El nuevo objetivo de déficit propuesto por el Ministerio de Hacienda tendrá que esperar. El Congreso de los Diputados ha vuelto a rechazar, por segunda vez, la senda de estabilidad presupuestaria para el periodo 2027-2029. Concretamente, el planteamiento presentado por el titular de la cartera nacional, Arcadi España, fijaba una reducción progresiva del déficit público para el conjunto de Administraciones hasta el 1,8 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) en 2027; al 1,6 por ciento 2028 y hasta el 1,5 por ciento del PIB en 2029. Esta vez han votado a favor 166 diputados, en contra 176 y cinco diputados se han abstenido.
De esta forma, se ha dicho 'no' a un margen fiscal que las autonomías hubieran podido emplear para reforzar sus servicios sanitarios. ¿Cómo? Manteniendo el mismo margen fiscal durante tres años consecutivos. Así, las comunidades, según ha confirmado en numerosas ocasiones España, ahorrarían hasta 5.850 millones de euros.
La propuesta, además, iba acompañada de una reducción continuada de la deuda pública para situarla en el 97,6 por ciento del PIB en 2027, 96,4 por ciento en 2028, y 95,3 por ciento en 2029. Una trayectoria "creíble y gradual" para España.
Partidos a favor y en contra
Durante el debate, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha vuelto a intentar convencer a los grupos parlamentarios que no votaron a favor de la iniciativa en la anterior ocasión, especialmente a aquellos socios que les han apoyado como Compromís o Junts. España ha incidido en que son tres los principios fundamentales de la propuesta que ha presentado, que son el crecimiento económico, la sostenibilidad de las finanzas públicas y el mantenimiento de la capacidad de actuación de las distintas administraciones territoriales.
En este sentido, además de recordar las principales cifras de la medida, ha remarcado que da "mayor margen de actuación a las comunidades autónomas", lo que permite "garantizar la sostenibilidad del sistema público de protección social y la suficiencia de las pensiones". El margen fiscal acumulado estimado es cercano a los 5.849 millones de euros en el periodo 2027-2029 para las comunidades autónomas, que tienen las principales competencias en servicios públicos, entre ellos sanidad. "Espero que no opten por el bloqueo, y así obtener más recursos para las comunidades autónomas y más estabilidad para nuestras administraciones".
Por parte del Partido Popular, el diputado José Vicente Mari ha criticado que si el ministro "propone lo mismo, votaremos lo mismo". Mari ha reclamado salir de la "situación de bloqueo y corrupción generalizada" con la convocatoria de elecciones generales. En la misma línea, José María Figaredo, de Vox, ha denunciado que el ministro "pide que se eleve el techo de gasto y exige a los españoles que paguen más impuestos". En ese sentido, Figaredo ha reprochado que "la sanidad pública española cerró 2025 con las mayores listas de espera", mientras el Gobierno "pide que paguemos más impuestos", una situación a la que se suma la huelga de médicos españoles por un Estatuto Marco que "nunca jamás va a llegar" a aprobarse por el Gobierno.
Candela López, diputada del grupo parlamentario plurianual Sumar, ha recordado que hace justo tres años que se configuró el Gobierno socialista y este jueves se debatía el primer trámite para diseñar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. López, crítica con el posicionamiento de Junts, ha afeado su hipocresía al decir con una mano que sí y con la otra que no, rechazando así "la posibilidad de tener todos estos recursos para mejorar la sanidad", entre otras cosas.
Por parte de ERC, Teresa Jordà ha reclamado que los presupuestos se ejecuten y se apruebe un nuevo modelo de financiación que ponga fin a una "situación insostenible" en Cataluña. En cambio, Josep Maria Cruset, de Junts, ha rechazado la propuesta porque es lo mismo que se presentó la anterior vez. Asimismo, ha criticado la diferencia de inversión ejecutada entre Cataluña y la Comunidad de Madrid, a favor de esta última con 7.100 millones de euros en tres años, que se podrían dedicar, por ejemplo, "a contratar 10.000 médicos durante diez años". En la misma línea, al presentar el mismo texto, el PNV votará en el mismo sentido que la otra vez.
Desde el grupo parlamentario mixto, UPN y Compromís han mostrado que no darán apoyo, por diferentes motivos, mientras que el BNG ha pedido al Gobierno que "cumpla los compromisos adquiridos". Finalmente, la diputada socialista María Jesús Álvarez ha pedido al resto de grupos parlamentarios reflexionar entre si la iniciativa es buena para las comunidades autónomas que gobiernan y España o si simplemente no apoyan la medida por ir en contra del Ejecutivo central.