajo y, sin embargo, no hayan impulsado, con la misma determinación, medidas para reforzar las plantillas, racionalizar las jornadas, reducir la temporalidad, prevenir los riesgos laborales, mejorar la organización asistencial o negociar avances en sus propias mesas sectoriales”, aseveran.

Sumado a ello, las organizaciones sindicales reiteran que el nuevo Estatuto Marco no invade competencias autonómicas ni limita la capacidad de gestión de los Servicios de Salud, sino que establece un marco común de derechos, garantizando unas condiciones laborales homogéneas con independencia del territorio en el que se preste servicio. Algo, agregan, que debería ser un objetivo compartido por todas las administraciones comprometidas con el fortalecimiento de la sanidad pública.

Por último, las organizaciones sindicales del Ámbito de Negociación defienden en el texto que, como toda norma, es susceptible aún de incorporar mejoras durante su tramitación parlamentaria, y reiteran su compromiso con una reforma que dignifique el trabajo de quienes sostienen diariamente la sanidad pública y que sitúe a los profesionales en el centro del SNS.

“Las organizaciones sindicales del Ámbito seguiremos defendiendo que el nuevo Estatuto Marco continúe su tramitación hasta su aprobación definitiva, porque los profesionales no necesitan volver al punto de partida. Necesitan que, por fin, una reforma largamente negociada se convierta en derechos efectivos y en una mejora real de sus condiciones de trabajo”, concluyen.