La digitalización ha modificado radicalmente las condiciones en las que nos informamos, trabajamos, nos relacionamos y accedemos a los servicios. Al cambiar esas condiciones de vida, cambia también lo que favorece o perjudica nuestra salud. Sus consecuencias desbordan el uso de aplicaciones médicas o la incorporación de inteligencia artificial a la práctica clínica. Afectan a la distribución de oportunidades, a la exposición a riesgos y a la capacidad de ejercer derechos. Por eso, hablar de salud digital exige ocuparse de algo más que de la tecnología que adquieren los servicios de salud.
La serie de The Lancet sobre los determinantes digitales de la salud, publicada recientemente, propone abordar estas transformaciones como un asunto de salud pública. Su aportación consiste en reunir bajo un mismo marco las infraestructuras, los modelos de negocio, el diseño de las plataformas y las reglas que organizan el entorno digital. Leída en conjunto, invita a examinar quién decide esas condiciones y qué responsabilidades se derivan de sus efectos.
El término suscita una pregunta razonable. ¿Tienen los determinantes digitales una entidad propia o estamos añadiendo otra denominación a los determinantes sociales que ya conocemos? Conviene aclararlo antes de ampliar el vocabulario sanitario, actividad para la que nunca nos han faltado recursos.
Una especificidad que conviene precisar
Los determinantes sociales comprenden las condiciones de vida y la distribución de poder, dinero y recursos que influyen en la salud. La digitalización participa de ese entramado. La posibilidad de disponer de conexión, comprender una aplicación o recibir ayuda para utilizarla depende, entre otros factores, de los ingresos, la educación y el lugar de residencia. Separar lo digital de esas circunstancias ofrecería una explicación incompleta de las desigualdades.
La OMS ha descrito cómo las tecnologías pueden modificar las relaciones entre los determinantes sociales, políticos y comerciales y la salud, además de generar nuevas vías de influencia. Esta formulación permite reconocer lo específico sin atribuirle una independencia que no tiene. A mi juicio, resulta más útil entender los determinantes digitales como una dimensión transversal con mecanismos propios que como una categoría cerrada y ajena a las demás.
Esos mecanismos merecen mucha atención. La selección automatizada de contenidos, la elaboración de perfiles a partir de datos y la personalización de recomendaciones permiten organizar experiencias diferentes para cada usuario. La publicidad y la influencia comercial existían antes de internet, pero cambian sus posibilidades cuando la información sobre nuestra conducta sirve para ajustar lo que se nos ofrece. Su análisis necesita conocimientos e instrumentos que no se resuelven preguntando únicamente por el nivel de renta.
Hablar de determinantes digitales de la salud resulta útil cuando permite precisar dónde está el problema y quién puede resolverlo. La falta de recursos para contratar una conexión y el diseño de un procedimiento imposible de completar sin ella pueden producir una misma barrera, pero reclaman actuaciones diferentes. Una exige facilitar el acceso; la otra obliga a revisar cómo se presta el servicio. Enseñar al ciudadano a manejar una aplicación no corrige cualquier defecto de esa aplicación.
La prevención más allá del usuario
Los trabajos publicados en The Lancet dedican especial atención a la salud de niños y adolescentes y muestran las limitaciones de confiar la prevención a lo que cada usuario o familia pueda hacer. Recomendar horarios, acompañamiento familiar y formación digital tiene sentido. Sin embargo, esas recomendaciones dejan intactas decisiones sobre contenidos, datos y funcionamiento de las plataformas que los usuarios no pueden modificar. La responsabilidad de las familias existe, pero su capacidad de intervención tiene límites bastante concretos.
La evidencia examinada recoge beneficios y daños asociados al uso de medios digitales, con asociaciones adversas más consistentes y diferencias según la etapa del desarrollo. Reconoce incertidumbres causales y las limitaciones de estudiar la experiencia digital principalmente a través del tiempo de pantalla. Sería impropio traducir ese balance en una condena general de la tecnología o atribuirle todo el malestar adolescente.
Contar minutos aporta información, aunque describe mal lo que ocurre durante ellos. Leer, aprender, mantener contacto con personas cercanas o exponerse repetidamente a contenidos perjudiciales son experiencias distintas. La investigación necesita distinguirlas y examinar las condiciones que favorecen unas u otras. También necesita escuchar a los jóvenes, cuya participación resulta bastante más útil que presumir que conocemos de antemano todo lo que deberían hacer.
La incertidumbre requiere respuestas proporcionadas y evaluables. Podemos adoptar precauciones sin presentar como demostrado aquello que sigue abierto a discusión. Debemos exigir a cualquier medida que explicite qué pretende evitar, cómo comprobará sus efectos y qué consecuencias indeseadas vigilará. La popularidad de una prohibición no certifica su eficacia, del mismo modo que la promesa de autorregulación no acredita que exista una protección suficiente.
Entiendo que ahí reside una de las consecuencias prácticas del enfoque propuesto. La prevención debe alcanzar a quienes diseñan y explotan los servicios digitales. La educación del usuario y la seguridad del entorno tienen que avanzar juntas. De no ser así, corremos el riesgo de convertir cada daño en una lección pendiente del ciudadano, dejando cómodamente fuera del examen las decisiones empresariales e institucionales.
Qué le corresponde al sistema sanitario
La serie reclama incorporar el gobierno de estos determinantes a las funciones de salud pública. Para España, la cuestión sería concretar cómo participa el sector sanitario en decisiones que suelen repartirse entre política tecnológica, educación, consumo y protección de datos. Propongo que esa participación incluya capacidad para valorar impactos, acceso a información para investigar y responsabilidades claras sobre el seguimiento de los resultados.
También corresponde revisar lo que depende directamente de nuestras organizaciones. Si una persona necesita recurrir a un familiar para conseguir una cita o consultar un informe, esa dependencia forma parte del resultado del servicio. La existencia de una aplicación no demuestra que el acceso esté resuelto. Habría que comprobar quién consigue utilizarla, quién abandona y qué ayuda o alternativa recibe.
Lo mismo sucede cuando trasladamos trámites al paciente y contabilizamos únicamente el tiempo que ahorra la institución. Para valorar la mejora necesitamos conocer el esfuerzo que exige fuera de ella. Con los profesionales procede una comprobación semejante. Una herramienta debería facilitar la atención y reducir trabajo evitable. Añadir funciones resulta sencillo; encontrarles tiempo durante una jornada asistencial suele ser menos agradecido.
A las instituciones sanitarias les corresponde aplicar esa exigencia a sus propias decisiones. Antes de dar por buena una innovación, convendría comprobar quién puede utilizarla, a quién ayuda y a quién deja fuera. Porque el trámite puede ser digital, pero la dificultad para conseguir una cita sigue siendo perfectamente real. Y sería una forma bastante peculiar de progreso que el sistema aprendiera a reconocer nuestra cara mientras nosotros seguimos sin encontrar a nadie que nos atienda.
