Probablemente el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad haya hecho este lunes el anuncio más importante de la legislatura en materia sanitaria: un plan financiero a todo color para erradicar una enfermedad que llevaba olvidada más de 30 años por la salud pública mundial. La estrategia presupuestaria que acompaña al plan estratégico de hepatitis C es un ejemplo de que la determinación política es capaz de vencer a todos sus detractores y poder con todos los obstáculos que se pongan por delante.

El firme propósito del ministro Alfonso Alonso, del secretario general Rubén Moreno, y del propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha servido para poner sobre la mesa una solución que, fuera de micrófono, ha satisfecho incluso a las comunidades más beligerantes. Una fórmula a tres bandas es la clave del éxito: precio por volumen (todas las comunidades se benefician de una compra al por mayor); riesgo compartido (si el tratamiento no cumple su tasa de curación, la repetición del tratamiento la paga el laboratorio; es decir, sale gratis), y financiación a diez años amparada por Hacienda.

Este último es el paso más complejo, con tres grupos de comunidades según el estado de salud de sus cuentas y con un interés de entre el 0 y el 1,2 por ciento. Y todo ello sin que en ningún caso la compra de medicamentos innovadores para la hepatitis C compute como déficit para las autonomías. Sin duda este era el punto que más agobiaba a las 17 regiones antes de entrar a la reunión y la que habrá levantado más suspiros de alivio: no tendrán que recortar de otras partidas para dárselo a la hepatitis C. Caso resuelto.

O casi, porque Andalucía y el Principado de Asturias no han dejado de mostrar sus reticencias, más combativas a la entrada, cuando no conocían las condiciones del plan, que a la salida, cuando se han limitado a decir que todavía seguían preocupadas y que estudiarían la minuciosa propuesta de Alonso y Hacienda. El ministro no ha escondido su desazón ante la falta de confianza sobre su plan demostrada en público por las administraciones socialistas, pero todo se entiende cuando se lee en clave electoral.

La misma clave electoral que hace preguntarse si el éxito alcanzado por el Ministerio de Sanidad en este caso es extrapolable a otras enfermedades en un trance similar al de la hepatitis C. No son una ni dos las patologías donde una inyección financiera, y una pauta política firmemente marcada desde las alturas del Ejecutivo darían un vuelco de 180 grados a la situación de los pacientes que la padecen y la sufren a diario.

La innovación en hepatitis C ha llegado en el momento indicado y ha tenido la suerte de salir bien parada. El desarrollo del plan, con su financiación incluida, será objeto de debate todavía durante muchas semanas. Aunque la sensación es que una vez empiece a fluir la medicación y el dinero de las arcas autonómicas se podrá hablar del principio del fin de una enfermedad en España, y eso es un logro que muy pocos ejecutivos podrán apuntar en su lista de haberes.

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