EDITORIAL
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18 abr. 2013 20:11H
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Hace ya más de una década, cuando la Comunidad Valenciana inició en España, vía Alcira, el camino de la concesión administrativa de la asistencia sanitaria, lo que se discutía era la esencia del modelo: si era apropiado (o no) que la Administración permitiera la gestión privada de un servicio público. Hoy, en la Comunidad de Madrid, tras el anuncio del Gobierno regional para externalizar la gestión de seis hospitales, el debate se ha atascado en no pocos foros y ocasiones al no conocer el contenido de los pliegos administrativos y técnicos, que son los documentos que fijan las condiciones en las que las empresas aspirantes deben concretar su propuesta. Pues bien, una vez conocidos, después de una larga espera, no parece que el debate vaya a terminar.

Seguramente, y desde ya mismo, va a ocurrir todo lo contrario: las posiciones enconadas se van a extremar más y el intercambio de impresiones va a ser más bien tosco por su sempiterna simpleza, trufada de planteamientos políticos. Son los argumentos técnicos, que también están apareciendo en el debate, los que verdaderamente merecería la pena discutir puesto que serían los válidos para determinar lo que verdaderamente le importa ahora a la Comunidad de Madrid: qué modelo sanitario debe implementar en esos hospitales señalados, no ya para ahorrar sino incluso para ofrecer de una vez por todas una auténtica alternativa a la gestión directa o clásica.

Los pliegos por tanto no son el final de la discusión. En Alcira, el primer pliego no fue la Biblia, y tampoco una verdad indiscutible e inmutable. Lo que sí prosperó fue la apariencia del modelo, puesto que a Alcira le siguieron Manises, Denia, Vinalopó y Torrevieja. Y no sólo la concesión de la atención especializada sino también de la Primaria. Y el debate ha ido palideciendo con el tiempo, recluido en ambientes exclusivamente políticos. Claro que los técnicos y los gestores siguen sometiendo a la concesión a una continuada evaluación, pero desde el convencimiento de que puede ser una fórmula positiva para contribuir a la sostenibilidad del sistema sanitario. No la única ni la exclusiva. Pero sí una con las mismas garantías que cualquier otra.

En Madrid aún se está muy lejos de llegar a este punto. Los pliegos han reabierto el debate y lo han focalizado en torno a dos ejes de atención preferente: el ahorro previsto con el cambio de gestión -que para unos es una de las bondades del modelo y para otros la prueba de que el menor gasto sólo se traducirá en una atención deficiente y de menor calidad- y el futuro laboral de los profesionales de los centros afectados.

En este último punto parece que la Consejería de Sanidad ha desbaratado con habilidad una de las principales quejas políticas, sindicales y también profesionales: la incertidumbre laboral. Al garantizar el empleo –ya sea permaneciendo en el hospital como personal del Sermas, ya incorporándose a la plantilla de la empresa concesionaria, ya solicitando un traslado a otro hospital de gestión directa-, la Administración se apunta el tanto incluso de salvar los puestos de trabajo que, en el caso de interinos y eventuales, estaban seriamente comprometidos.

Bien es cierto que a las empresas aspirantes puede que no les haya hecho mucha gracia esta condición, aunque también es previsible pensar que tendrán suficiente margen de maniobra para fijar las condiciones de los nuevos contratos de la manera que mejor contribuya al cumplimiento de los objetivos asistenciales.

Por lo demás, las empresas seguirán instaladas en un muy calculado papel de víctimas, mostrando escaso interés por el concurso y sus actuales condiciones, y confiando en que la Administración las mejorará para hacerlas más atractivas y operativas.

La Consejería deberá afinar en los posibles cambios que introduzca y tapar algunos vacíos evidentes en los actuales pliegos, como en el caso de los planes asistenciales, donde no se concreta apenas contenido alguno.

Y los críticos, ya sean partidos políticos, sindicatos o movimientos sociales, deberían procurar un mejor método para mostrar sus quejas, que trascienda los conocidos soniquetes de los últimos meses (a la amenaza de la privatización ya llevamos años acostumbrados sin que de momento se sepa de privatización –en el sentido estricto de la palabra- alguna) y que apunte a un necesario intercambio de propuestas y fórmulas que permitan lo que de verdad importa: que la sanidad madrileña funcione mejor y gaste menos sin que se resienta la calidad del servicio.     


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