El 13 de noviembre de 2026 el Ministerio de Sanidad publicó las listas provisionales de admitidos al MIR, el examen nacional que da acceso a la formación especializada: 21.668 médicos admitidos provisionalmente para 9.676 plazas (1). Frente a la convocatoria anterior, los admitidos provisionales han aumentado un 35,3 % y las plazas, un 4,3 %. Sostengo que España está fabricando, sin que nadie lo haya decidido ni evaluado, un embudo del que saldrán miles de médicos sin especialidad, y que el sistema sanitario, en lugar de ayudarlos, se servirá de ellos. Lo sostengo porque ya lo vi una vez.

Me hice médico en la España de los años ochenta. Éramos muchos y las plazas, muy pocas. Vi a compañeros magníficamente preparados repetir el examen un año tras otro, encadenar sustituciones y guardias sueltas, y acostumbrarse a una precariedad que estuvo a punto de parecernos normal. Como tantos médicos de mi generación, conocí también una realidad cuyas consecuencias todavía recuerdo. Hospitales públicos necesitados de manos contrataron a licenciados sin título de especialista para hacer trabajo de especialista. Y, si además permitían reducir costes y evitar el pago de domingos y festivos, tanto mejor para quienes los contrataban. Se les llamó MESTOS (médicos especialistas sin título oficial), y todavía en 1999 hubo que aprobar un procedimiento excepcional para reconocerles lo que llevaban años haciendo (2). Aquel sistema, lejos de ofrecerles las oportunidades que merecían, encontró en su precariedad una ventaja y en su necesidad de trabajar, una forma de obtener profesionales cualificados a bajo coste. No resolvió su problema; aprendió a beneficiarse de él. No afirmo que la historia vaya a repetirse punto por punto; carezco de datos para hacerlo, y esa carencia forma parte del problema. Pero reconozco un riesgo parecido, y me alarma que quienes deciden no den muestras de reconocerlo. Mónica Lalanda, médica e ilustradora, lo ha dibujado con más eficacia que cualquier estadística en su viñeta 'Avalancha de homologaciones. Regreso a los 90': un sistema con sus entradas y sus salidas (3). Entonces el embudo lo llenaron nuestras propias facultades, que licenciaban sin medida. Hoy lo llenan dos grifos a la vez, abiertos por administraciones que no se hablan.

El primero es el de las homologaciones. En abril de 2026, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades presentó como un logro las 30.303 homologaciones favorables de títulos extranjeros de Medicina emitidas en 2025, subrayó que la cifra era un récord y la comparó con los cerca de 7.000 médicos que egresan cada año de nuestras facultades (4). En doce meses se homologaron más de cuatro títulos por cada médico egresado de nuestras facultades, aunque algunas de las resoluciones correspondía a expedientes acumulados de años anteriores. Poner fin a una acumulación injustificada de expedientes era una obligación administrativa, pero celebrarlo como una política sanitaria exitosa es, casi, un oxímoron. ¿Cuántos de esos médicos se incorporarán a nuestro sistema? ¿Dónde? ¿Para hacer qué, y bajo la supervisión de quién? Nadie lo ha explicado porque, como se verá, nadie lo sabe.

El segundo grifo es nuestro, y prefiero decirlo antes de que me lo recuerde algún colega. España ha multiplicado facultades y plazas de Medicina mientras algunos especialistas en educación médica advertían de los riesgos que esa expansión plantea para la equidad, para la disponibilidad de profesorado, para realizar prácticas clínicas de calidad y para los propios alumnos (5). Pero mientras algunos decanos han alzado la voz, buena parte de las universidades, en cambio, han sido más diligentes para ampliar su oferta que para preguntar qué será de quienes egresan de ella. Abrir una facultad de Medicina permite inaugurar edificios, pronunciar discursos sobre la excelencia y celebrar la llegada de nuevos estudiantes. Preguntarse qué oportunidades profesionales encontrarán seis años después parece despertar bastante menos entusiasmo institucional.

Seamos precisos, porque precisión es lo que reclamo. Estas cifras no significan que más de la mitad de los recién graduados españoles vaya a quedarse sin especialidad. En este examen MIR concurren médicos de promociones anteriores y profesionales de trayectorias muy distintas. Tampoco prueban que todo el aumento se deba a las homologaciones de 2025. Y el cupo extracomunitario, ese 10 % que tantos invocan para tranquilizarnos, es un máximo de adjudicaciones para determinadas situaciones administrativas, no una reserva separada del resto. En este sentido, ni todos los extranjeros están sujetos a él ni todos los españoles se han formado en nuestras facultades (6). La precisión no altera el hecho principal: en el último año, el crecimiento relativo de los admitidos provisionales ha sido más de ocho veces superior al de las plazas, sin que exista una evaluación pública integrada del efecto conjunto de las homologaciones, los egresados y la oferta de formación especializada.

Lo que me preocupa, además, no es el examen; es lo que sucede después del examen. Aunque se cubran todas las plazas, cerca de doce mil de los admitidos se quedarán sin ninguna. Es aritmética, no pronóstico. ¿Adónde irán? La respuesta la ha dado el propio Ministerio de Sanidad. Miguel Ángel Máñez, director general de Ordenación Profesional, sostiene que las homologaciones no causarán dificultades en el MIR y, a renglón seguido, advierte de que se está formando una bolsa de médicos dispuestos a trabajar sin especialidad reconocida, que considera «un reto y un problema» (7). Leo ambas declaraciones y me cuesta creer que procedan de dos ministerios del mismo Gobierno. Lo que uno celebra como un éxito, el otro lo contempla como un problema. Y lo más desconcertante no es la contradicción, sino la aparente naturalidad con la que ambos parecen convivir con ella. Si el riesgo es la contratación sin especialidad, el problema nunca estuvo en el examen. Está en quienes no consigan plaza, más de la mitad de los admitidos provisionales, y en quienes después los contratan, nuestras administraciones públicas. Porque alguien los contratará. Los contratará una administración pública con guardias sin cubrir, un centro privado con la plantilla justa, un servicio de urgencias en pleno agosto, una mutua con necesidades no cubiertas. Les dará trabajo de médico sin itinerario de médico: sin tutela, sin formación especializada reglada, sin horizonte, y con horarios y honorarios miserables. Más médicos no significa más especialistas; la falta de estos obedece en buena parte a su distribución territorial y a las condiciones que se les ofrecen. Por eso un excedente de médicos sin especialidad convive sin dificultad con servicios incapaces de completar sus plantillas. Una bolsa creciente de candidatos sin plaza nunca ha mejorado las condiciones laborales de nadie. Las abarata, las empeora y, con ello, degrada la profesión. Eso quiero decir cuando afirmo que el sistema no los ayuda, pero se aprovecha de ellos. Lo digo de los graduados de nuestras facultades y lo digo, con el mismo énfasis, de los médicos formados fuera: llegan con un título reconocido y una promesa implícita, y pueden terminar en la misma bolsa, con menos red que nadie.

En España se homologa, en esencia, un expediente, no se exige sistemáticamente una evaluación clínica práctica de las competencias. Se revisan sobre el papel los estudios cursados, su duración y sus contenidos. La norma permite exigir pruebas de aptitud o prácticas cuando se detectan carencias, pero no establece para todos los solicitantes una prueba clínica individual objetiva y estructurada (8) tal y como ha propuesto la Organización Médica Colegial (9). Dicho sin rodeos, comprobamos la equivalencia documental de la formación, no las destrezas clínicas mediante una prueba práctica común. En nuestras facultades, esta evaluación forma parte de la evaluación final del grado; en la homologación de títulos extracomunitarios no se exige, de forma general, una prueba práctica equivalente. Esta exigencia nada tiene que ver con la nacionalidad, y quien quiera leerla así se equivoca de texto. Muchos médicos formados fuera de España tienen una preparación extraordinaria y han sido decisivos en nuestra asistencia, nuestra investigación y nuestras universidades. Son, de hecho, los primeros perjudicados por un procedimiento incapaz de distinguirlos. La palabra «excelencia» no falta en ningún discurso ministerial. Pero es un discurso vacío, vacuo y sin significado, cuando no se acompaña de procedimientos capaces de acreditar las competencias que proclama.

Hay un aspecto todavía más inquietante y el propio Estado admite lo que desconoce. El Ministerio de Sanidad reconoce en un informe de 2026 que no sabe cuántos profesionales con títulos homologados se incorporan al mercado laboral sanitario, cuántos trabajan en el sector público o en el privado y cuántos utilizan la homologación como vía de paso hacia otros países (10). Conviene leerlo dos veces: el Estado que ha homologado más de treinta mil títulos de Medicina en un año admite por escrito que ignora qué ocurre después con sus titulares. El Registro Estatal de Profesionales Sanitarios nació en 2012 precisamente para planificar. Pero un informe del año 2024 reconoce que seguía incompleto y que sus cifras no reflejaban con precisión los recursos humanos del sistema (11). ¡Catorce años después! No es que no dispongamos de un tratamiento adecuado, es que no conocemos ni la historia natural ni el pronóstico de la enfermedad. En nuestra práctica clínica habitual no se lo toleraríamos a un residente de primer año. Las comunidades autónomas tampoco son espectadoras inocentes. Contratan, contribuyen a decidir la oferta formativa y determinan buena parte de las condiciones que hacen atractivo, o no, permanecer en un servicio. Tras la adjudicación extraordinaria de julio de 2026 todavía quedaban 213 plazas de formación sanitaria especializada vacantes, 120 de ellas de Medicina Familiar y Comunitaria (12). Plazas vacías y miles de aspirantes sin plaza, en el mismo año y en el mismo país. Quien reclama más médicos al Gobierno central mientras mantiene plazas formativas sin cubrir debería preguntarse qué condiciones explican ese desajuste.

Otros países han decidido no esperar. El Reino Unido aprobó en marzo de 2026 una ley que da prioridad en el acceso a determinados programas de formación médica en función del lugar de formación y de otras circunstancias profesionales (13). Su marco jurídico es distinto y sus efectos tendrán que evaluarse; no propongo copiarla. Allí, al menos, hubo debate parlamentario y una respuesta legislativa, aunque sus efectos todavía deberán evaluarse. Aquí ni siquiera lo hemos debatido donde corresponde.

Pero no escribo solo para describir el problema. Hay soluciones, ninguna es original y todas están aplazadas sine die. La primera es tan elemental como inaplazable: una contabilidad única y una responsabilidad compartida. Los Ministerios implicados deben publicar conjuntamente, cada año, cuántos médicos egresan de nuestras facultades y cuántos títulos extranjeros se homologan; cuántos acceden a la formación especializada, cuántos quedan sin plaza y qué destino profesional siguen. Y ninguna nueva facultad debe abrirse, ni pública ni privada, ni una sola ampliación de plazas debe autorizarse, sin conocer antes esas cifras y asumir públicamente sus consecuencias. El Ministerio ya dispone de modelos sobre la oferta y la necesidad de especialistas con horizonte en 2035 (14). El modelo estima un déficit global del 3 % en 2023 y proyecta, con las incertidumbres propias de toda previsión y grandes diferencias entre especialidades, un equilibrio en 2032 y un ligero superávit a partir de entonces. La segunda consiste en establecer una evaluación clínica objetiva e independiente, con garantías de proporcionalidad, para los títulos homologados que no estén amparados por el reconocimiento automático previsto en el derecho europeo (15), en la línea de lo propuesto por la Organización Médica Colegial (9). Y la misma vara para nosotros: no podemos exigir que se comprueben las competencias adquiridas fuera y desentendernos de la calidad, los recursos y los resultados de nuestras propias facultades. La tercera es la que más me importa, porque es la que no tuvieron mis compañeros. Ningún contrato a un médico sin especialidad sin un estatuto que lo ampare: funciones delimitadas, supervisión efectiva, duración limitada y una vía reconocida hacia la formación. Si el sistema necesita a esos médicos, que lo diga y los forme. Si no los necesita, que no los use. La cuarta corresponde a las comunidades autónomas. Deben ajustar la oferta formativa a las necesidades que los modelos señalan y hacer habitables las plazas que hoy nadie elige. Y la quinta, completar de una vez el registro de profesionales: cuántos ejercen, dónde, en qué condiciones y cuántos se han ido. Y, por qué no, aplazar las futuras homologaciones hasta que dispongamos de la información previa, que debiera obtenerse por vía de urgencia en un periodo no superior a 6 meses y dar lugar a una normativa ad hoc. Es probable que seis meses sean pocos; pero treinta mil homologaciones se resolvieron en doce.

Las facultades, los profesores, tampoco salimos indemnes. Hemos enseñado una profesión amplísima y hemos identificado el éxito con un camino muy estrecho: obtener una especialidad y hacer una carrera asistencial, con más o menos futuro. La investigación, la docencia y la innovación ofrecen otros caminos, y deberíamos ayudar a explorarlos sin que ello sirva de coartada para la falta de oportunidades clínicas.

Vuelvo a la pregunta del título. No podemos prometer a nuestros estudiantes una vida profesional sin dificultades, ni deberíamos hacerlo. Pero ¿qué les decimos cuando pregunten por qué a ellos se les examina y a otros se les coteja? ¿Qué les diremos cuando pregunten quién calculó las consecuencias? ¿Y si descubren que nadie evaluó conjuntamente esas decisiones, cómo se lo explicamos? A mis compañeros de entonces nadie les dijo nada. Lo fueron averiguando solos, convocatoria tras convocatoria. Ojalá que los médicos que nos tienen que cuidar en el futuro no lo averigüen del mismo modo. Les hemos pedido durante años que sean excelentes y que entiendan que la responsabilidad profesional empieza por responder de las propias decisiones. Es hora de pedir lo mismo a quienes deciden sobre su futuro. A los estudiantes les exigimos excelencia. A las instituciones, de momento, les bastaría con responsabilidad.

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Bibliografía

1. Ministerio de Sanidad. Un total de 40.474 personas han sido admitidas para optar a las 12.850 plazas de Formación Sanitaria Especializada 2026-2027. Madrid; 13 noviembre 2026.

2. España. Real Decreto 1497/1999, de 24 de septiembre, por el que se regula un procedimiento excepcional de acceso al título de Médico Especialista. BOE. 1999;230. https://www.boe.es/eli/es/rd/1999/09/24/1497

3. Lalanda M. Avalancha de homologaciones. Regreso a los 90 [viñeta]. Redacción Médica. 15 noviembre 2026.

4. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. El MICIU logró resolver en 2025 más de 85.000 expedientes de homologación y equivalencia de títulos universitarios extranjeros. Madrid; 14 abril 2026.

5. Rodríguez de Castro F, Carrillo Díaz T, Gual i Sala A, et al. Recursos humanos del Sistema Nacional de Salud. Formación. Informe SESPAS 2024. Gac Sanit. 2024;38(Supl 1):102380.

6. Ministerio de Sanidad. Orden SND/854/2026, de 4 de agosto, por la que se aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas selectivas 2026 para el acceso en 2027 a la formación sanitaria especializada. BOE. 2026;195.

7. García J. Sanidad no prevé «problemas» en el MIR por las homologaciones, pero advierte: «El riesgo es la contratación sin especialidad». Redacción Médica. 13 noviembre 2026.

8. España. Real Decreto 889/2022, de 18 de octubre, por el que se establecen las condiciones y los procedimientos de homologación, de declaración de equivalencia y de convalidación de enseñanzas universitarias de sistemas educativos extranjeros. BOE. 2022;251.

9. Organización Médica Colegial. De la Homologación Médica Administrativa actual a la Homologación Clínica Reforzada futura. Análisis de la situación de España en el contexto europeo y propuesta de ECOE previa a la colegiación. Madrid: Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos; 2026.

10. Ministerio de Sanidad. Fidelización y retorno de talento en Atención Primaria: análisis de situación y estrategias para el Sistema Nacional de Salud. Madrid; 2026.

11. Ministerio de Sanidad. Informe anual del Registro Estatal de Profesionales Sanitarios. Año 2024. Madrid; 24 abril 2025.

12. Ministerio de Sanidad. Sanidad adjudica 228 plazas en el procedimiento extraordinario de Formación Sanitaria Especializada. Madrid; 9 julio 2026.

13. United Kingdom Parliament. Medical Training (Prioritisation) Act 2026. Chapter 7. London; 5 March 2026.

14. Barber Pérez P, González López-Valcárcel B. Oferta y necesidad de médicos especialistas en España, 2023-2035. Madrid: Ministerio de Sanidad; 2024.

15. Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. Directiva 2005/36/CE, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales. DOUE. 2005;L 255:22-142.