España limita el acceso a sus facultades de Medicina y dispone de una capacidad concreta para formar especialistas. Al mismo tiempo, en 2025 se resolvieron favorablemente 25.000 homologaciones de títulos médicos extranjeros, frente a las 4.474 en 2022. ¿Qué planificación conecta estas decisiones con los médicos que necesitan los pacientes? La respuesta importa a quienes aspiran a ejercer la Medicina, pero también al conjunto de la sociedad.

Nadie puede cuestionar el cumplimiento de la ley, ni el derecho de los solicitantes, ni la obligación de la Administración. De hecho, muchos de estos profesionales ya atienden hoy en nuestro sistema. Sin embargo, estas cifras revelan una paradoja incontestable, que la mayor facultad de Medicina de España está hoy fuera de España.

La incorporación masiva de títulos homologados, sin una planificación paralela de las plazas de formación especializada, altera sustancialmente las previsiones sobre las que se ha construido nuestro sistema formativo. Homologar un título no es sinónimo de contar con un especialista integrado en el sistema asistencial. Por su parte, mediante un procedimiento distinto, el Ministerio de Sanidad reconoció en 2025 únicamente 373 títulos extranjeros de especialista.

Cumplir la ley no exime de la responsabilidad de planificar. Resolver expedientes es una obligación administrativa, integrar esa actividad en una estrategia sanitaria es una responsabilidad de gobierno. Una magnitud como esta exige, además, una estrategia conjunta con los ministerios de Sanidad y Ciencia, Innovación y Universidades.

Ignorar este desajuste genera incertidumbre para todos. Plantea un problema de equidad para miles de jóvenes que han superado una exigente carrera y compiten por una plaza MIR tras años de esfuerzo extraordinario. También puede dejar sin perspectivas profesionales claras a quienes llegan de otros países. La falta de planificación no protege a nadie.

España ya conoce las consecuencias de los desajustes entre la formación universitaria y el acceso a la especialización. Esa experiencia debería ayudarnos a procurar un equilibrio entre los egresados de nuestras facultades, los titulados que obtienen una homologación y la capacidad docente del sistema, atendiendo a las necesidades por especialidad y territorio. Sin olvidar que también existe una dimensión europea. El rigor de nuestras decisiones importa para la confianza entre los sistemas sanitarios europeos.

La Medicina es una actividad de enorme responsabilidad. De la preparación de los médicos depende la salud de las personas y, con ella, su capacidad para trabajar, aprender, cuidar y participar en la sociedad. Planificar los recursos médicos es proteger el bien común.

Desde la OMC urgimos a los ministerios competentes a establecer un plan estratégico conjunto con las comunidades autónomas, las universidades y la profesión médica. Un plan con responsables, calendario y evaluación pública, que conecte formación, homologaciones y necesidades asistenciales.

La ley hay que cumplirla. También hay que evaluar sus resultados y revisarla cuando sea necesario. Si el marco vigente resulta insuficiente para corregir los desajustes, corresponde a las administraciones promover las reformas oportunas, con seguridad jurídica, respeto a los derechos y garantías de competencia profesional.

Porque homologar títulos y cumplir la ley es una obligación. Planificar el futuro de nuestra profesión y garantizar la equidad de oportunidades de quienes se forman en España es una responsabilidad.

Los ciudadanos necesitan la garantía de que contarán con los médicos adecuados, con la formación necesaria y allí donde hacen falta. Esa garantía exige gestión, planificación y decisiones.