Homologaciones médicas y política migratoria

España tramitó aproximadamente 30.000 homologaciones de títulos de Medicina expedidos fuera de la Unión Europea el pasado 2025. Una cifra que, presentada así, parecía una buena noticia para la población en general: más médicos para un sistema sanitario crónicamente escaso de profesionales según los políticos. Sin embargo, quienes conocemos la demografía médica desde dentro sabemos que detrás de ese número se esconde una pregunta que nadie en las instancias gubernamentales parece querer responder con rigor: ¿la respuesta al problema de la demografía médica en España debe solucionarse sólo con una apuesta por las políticas migratorias?

Esa pregunta resulta especialmente urgente elevarla a la luz del reciente informe 'España ante el reto migratorio: dos futuros posibles', presentado por la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia (ONPE), dependiente de la Presidencia del Gobierno, y difundido públicamente por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El documento, elaborado por un grupo técnico de nueve expertos en economía y demografía, dedica un apartado específico a los médicos migrantes como indicador del estado de bienestar. Sus conclusiones son contundentes: en un escenario de baja inmigración, España podría perder hasta 64.000 médicos especialistas en 2075, lo que obligaría a cada facultativo a atender un 4% más de pacientes. La solución implícita que se desprende del análisis es nítida: más inmigración equivale a más médicos, y más médicos equivale a mejor sanidad. El problema es que esa ecuación es, en el mejor de los casos, incompleta. Y en el peor, peligrosa.

Basta revisar las páginas 12 y 13 del informe para constatar una llamativa ausencia: entre los nueve firmantes del Grupo Técnico de Trabajo no figura ningún experto en demografía médica, planificación sanitaria, medicina clínica o formación especializada. Economistas de reconocido prestigio, sí. Investigadores de la OCDE, también. Pero ninguna voz del mundo sanitario con dominio del sistema sanitario español y experto en demografía médica. Las referencias bibliográficas de este apartado son escasas y de impacto académico limitado, lo que contrasta con la ambición prospectiva del documento. Parafraseando al propio informe, parecen —y es una crítica que duele formularla— el resultado de una búsqueda superficial más que de una revisión sistemática de evidencias científicas sólidas.

No es un reproche menor. La ONPE es, según su propia definición institucional, el órgano más serio y riguroso del gobierno español en materia de prospectiva estratégica. Si este es el análisis que sustenta las políticas migratorias con implicaciones sanitarias directas, tenemos un problema de fondo. Porque entonces las 30.000 homologaciones de 2025 no son un dato anecdótico. Son la consecuencia lógica y previsible de una estrategia gubernamental que ha decidido resolver por vía administrativa un problema que es mucho más complejo y requiere un mayor esfuerzo intelectual y multidisciplinar.

Un informe que proyecta el futuro sanitario de España hasta 2075 sin un solo experto sanitario en su equipo redactor, y con referencias bibliográficas que no resistirían el escrutinio de una revisión rigurosa, no está a la altura del desafío que pretende abordar. Confiemos en que reconsideren las autoridades sanitarias españolas su postura simplista de solucionar los problemas complejos de demografía médica en España sólo con políticas migratorias economicistas.